Las pensiones y la autonomía de las personas discapacitadas

Héctor tiene 52 años y es una persona con discapacidad visual. Perdió la vista cuando era muy pequeño y, durante buena parte de su vida, trabajó en la informalidad: vendiendo cosas por acá y por allá, acomodándose a las posibilidades que aparecían, inventando ingresos donde el mercado laboral formal casi nunca abrió una puerta.

Cuenta que sus ingresos siempre han sido variables. Algunos meses mejores, otros peores. Pero desde hace aproximadamente una década hay algo que se repite con cierta regularidad: durante los primeros días de cada mes recibe un depósito en su CuentaRUT. Es la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, un beneficio estatal destinado a personas que, por distintas razones, enfrentan mayores barreras para generar ingresos de manera autónoma. La cifra actual es de poco más de $257.000.

Para Héctor, ese monto no es un complemento menor. Representa cerca del 60% de sus ingresos mensuales. Dicho de otra manera: buena parte de su estabilidad económica depende de una transferencia del Estado.

Y aquí aparece una incomodidad que pocas veces se dice con claridad cuando hablamos de inclusión. Las personas con discapacidad no necesitan solamente reconocimiento, campañas, aplausos o buenas intenciones. Necesitan dinero. Necesitan ingresos. Necesitan sueldo. Necesitan que la autonomía no sea una palabra bonita en un seminario, sino una posibilidad concreta a fin de mes.

Según cifras de la Encuesta Casen 2024 cruzadas por un estudio de Fundación Luz, entre las personas adultas de 18 a 59 años con discapacidad, un 49,2% se encuentra ocupado, un 7,3% está desocupado y un 43,5% permanece inactivo. La cifra dice mucho, pero también esconde algo: no basta con estar o no estar trabajando. También importa cuánto se gana, en qué condiciones, con qué estabilidad y después de qué trayectoria educativa.

Cuando se observan los ingresos autónomos, la situación se vuelve todavía más clara. Una parte importante de las personas adultas con discapacidad genera ingresos por debajo del sueldo mínimo. En muchos casos, los beneficios estatales no reemplazan una vida laboral plena, sino que terminan compensando parcialmente una exclusión anterior: menos acceso a educación, menos redes, menos oportunidades, menos confianza del entorno, menos posibilidades de demostrar capacidades.

La brecha educativa ayuda a entender la profundidad del problema. El 23,3% de las personas con discapacidad no completó la educación básica, frente al 6,5% de las personas sin discapacidad. Solo el 10,7% cuenta con educación superior completa y apenas el 23,7% terminó la educación media. Además, un 7,1% no ha recibido educación formal.

Entonces, cuando una persona con discapacidad no logra insertarse laboralmente, la pregunta no puede reducirse a si se esforzó lo suficiente. Hay que mirar más atrás. Hay que mirar la escuela que no adaptó, el transporte que no llegó, la familia que no recibió apoyos, la ciudad que no permitió moverse, la empresa que no confió, el Estado que llegó tarde y la cultura que durante años confundió discapacidad con incapacidad.

Un poco de historia personal

Al momento de escribir esta columna tengo 41 años. Soy padre de dos hijos, tengo una perrita beagle, soy periodista, tengo un postítulo, un par de diplomados y, para mi suerte, tres trabajos estables, aunque todos a honorarios. Mis ingresos superan varias veces la pensión que recibe Héctor. Pero para llegar a eso tuve que pasar buena parte de mi primera década laboral mostrando y demostrando que mi título no me lo habían regalado.

Hoy participo en reuniones, conversatorios y espacios de trabajo en el sector público y privado. Pero no cuento esto como ejercicio de autorreferencia. Lo digo porque mi trayectoria y la de Héctor son distintas, aunque ambas muestran algo parecido: cuando una persona con discapacidad quiere construir autonomía, el punto de partida rara vez es parejo.

La educación, el trabajo y los ingresos forman parte de una misma cadena. Si una persona queda fuera de la educación, después llega más débil al empleo. Si llega más débil al empleo, accede a trabajos más precarios. Si accede a trabajos más precarios, sus ingresos dependen más de subsidios, redes informales o ayudas familiares. Y si todo eso ocurre durante años, la autonomía deja de ser un derecho y se transforma en una carrera cuesta arriba.

Es como entrar a jugar un partido de fútbol perdiendo tres a cero desde el primer minuto. Después, cuando el resultado parece desfavorable, muchos preguntan por qué no se corrió más.

La inclusión laboral es importante. En las próximas semanas volveremos a escuchar con fuerza esa frase. Empresas, instituciones públicas, fundaciones y organizaciones hablarán de diversidad, discapacidad, oportunidades y compromiso. El 3 de diciembre será una fecha clave y la Teletón en noviembre volverá a instalar el tema en la conversación pública.

Todo eso importa. Pero hay una pregunta que no deberíamos dejar fuera: ¿qué condiciones estamos construyendo para que una persona con discapacidad pueda recibir un sueldo a fin de mes?

La inclusión laboral no empieza el día en que una empresa firma un contrato. Empieza mucho antes. Empieza cuando un niño puede ir a una escuela accesible. Cuando una familia recibe orientación. Cuando una ciudad permite desplazarse. Cuando una plataforma digital funciona con lectores de pantalla. Cuando una entrevista de trabajo no parte desde la sospecha. Cuando una organización entiende que adaptar no es hacer un favor, sino diseñar bien.

Héctor seguirá esperando, en buena hora, el depósito de su pensión durante los primeros días de cada mes. Ese dinero importa. Para muchas personas es una diferencia concreta entre resistir y caer.

Pero tal vez la pregunta de fondo no sea cuánto entrega el Estado, sino qué país estamos construyendo para que ese monto no sea el techo de la autonomía de una persona.

La inclusión no debería medirse solo por cuántas campañas hacemos, sino por cuántas personas pueden decir, con tranquilidad y dignidad, que a fin de mes reciben un sueldo por su trabajo.