Teletón y subsidiariedad invertida: la importancia de reconocer su aporte sin olvidar el rol estatal

En 1978 surge el primer gran evento televisivo de la Teletón. Sin embargo, su trabajo en torno a la discapacidad, se remonta a 1947 cuando un grupo de médicos fundó la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, buscando apoyar a niños y niñas con secuelas producto de la poliomielitis. Pese a ello, en el imaginario colectivo, tendemos a tener presente a la Teletón con las campañas que a lo largo de los años, convocan a miles de personas en torno a una causa que ha logrado movilizar recursos, voluntades y solidaridades. 

En este contexto, más allá de las distintas valoraciones que puedan existir sobre su modelo, hay una contribución que merece ser reconocida: el papel activo que esta organización de la sociedad civil ha desempeñado en la generación de condiciones para que miles de personas con discapacidad puedan acceder a servicios de rehabilitación. En este marco, según su Memoria Anual 2025, la Teletón atendió a 31.806 personas a través de sus institutos desde Arica a Aysen, lo que demuestra un importante compromiso en la práctica cotidiana de atención.

En este sentido, reconocer esta contribución de una organización de la sociedad civil, sin embargo, no significa que debamos dejar de formular una pregunta fundamental: ¿a quién le corresponde la responsabilidad principal de garantizar que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer efectivamente sus derechos? 

En la discusión pública, suele apelarse al principio de corresponsabilidad o de colaboración público-privada para justificar la externalización de servicios sociales en entes privados. Sin embargo, la realidad de la discapacidad en Chile que aborda la Teletón, evidencia una dinámica de subsidiaridad invertida: es la sociedad civil, mediante la solidaridad y la recaudación de campañas solidarias, la que termina subvencionando de manera prioritaria la falta de llegada del Estado. Concretamente, de acuerdo a las cifras de recaudación de la Teletón al 29 de diciembre de 2025, apenas un 17,5% de sus ingresos provino de un convenio existente con Fonasa, mientras que prácticamente el 60% provino de su campaña anual. De este porcentaje, correspondiendo la mayoría al aporte de personas. Otras contribuciones de los gobiernos regionales igualmente apoyaron el trabajo de la Fundación, no superando el 8% al contabilizarlo con otros ingresos. Estas cifras, representando un aporte relevante al apoyo de personas en situación de discapacidad, ilustran en sí mismas esta subsidiariedad invertida, en donde es la sociedad civil la que asume un papel protagónico en la provisión de servicios en donde el Estado debiese garantizar condiciones para el ejercicio de derechos. 

Esta forma de subsidiaridad entra en tensión directa con el marco de los derechos humanos. Al respecto, cabe recordar que Chile ratificó en el 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, comprometiéndose formalmente a adoptar medidas para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y fortalecer los servicios de rehabilitación. Esto adquiere especial relevancia en el escenario actual. Al respecto, en septiembre de este año, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha sido enfático al señalar que, aunque los gobiernos recurran a organizaciones privadas, esa colaboración no los libera de sus obligaciones internacionales, siendo preocupante la insuficiente provisión de servicios públicos y la dependencia de prestadores privados de carácter benéfico como la Teletón. En este sentido, de manera explícita recomienda que el Estado “fortalezca su provisión pública, particularmente para niños, niñas y adolescentes, asegurando que los prestadores privados de carácter benéfico, incluida la Teletón, no sustituyan las obligaciones del Estado”. 

Lo anterior llama de manera urgente a reconectar con una idea central: en materia de derechos, el principal responsable y garante es siempre el Estado. 

Ello, entrando en tensión con las condiciones que genera para el ejercicio de los mismos, considerando la preocupación del Comité de Naciones Unidas en torno a la suspensión o reducción de programas y los efectos de las medidas de ajuste fiscal. 

Por consiguiente, poner profunda atención en estos elementos es fundamental. De lo contrario, se genera esta inversión en los roles: cuando el gasto público se retira, la subsidiaridad invertida se profundiza, haciendo recaer en el esfuerzo privado, en este caso, de organizaciones solidarias, lo que debe ser a todas luces una garantía estatal permanente.

En este sentido, garantizar derechos exige un doble compromiso: reconocer y redistribuir. Reconocer implica valorar la dignidad de las personas con discapacidad y la labor de la sociedad civil. Redistribuir, en tanto, exige asegurar recursos públicos suficientes para que la inclusión no dependa de la capacidad económica de las familias ni de la generosidad coyuntural. En este sentido, la inclusión no se agota en la rehabilitación, sino que, ante todo, exige condiciones que posibiliten participar en la educación, el trabajo y la vida comunitaria.

En una nueva campaña Teletón, el desafío no es contraponer el aporte de la Fundación en su marco de colaboración con el Estado, sino que más bien comprender que existen responsabilidades distintas y complementarias. Celebrar la solidaridad es valioso, pero la reflexión de fondo debe orientarse a exigir que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad cuente con garantías universales, permanentes y sostenibles, cuyo aseguramiento constituye una responsabilidad principal e indeclinable del Estado.