Nvidia y China: los secretos del poder en tiempos de inteligencia artificial

En una novela de espionaje, Katrina Leung habría despertado sospechas desde las primeras páginas. En la vida real, el FBI la mantuvo durante 18 años entre sus informantes más valiosas. Esta empresaria de origen chino, que colaboraba con la agencia en asuntos relacionados con China, mantenía relaciones íntimas con dos de sus agentes, entre ellos James Smith, su principal contacto y especialista en contraespionaje. Mientras tanto, diversas señales indicaban que podía estar transmitiendo información clasificada a Pekín. Las advertencias existían, pero los mecanismos de supervisión parecían perder eficacia cuando alcanzaban a determinadas personas.

En 2006, una investigación del Departamento de Justicia reveló graves deficiencias en la actuación del FBI, que había terminado tolerando excepciones para quienes ocupaban posiciones privilegiadas dentro de su propia estructura. Lo sorprendente no era únicamente que una mujer sospechosa de espionaje comunista hubiese conseguido permanecer tantos años cerca de información estratégica, sino que una institución dedicada a detectar esas amenazas hubiese contribuido a crear las condiciones de su propia vulnerabilidad.

Veinte años después, el escándalo que rodea al fundador y ahora exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, parece recuperar una vieja tradición de la política internacional: los secretos de Estado, los hombres poderosos, las mujeres cuyas relaciones sentimentales despiertan sospechas de espionaje y el viejo fantasma del comunismo. Esta vez, la protagonista es Alice Huang, una empresaria china que trabajó para Megaspeed International, compañía con sede en Singapur vinculada al negocio de los centros de datos y a la adquisición de procesadores avanzados.

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que habría colaborado con Pekín y que su proximidad al máximo responsable de Nvidia podía facilitar la obtención de información estratégica. Jensen Huang, por su parte, reconoció públicamente una infidelidad a su esposa, mientras la compañía anunciaba una investigación independiente sobre la posibilidad de que hubiese sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. Según una investigación de Wired, el empresario trabajaba desde al menos octubre de 2025 con una firma de comunicación de crisis que también ha asesorado a figuras públicas envueltas en escándalos personales.

La combinación resulta difícil de ignorar: una presunta espía china, una relación extramatrimonial, el empresario que dirige una de las compañías más valiosas del mundo, la China gobernada por el Partido Comunista y una tecnología situada en el centro de la disputa geopolítica contemporánea. Donald Trump tampoco ha quedado fuera del escenario: ha defendido públicamente a Jensen Huang, con quien mantiene una relación cercana, mientras nuevas investigaciones periodísticas han planteado preguntas sobre cuánto conocía su Administración de las advertencias de inteligencia y cómo actuó frente a ellas.

En cualquier caso, y aquí conviene ponerse el parche antes de la herida, las sospechas sobre Alice Huang no constituyen una prueba pública concluyente de espionaje, ni se ha demostrado que Jensen Huang entregara deliberadamente información confidencial. China rechaza las acusaciones y Nvidia afirma que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o de seguridad nacional.

Ahora bien, una vez establecidas esas precauciones, hay algo en la historia que merece atención. La mujer espía constituye una figura casi irresistible para la imaginación política. Desde Mata Hari, su representación combina inteligencia, seducción y peligro, como si la intimidad femenina poseyera una capacidad singular para desarmar los dispositivos de seguridad más sofisticados. Los hombres poderosos suelen aparecer entonces como víctimas de una debilidad personal, mientras sobre las mujeres recae buena parte de la sospecha. La distribución de responsabilidades tiene algo de curioso: ellas concentran el peligro, pero son ellos quienes conservan las posiciones desde las que se toman las decisiones. No se trata de negar las operaciones de espionaje mediante vínculos afectivos o sexuales, cuya historia está suficientemente documentada, sino de preguntarnos por qué determinadas relaciones personales adquieren consecuencias políticas extraordinarias y qué condiciones institucionales permiten que eso ocurra.

El episodio de Christine Fang resulta ilustrativo. Conocida también como Fang Fang, esta joven estudiante china desarrolló entre 2011 y 2015 una extensa red de contactos en los círculos políticos de California, participando en encuentros comunitarios, campañas electorales y actividades de recaudación de fondos. Según una investigación de Axios publicada en 2020, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban que actuaba para China y que había mantenido relaciones sentimentales o sexuales con al menos dos alcaldes. No se presentaron cargos públicos contra ella. Su historia muestra que la influencia no exige necesariamente acceder a documentos secretos. Conocer las preferencias, relaciones y expectativas de quienes ocupan posiciones relevantes también puede constituir información políticamente valiosa. En ocasiones, la proximidad al poder importa tanto como aquello que se consigue obtener de él.

Con Nvidia, sin embargo, aparece una diferencia sustantiva. Jensen Huang no dirige una agencia estatal ni pertenece formalmente al aparato de seguridad estadounidense. Es el cofundador de una corporación cuyos semiconductores constituyen una pieza fundamental de las infraestructuras sobre las que se desarrolla la Inteligencia Artificial. Sus decisiones empresariales pueden condicionar las posibilidades tecnológicas de otras compañías y de gobiernos enteros, particularmente cuando Estados Unidos considera el acceso a procesadores avanzados un asunto estratégico para su competencia económica y militar con China. La pregunta, por tanto, deja de limitarse a qué información pudo circular en una relación sentimental. Conviene observar también cómo una empresa privada ha adquirido semejante capacidad para intervenir en decisiones que los gobiernos presentan como indispensables para la seguridad nacional.

