La A3C y una nueva arquitectura de seguridad hemisférica

Durante buena parte del siglo XX, la seguridad hemisférica estuvo asociada a las amenazas militares convencionales, los conflictos entre Estados y la confrontación ideológica de la Guerra Fría. En ese contexto, en 1947, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) estableció un sistema de defensa colectiva frente a las agresiones externas.

Casi ocho décadas después, sin embargo, las amenazas han cambiado considerablemente. Y hoy, uno de los principales desafíos proviene de organizaciones criminales que atraviesan fronteras, controlan territorios, corrompen instituciones y disponen de recursos financieros y tecnológicos capaces de desafiar la autoridad de los Estados.

Es en este escenario donde surge la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C, por sus siglas en inglés), una iniciativa impulsada por Estados Unidos que busca establecer nuevos mecanismos de cooperación regional para enfrentar el crimen organizado transnacional. Su creación, en marzo de este año, responde a una prioridad estratégica de la administración de Donald Trump: reforzar la seguridad del hemisferio occidental mediante una mayor coordinación entre las instituciones de defensa, seguridad e inteligencia de los países participantes.

Para comprender sus alcances, resulta fundamental distinguir entre delincuencia común y crimen organizado. Mientras la primera puede manifestarse a través de delitos individuales o grupos circunstanciales, el segundo supone estructuras relativamente estables que desarrollan actividades ilícitas de manera sostenida, persiguen beneficios económicos y disponen de redes de financiamiento, reclutamiento y distribución. Y cuando esas organizaciones operan simultáneamente en distintos países, sus actividades adquieren una dimensión transnacional que supera las capacidades de respuesta de una sola autoridad nacional.

Organizaciones como el Cartel de Sinaloa (México), el Primer Comando de la Capital (Brasil) o el Tren de Aragua (Venezuela), aunque poseen características y dimensiones diferentes, ilustran esta transformación. Básicamente, porque sus actividades pueden combinar narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, trata de personas, lavado de activos y corrupción. En determinados territorios, incluso han desarrollado mecanismos de control sobre la población y capacidades para desafiar directamente a las instituciones estatales.

Por eso, combatirlas exige mucho más que detener a sus integrantes: requiere identificar sus estructuras financieras, desarticular sus redes logísticas e interrumpir sus conexiones internacionales.

Una coalición operativa

La A3C pretende responder precisamente a ese desafío. El 5 de marzo, durante una conferencia celebrada en la sede del Comando Sur estadounidense (Doral, Florida), el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y representantes de 17 países suscribieron una declaración conjunta destinada a fortalecer la cooperación hemisférica. El documento contempla acciones en materia de seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y a las organizaciones calificadas como narcoterroristas, protección de infraestructuras críticas y otras áreas de cooperación.

La particularidad de esta coalición radica en su orientación operativa. A diferencia de los mecanismos tradicionales, centrados principalmente en el diálogo político, la A3C busca avanzar hacia una planificación coordinada, el intercambio de inteligencia, la identificación de redes criminales prioritarias y el desarrollo de capacidades conjuntas.

En agosto, una reunión celebrada en Panamá permitió definir responsabilidades y grupos de trabajo. Y el mes pasado, representantes de defensa y seguridad de 19 países se reunieron en Santo Domingo, República Dominicana, para avanzar en un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza destinados a establecer las prioridades y mecanismos de funcionamiento de la coalición.

Aunque suele confundirse con el llamado Escudo de las Américas, también impulsado por Trump, existen diferencias relevantes. Este último constituye principalmente una instancia de concertación política entre gobiernos, destinada a promover la cooperación regional en seguridad y otros ámbitos estratégicos. La A3C, en cambio, posee una orientación más especializada, vinculada a las instituciones de defensa y seguridad, y a la coordinación de acciones concretas contra las organizaciones criminales.

Se trata de iniciativas relacionadas y complementarias, pero con funciones diferentes: una proporciona un espacio de entendimiento político, mientras la otra busca traducir esa cooperación en capacidades operativas.

