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Foto: AgenciaUNO
Se acabó la espera: oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat
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El libelo contempla tres capítulos por las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad y faltas a la probidad. Ahora comienza la disputa por los votos en el Congreso. [EN DESARROLLO]
Después de dos semanas de anuncios, reuniones y ajustes jurídicos, la oposición ingresó este jueves 12 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las cuestionadas rebajas de condena y su actuación frente a los requerimientos de información del Congreso.
La ofensiva, anunciada inicialmente el 28 de octubre, busca establecer la responsabilidad constitucional del secretario de Estado por una eventual infracción de la Constitución y las leyes, conforme al artículo 52 de la Carta Fundamental.
El libelo contiene tres capítulos. El primero cuestiona los 56 decretos que rebajaron condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, argumentando que el ministro habría vulnerado normas de protección de la infancia y otorgado beneficios prohibidos por la legislación vigente.
El segundo apunta a las rebajas concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, mientras que el tercero acusa a Rabat de entregar información incompleta o inexacta al Congreso, lo que, según la oposición, constituiría una infracción al principio de probidad.
La presentación llega después de cuestionamientos por la demora en ingresar el documento. En declaraciones a la prensa, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, defendió el trabajo realizado: “Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”.
Con la acusación oficialmente ingresada, la disputa pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y la oposición deberán medir sus fuerzas. El Partido de la Gente (PDG), que hasta ahora no ha comprometido sus votos, aparece como un actor clave.
Si el libelo supera la Cámara, corresponderá al Senado resolver si el ministro es culpable de las infracciones imputadas. De prosperar esa segunda instancia, Rabat será destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.
La oposición finalmente puso la acusación sobre la mesa. Ahora deberá demostrar que, además de los argumentos, tiene los votos para sacarla adelante.
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