Codelco: el problema no es la propiedad, son los ejecutivos

La comisión investigadora por las cifras infladas de Codelco en 2025 aprobó, de forma unánime, un informe de 13 puntos que responsabiliza a los ejecutivos de la cuprífera y pide resarcir el daño a la reputación de la corporación. Cerró, eso sí, sin determinar responsables, y el informe de la Contraloría sigue pendiente.

Entretanto, la propia empresa dejó atrás las sospechas: en la junta extraordinaria del 5 de noviembre reconoció que se registraron artificialmente 42.100 toneladas entre 2024 y 2025 en Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, con un ajuste de inventarios de entre US$ 120 y 140 millones, sujeto a la confirmación de los auditores externos. Ocho ejecutivos fueron desvinculados, hay auditorías en curso y el caso está en manos del Ministerio Público. El hecho es grave y exige investigación y sanciones. Pero más allá de eso, episodios como este suelen traer consigo una tentación predecible, transformar un problema de gestión en un argumento sobre la propiedad.

La teoría económica entrega razones para traspasar empresas del Estado a manos privadas: menores costos, mayor valor y mejor servicio por efecto del sometimiento a las reglas del mercado. La razón de fondo suele ser el pobre desempeño de las empresas públicas, explicado por la interferencia política y por gobernanzas e incentivos inadecuados. La evidencia comparada, sin embargo, es menos categórica de lo que se sugiere. Estudios recientes del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo muestran que las empresas con propiedad estatal tienden a ser menos rentables y productivas, pero esas brechas dependen del grado de propiedad, de la competencia y de la calidad de la gobernanza.

Un estudio de Ernst & Young a 24 países (2010) ya mostraba que el desempeño de las empresas estatales puede igualar, e incluso exceder, al de las privadas cuando cuentan con estructuras organizacionales y regulatorias adecuadas. Asimismo, el informe 2024 de la OCDE sobre 59 jurisdicciones constata que la mitad de ellas aún no define una política de propiedad que explicite qué espera el Estado como dueño. En otras palabras, el problema parece ser menos de propiedad que de gobierno corporativo.

Los datos de Codelco, con todo, son elocuentes. Fue por décadas el mayor productor del mundo, con cerca del 11% del cobre de mina en 2010. Hoy, con 1,33 millones de toneladas de producción propia, su participación en la producción mundial de cobre de mina bordea el 6% (cálculo sobre cifras de Cochilco y Codelco). Su producción cayó 21,8% respecto de 2016, pues BHP la desplazó el año pasado del primer lugar y su costo directo supera en 57% el promedio de las grandes mineras globales y en 72% el de las principales operaciones privadas en Chile.

A ello se suma un aumento de deuda de US$ 972 millones solo en 2025. Y lo que viene no es mejor: su presidente del directorio, Bernardo Fontaine, estima que 2026 cerraría en torno a 1,2 millones de toneladas, bajo la meta de 1,33 a 1,36 millones, y que en los últimos cuatro años la empresa entregó al Estado unos US$ 7.000 millones, 43% menos que en el cuatrienio anterior, pese a un precio del cobre 30% mayor. Sin embargo, también es cierto que en 2025 generó un EBITDA de US$ 6.670 millones y aportó US$ 1.778 millones al Fisco, y que, en perspectiva, no está sola en su retroceso productivo, pues varias de las grandes mineras del mundo producen hoy menos que hace una década. Visto así, el diagnóstico exige honestidad en ambos sentidos.

El Gobierno ha sido enfático en la crítica. En la junta de abril, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, interpeló al directorio de entonces con un “¿no hay ninguna crítica?”, y Máximo Pacheco terminó admitiendo errores de gestión. Pero conviene distinguir entre diagnóstico y proyecto. En julio, el presidente del Partido Republicano propuso vender entre 15% y 25% de la propiedad; el Gobierno descartó privatizar, aunque Quiroz dejó la puerta abierta a un “aporte de capital privado, por qué no”. Esta semana fue más lejos: en una entrevista con Bloomberg planteó que “a más largo plazo, quizás tengamos que pensar en inversión de capital privado en la propia Codelco”, aclarando que eso no es privatizar y que “nunca se va a perder el control estatal”.

Es una idea de largo plazo y, antes, dijo, hay que “poner la casa en orden”. Puede ser una posición legítima que merece discutirse con seriedad, igual que el “rediseño más o menos profundo” de la gobernanza de la empresa que el propio ministro ha anunciado. Pero el orden importa: si la conversación sobre la propiedad se abre justo cuando el relato oficial se concentra en el deterioro de la empresa, la pregunta de fondo, ¿cómo se gobierna mejor Codelco? queda subordinada a otra: ¿ de quién debería ser? Al parecer nadie propone hoy, al menos abiertamente, privatizar. Sin embargo, cuando el relato oficial sobre una empresa se concentra casi exclusivamente en su mala gestión, se va preparando el terreno político para una discusión sobre su propiedad.

