El caballo de Troya contra el INDH

La discusión sobre las instituciones públicas suele quedar atrapada en el fango de la jerga administrativa o el debate presupuestario. Sin embargo, el proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nos obliga a levantar la mirada. Lo que se tramita bajo el rótulo de “eficiencia” y “ahorro fiscal” no es una modernización, sino un desmantelamiento encubierto de la principal garantía de protección ciudadana frente a los abusos del Estado. Apoyar esta reforma hoy es, llanamente, validar una regresión autoritaria que pagarán los sectores más vulnerables.

Existe una falsa percepción, alimentada por el reduccionismo del debate político, de que el INDH es un órgano monocromático dedicado exclusivamente a querellarse contra las policías. Nada más alejado de la realidad territorial profunda de Chile. El trabajo del Instituto es, en su esencia, una red de contención para los más indefensos en ámbitos que marcan la dignidad humana diaria. Es el INDH el que ha liderado la defensa penal y civil en complejos casos de trata de personas, interponiendo querellas críticas por explotación sexual infantil.

Es también el Instituto el que ha golpeado la mesa frente a la vulneración del derecho al acceso al agua potable y al saneamiento ambiental, defendiendo activamente a comunidades rurales históricamente postergadas, como ha ocurrido en San Pedro de Atacama. Reducir el INDH a una disputa de trinchera política es invisibilizar a los niños explotados y a las familias del Chile profundo que no tienen agua en sus llaves.

Por eso, el primer gran engaño del proyecto radica en su justificación económica. El Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos celebra un menor gasto permanente de $3.720 millones de pesos. ¿Cómo se logra este supuesto beneficio? Cortando las dos arterias vitales de la institución: el desmantelamiento definitivo de las sedes regionales y el fin de los equipos de litigio penal. Dejar a las regiones sin presencia permanente y prohibirle al Instituto presentar querellas por tortura o crímenes de lesa humanidad no es optimizar recursos; es amordazar al defensor para que el investigado -el aparato estatal- duerma tranquilo. Privar a las víctimas de ese brazo legal técnico y especializado es dejarlas en la más absoluta indefensión.

Pero la propuesta no sólo asfixia en lo financiero y en lo territorial; también interviene la gobernanza para asegurar el control político. El proyecto del Ejecutivo reduce el Consejo de 11 a solo 5 miembros y estipula que 4 de ellos serán definidos y ratificados por el Senado y la Cámara de Diputados. Con este diseño, se pulveriza el pluralismo de la sociedad civil exigido por los Principios de París de las Naciones Unidas. Al someter el quórum a mayorías políticas parlamentarias, un bloque de apenas dos consejeros tendrá un poder de veto total sobre los informes anuales o los estatutos. El INDH pasaría de ser un faro técnico autónomo a convertirse en un botín político de la coalición de turno.

El punto de mayor gravedad democrática se encuentra escondido en el artículo segundo transitorio. En un acto que choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la reforma pretende cesar de pleno derecho e inmediatamente a todos los consejeros vigentes para instalar una junta provisoria elegida a dedo por la actual administración.

La Corte IDH ha sido tajante en su jurisprudencia: los ceses por vía legislativa, sin juicio previo ni causales preestablecidas, son una desviación de poder que anula la independencia institucional. Truncar mandatos estables mediante leyes coyunturales equivale a una destitución política discrecional. Un golpe de Estado institucional en toda regla.

Aprobar este texto no será gratis para el país. El INDH ostenta hoy la máxima distinción internacional (Acreditación “Clase A”). Amnistía Internacional ya ha advertido que la intervención que plantea este proyecto activará de inmediato una Revisión Especial de Acreditación por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Chile arriesga caer en la lista negra internacional y emular las sanciones impuestas a las defensorías de Ecuador o Mauricio, degradadas en su momento por intromisiones gubernamentales similares.

Las instituciones democráticas se perfeccionan, se fiscalizan bajo estándares de impacto real y se robustecen; no se desmantelan por conveniencia ideológica o contabilidad fiscal. Ningún demócrata, con los datos técnicos sobre la mesa, puede apoyar una reforma que convierte al fiscalizador en un subordinado del fiscalizado.