Las reducciones de condenas y la ética de las autoridades del Gobierno

La crisis ética de nuestra sociedad no reside solamente en la ausencia de valores, sino en algo posiblemente más grave: la facilidad con que se proclaman principios que después se abandonan cuando su cumplimiento exige sacrificios, afecta intereses o compromete posiciones de poder.

El caso Rabat vuelve a poner de manifiesto esta contradicción. Quienes invocan la defensa de la familia, la protección de la infancia, la justicia y la dignidad humana deben demostrar que esas convicciones efectivamente orientan y guían sus decisiones. No basta con proclamarlas en discursos o programas políticos si, frente a actuaciones controvertidas, prevalecen las explicaciones burocráticas, las justificaciones formales o la conveniencia de proteger a los propios.

Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán que pagó con su vida por resistir al nazismo, distinguía entre la gracia barata, que permite profesar la fe sin asumir sus exigencias, y la gracia cara, que reclama fidelidad incluso ante la adversidad. Su vida demostró que la conciencia y los principios no son adornos intelectuales, sino compromisos que obligan. Tomás Moro hizo lo mismo, antepuso su conciencia a las conveniencias del poder y optó por sacrificar su vida antes que claudicar a sus valores y principios.

Jacques Maritain recordaba que la política encuentra su justificación en la dignidad de la persona y el bien común, nunca en la conservación del poder por sí mismo.

El caso Rabat exige esclarecer la legalidad de las decisiones, respetar las garantías jurídicas de todos los involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes, sin condenas anticipadas. Pero también plantea una cuestión ética que ninguna explicación meramente formal puede resolver: ¿existe verdadera consecuencia entre los valores proclamados y la conducta de quienes ejercen la autoridad?

La responsabilidad política no se agota en demostrar que una decisión puede ser legal. Exige verdad, transparencia, prudencia y disposición a reconocer errores. Y esos deberes deben exigirse con idéntico rigor a gobernantes y opositores.

No resulta moralmente aceptable exigir severidad cuando gobiernan los adversarios y refugiarse en la indulgencia cuando las responsabilidades comprometen a los propios. Esa doble medida transforma los principios en instrumentos de conveniencia y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

El Papa León XV en su actual visita a Latinoamérica, en sus alocuciones, nos indica que el pensamiento cristiano no es una etiqueta electoral ni una declaración de buenas intenciones. Es una exigencia de conducta fundada en la verdad, la justicia, la responsabilidad y el servicio a los demás.

La coherencia ética exige explicar por qué se adoptan decisiones diferentes y asumir las responsabilidades correspondientes, sin refugiarse en una supuesta ausencia de facultades que requiere ser esclarecida.

La autoridad moral no se obtiene proclamando principios, sino cumpliéndolos, especialmente cuando hacerlo tiene un costo. Porque la verdadera prueba de los valores no está en lo que se dice, sino en lo que se hace.