La oposición y los trabajadores del cobre responden denunciando una campaña para desprestigiar a Codelco y avanzar hacia una privatización encubierta. La sospecha no es descabellada, dado el historial de propuestas en esa dirección este año. Pero tampoco ayuda: llamar “campaña” a la crítica puede terminar blindando a quienes manipularon las cifras. Defender a Codelco no es defender a su gestión. Quienes quieren una empresa pública fuerte deben ser los primeros interesados en que se investigue, se sancione y se transparente todo.

Por eso conviene recordar qué significa Codelco para Chile. Desde 1971 ha entregado al Estado más de US$ 160 mil millones. Entre 1976 y 2015 aportó al Fisco US$ 98 mil millones y recibió capitalizaciones por US$ 10 mil millones, cerca de un 10%. No obstante, “el dueño” tiene una gran responsabilidad en el deterioro sostenido de la empresa, porque una compañía que se descapitaliza por décadas difícilmente podrá sostener la producción de yacimientos que envejecen. De esta manera, el costo ya no es solo de la empresa, pues el propio ministro reconoció esta semana que el país está en una recesión técnica que atribuyó, en buena parte, a la caída de la producción de cobre.

Para entender qué falla, la teoría de agencia resulta más útil que el debate público versus privado. Allí donde el dueño de los recursos (el principal) delega su manejo en otro (el agente), existen asimetrías de información e incentivos que pueden divergir. En Codelco, el principal somos todos los chilenos, y los agentes son los ejecutivos que, según la comisión, habrían priorizado el cumplimiento de metas por sobre la veracidad de las cifras, privilegiando su interés personal. Pero esto no es exclusivo del Estado.

Las AFP lo ilustran: siete administradoras apostaron en swaps a que las tasas en Estados Unidos bajarían, y ocurrió lo contrario. Las posiciones pasaron de ganancias a pérdidas de valorización por unos US$ 7.700 millones, y el Fondo E registró una caída real de 10,39% entre enero y septiembre. Como señaló un analista, no son las AFP las que pierden, sino los afiliados.

Se ha informado además que ejecutivos de las propias administradoras habrían advertido sobre la exposición, y existen denuncias por eventual administración desleal. Corresponde a la justicia y a los reguladores esclarecerlo, pero la lógica es la misma: cuando un agente toma decisiones que perjudican al principal, debe ser investigado y, si corresponde, sancionado, sea en una empresa estatal o en una privada, procurando además, aprender de estos episodios, ajustando los mecanismos de control interno y de gobernanza corporativa.

El desafío, por tanto, es institucional. Las Directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de empresas del Estado, revisadas en 2024, apuntan a un Estado propietario activo, informado y profesional, a la neutralidad competitiva y a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Chile tiene en la ley de 2009 sobre Codelco un avance relevante, pero extender esos estándares al resto de las empresas del Estado sigue pendiente. El proyecto que crea el Servicio de Empresas Públicas y perfecciona sus gobiernos corporativos, ingresado en 2017 y aprobado por la Cámara en diciembre de 2021, duerme “el sueño de los justos” en el Senado: no registra movimiento desde abril de 2022 y hoy figura sin urgencia. Los modelos mixtos, como Petrobras o Ecopetrol, no son un atajo, pues funcionan sobre gobiernos corporativos exigentes y no los reemplazan.

Para Codelco, esto implica investigar hasta el final y sancionar a los responsables, sin confundir el castigo a las personas con la condena a la institución. Implica transparentar con auditorías independientes de producción, reservas e inventarios; dotar de autonomía y capacidades a Cochilco y a la Contraloría, para que las alertas se conviertan en acción; fijar metas realistas, evitando guías sobredimensionadas como la que el propio directorio corrigió, y establecer una regla predecible de capitalización con comparaciones sistemáticas de costos frente a pares. Si el “rediseño profundo” de su gobernanza que anuncia el Gobierno va por ahí, bienvenido sea. En definitiva, avanzar hacia estándares de gobierno corporativo alineados con las mejores prácticas internacionales.

Codelco no necesita menos Estado ni más mercado, sino mejor gobierno corporativo. Y la lección de las AFP es que ni lo público ni lo privado se salvan de los problemas de agencia: el dinero es de otros, y quien lo administra debe responder por él.