Frente al crimen transnacional, cooperación y democracia

Esta semana, el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, es escenario del Segundo Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad de ParlAmericas, que reúne a parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe para abordar el avance del crimen organizado transnacional y sus consecuencias para la seguridad de las personas y las instituciones democráticas. 

El encuentro permite compartir experiencias, identificar respuestas comunes y fortalecer el papel de los parlamentos. Pero, sobre todo, reafirma dos convicciones fundamentales: que ningún país puede enfrentar esta amenaza de manera aislada y que la lucha contra la criminalidad debe desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Tal como recoge el informe Criminalidad y Democracia de IDEA Internacional, el crimen organizado tiene profundos impactos políticos, económicos y sociales en América Latina. Según estimaciones de expertos, más de 100 millones de personas viven bajo esquemas de gobernanza criminal en la región; y los mercados ilegales e informales superan el 20% del PIB regional. 

El crimen organizado ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse y expandirse fuera de las fronteras nacionales. Sus redes movilizan recursos y personas, utilizan nuevas tecnologías y buscan penetrar las instituciones públicas mediante la corrupción y el financiamiento ilícito. La noción de política criminalizada del informe de IDEA Internacional alude a estos mecanismos mediante los que las organizaciones criminales, además de la violencia y la inseguridad, amenazan la confianza ciudadana y la propia democracia a través de la cooptación de la competencia electoral y el ciclo de las políticas públicas para defender sus intereses.

Frente a estas organizaciones transnacionales, las respuestas exclusivamente nacionales resultan insuficientes. La cooperación entre países es una necesidad que permite compartir información, coordinar investigaciones, fortalecer la cooperación judicial y enfrentar redes criminales cuya actividad opera más allá de los límites de un Estado, explotando las vulnerabilidades de un mundo cada vez más conectado. 

De allí que los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe por profundizar su colaboración y construir respuestas coordinadas, donde destaca la cooperación con socios internacionales, como la Unión Europea, sea una buena forma de fortalecer capacidades y avanzar hacia instrumentos más eficaces frente a amenazas comunes. La participación de Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en el encuentro de Valparaíso aporta a esta reflexión desde la experiencia europea y la importancia de la cooperación birregional frente a desafíos compartidos.

Estas respuestas permiten un enfoque integral que permita responder con urgencia y en base a la evidencia, lejos de narrativas que promueven una falsa disyuntiva de escoger entre garantizar la seguridad de la población y respetar sus derechos fundamentales. 

No existe una contradicción inevitable entre perseguir con firmeza a quienes cometen delitos y actuar dentro de los límites del Estado de derecho. Una política de seguridad eficaz puede —y debe— investigar, perseguir y sancionar la criminalidad, asegurando al mismo tiempo el debido proceso, la independencia judicial y los controles que impiden el abuso del poder. 

La ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo, pero también a que las instituciones encargadas de protegerla actúen conforme a la ley. Debilitar las garantías democráticas en nombre de la seguridad puede socavar la legitimidad de las instituciones y la confianza necesaria para cumplir su función. La fortaleza del Estado no se mide únicamente por su capacidad de sancionar, sino también por su capacidad de hacerlo con justicia.

Aquí los parlamentos tienen una responsabilidad especialmente relevante. Les corresponde dotar a los Estados de marcos legales adecuados para combatir las nuevas formas de criminalidad, facilitar la cooperación entre países y fiscalizar el ejercicio de las facultades públicas. También deben construir acuerdos de largo plazo, porque la seguridad no puede depender exclusivamente de los ciclos políticos. 

Desde IDEA Internacional, valoramos especialmente estos espacios de diálogo y cooperación parlamentaria. En el marco del encuentro de ParlAmericas, y junto con la Unión Europea en Chile, hemos contribuido a promover el intercambio de experiencias sobre respuestas legislativas frente al crimen organizado y el cibercrimen, convencidos de que la seguridad pública y la calidad de la democracia son desafíos profundamente vinculados. 

El encuentro de Valparaíso nos recuerda que la lucha contra el crimen transnacional requiere voluntad política, instituciones sólidas y, por encima de todo, cooperación. Los países serán más eficaces si trabajan juntos, y nuestras democracias serán más fuertes si esa respuesta protege tanto la seguridad como los derechos de las personas.