Su aparición también refleja una transformación en las prioridades de Washington. Durante las últimas décadas, la atención estratégica estadounidense estuvo concentrada principalmente en Europa, Medio Oriente y el Indo-Pacífico. Sin embargo, la actual administración ha vuelto a situar al hemisferio occidental entre sus principales preocupaciones, recuperando incluso referencias a la Doctrina Monroe (1823). En este contexto, el combate al crimen organizado se vincula con objetivos más amplios, como la seguridad fronteriza, la protección de rutas comerciales y la reducción de la influencia de potencias extrarregionales.

Naturalmente, esta iniciativa ha despertado interrogantes sobre sus implicancias para la soberanía de los países participantes. Algunos sectores temen que sumarse a la coalición pueda facilitar el ingreso de tropas estadounidenses o significar una subordinación de las instituciones nacionales al Comando Sur. Sin embargo, es necesario distinguir entre cooperación internacional y cesión de soberanía.

La declaración fundacional de marzo reconoce expresamente el respeto a la soberanía de cada Estado y a sus respectivas legislaciones. Por lo tanto, la adhesión a la A3C no constituye –por sí misma– una autorización para desplegar fuerzas extranjeras en el territorio de otro país ni supone automáticamente la existencia de un mando militar supranacional.

Esto no significa que las condiciones de participación carezcan de importancia. Obviamente, será necesario examinar los instrumentos definitivos de gobernanza y planificación operacional para precisar cómo se adoptarán las decisiones, qué información deberá compartirse y en qué condiciones podrían desarrollarse operaciones combinadas.

En Chile, cualquier ingreso de tropas extranjeras debe ajustarse a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional. Pero discutir esas garantías es muy distinto de afirmar que solo participar en esta coalición internacional implica renunciar a la soberanía.

Chile ante una decisión estratégica

Chile se encuentra actualmente ante esta disyuntiva. Aunque participa en el Escudo de las Américas, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha optado, por ahora, por mantener la condición de observador en la A3C. Esa posición fue representada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante la reunión de Santo Domingo, mientras las autoridades nacionales evalúan los compromisos políticos, jurídicos y operacionales que supondría una incorporación plena.

Según antecedentes conocidos públicamente, Estados Unidos habría establecido un plazo inicial de 30 días, eventualmente prorrogable, para formalizar la incorporación a la A3C, lo que situaría una eventual definición hacia fines de noviembre. Sin embargo, el Gobierno chileno ha descartado que se trate de un ultimátum o de una fecha límite obligatoria. La Moneda ha anunciado consultas con el Congreso y distintas instituciones del Estado, mientras estudia los antecedentes recibidos y determina la naturaleza jurídica de los compromisos que podría asumir.

La discusión resulta especialmente pertinente para Chile, que enfrenta la expansión de organizaciones criminales transnacionales y posee una extensa frontera terrestre, una amplia proyección marítima y conexiones comerciales con distintas regiones del mundo. El acceso a mejores mecanismos de inteligencia, cooperación tecnológica, vigilancia fronteriza y coordinación internacional podría complementar las capacidades nacionales ya existentes. Al mismo tiempo, corresponde determinar qué ventajas concretas ofrecería la A3C respecto de los acuerdos bilaterales y multilaterales que Chile ya mantiene.

La aparición de esta coalición confirma que la seguridad hemisférica está ingresando en una nueva etapa. Si el TIAR respondió a un escenario internacional marcado por las amenazas militares entre Estados, la A3C busca enfrentar organizaciones que no reconocen fronteras y que pueden debilitar a los Estados desde su interior.

No se trata de reemplazar la función de las policías ni de militarizar indiscriminadamente la seguridad pública, sino de reconocer que el crimen organizado transnacional exige una cooperación internacional más estrecha, sostenida y especializada.

Para Chile, la decisión debe sustentarse en una evaluación rigurosa de los beneficios, responsabilidades y garantías de participación. Pero también debe reconocer que las organizaciones criminales ya operan mediante redes internacionales y que ningún país puede enfrentarlas completamente aislado. Entonces, si la A3C permite acceder a mejores capacidades de inteligencia, coordinación y cooperación, y establece garantías suficientes de respeto a la soberanía nacional, su incorporación representaría una oportunidad que merece ser considerada seriamente.