La preocupación no es nueva, aunque sus protagonistas y las tecnologías que concentran el poder hayan cambiado. Ya en 1956, el sociólogo estadounidense C. Wright Mills describía, en La élite del poder, el progresivo entrelazamiento de los círculos dirigentes de la economía, la política y el aparato militar de Estados Unidos. Su observación más sugerente no era que existiera una conspiración permanente entre empresarios, políticos y militares, sino que las grandes decisiones se concentraban en espacios cada vez más reducidos, ocupados por personas que compartían posiciones de privilegio, relaciones sociales y capacidad de influencia.

Setenta años después, las grandes corporaciones tecnológicas parecen añadir un nuevo capítulo a aquella historia. Ya no se trata solamente de empresas que producen bienes y servicios, sino de organizaciones que concentran infraestructuras y conocimientos de los que dependen capacidades consideradas estratégicas para los propios Estados. Sus dirigentes pueden participar directamente en discusiones gubernamentales sobre las reglas que regulan sus mercados y, aunque no han sido elegidos para ejercer funciones públicas, disponer de una influencia extraordinaria sobre ellas.

La relación entre Nvidia y la Administración Trump permite observar esa tensión. Estados Unidos ha restringido la exportación de determinados chips avanzados hacia China, argumentando que podrían utilizarse para fortalecer sus capacidades militares y de inteligencia. Huang, entretanto, ha defendido reiteradamente la conveniencia de mantener abierto el mercado chino, sosteniendo que la presencia de tecnología estadounidense contribuiría también a preservar el liderazgo de su país. Ambas posiciones responden a racionalidades reconocibles, aunque no necesariamente coincidentes. Para una empresa, vender más procesadores significa ampliar mercados y consolidar su posición frente a posibles competidores.

Para el Estado, controlar su circulación supone administrar riesgos estratégicos y preservar determinadas ventajas tecnológicas. La dificultad aparece cuando una de esas racionalidades adquiere suficiente influencia como para presentarse como expresión de la otra. El viejo fantasma del espionaje comunista reaparece, pero ahora en el interior de una economía profundamente interdependiente: China, gobernada por el Partido Comunista, es también un mercado que las propias corporaciones estadounidenses quieren conservar.

Las investigaciones publicadas por Axios esta semana han añadido una dimensión significativa. Según fuentes gubernamentales citadas por ese medio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, habría retrasado la aplicación de medidas destinadas a restringir operaciones con empresas sospechosas de facilitar el acceso chino a procesadores estadounidenses, incluida Megaspeed. El Departamento de Comercio ha cuestionado aspectos de esas informaciones. Las discrepancias descritas involucran a responsables de distintas áreas de la Administración y muestran que la política tecnológica estadounidense no responde necesariamente a una voluntad estatal homogénea. Mientras determinados sectores consideran prioritario endurecer los controles, otros advierten de las consecuencias comerciales y diplomáticas de hacerlo. En medio de estas disputas se encuentra una corporación cuyo principal dirigente tiene acceso directo a quienes toman las decisiones.

La pregunta sobre quién gobierna realmente Estados Unidos, presente también en parte del debate político reciente (La Base dl 11 de noviembre), deja entonces de parecer una simple provocación. No basta con señalar que los grandes empresarios tienen influencia sobre la Casa Blanca, algo que difícilmente sorprendería. Lo interesante es examinar cómo se organiza esa influencia, qué dependencias la sostienen y hasta dónde llega la capacidad de las instituciones para actuar con autonomía frente a empresas que poseen recursos considerados estratégicos.

Esta cuestión fue central para el pensador marxista Nicos Poulantzas, quien en Estado, poder y socialismo (1978) propuso comprender el Estado como una condensación material de relaciones de fuerza, y no como un instrumento que obedeciera mecánicamente a una clase o a una empresa determinada. Una distinción particularmente útil para interpretar la situación actual, porque las instituciones estatales no constituyen un bloque homogéneo ni responden necesariamente a una voluntad única. En ellas conviven proyectos, intereses y conflictos que expresan relaciones de poder más amplias. Las discrepancias dentro de la Administración Trump sobre los controles de exportación pueden leerse, por tanto, como manifestaciones de tensiones entre distintas prioridades económicas, industriales y geopolíticas. El problema no es simplemente determinar qué empresario consigue influir sobre un Gobierno, sino comprender cómo determinadas relaciones de dependencia modifican los márgenes de actuación de las propias instituciones. La autonomía relativa del Estado deja entonces de ser una abstracción teórica para convertirse en un problema político reconocible.

Por otro lado, la inteligencia artificial suele presentarse como una carrera tecnológica en la que el liderazgo depende, fundamentalmente, de la capacidad de innovación y del desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados. Sin embargo, esa representación deja fuera buena parte de las condiciones materiales que hacen posible su expansión.

La economista argentina Cecilia Rikap, en Teoría de la dependencia digital (2026), examina precisamente cómo las grandes corporaciones tecnológicas concentran conocimientos, infraestructuras y capacidades de innovación que generan nuevas relaciones de subordinación económica. Los centros de datos necesitan energía, inversiones y recursos materiales; las empresas requieren mercados y condiciones regulatorias favorables; y los Estados intervienen mediante contratos, incentivos y políticas industriales. Sobre estas relaciones de dependencia entre grandes corporaciones, recursos energéticos y poder público también ha insistido la periodista y ensayista canadiense Naomi Klein, conocida por sus investigaciones críticas sobre el poder corporativo. En una intervención publicada por el AI Now Institute (2026), Klein advierte que la expansión de la inteligencia artificial puede fortalecer alianzas económicas y políticas cuyos costes sociales y ambientales quedan relegados a un segundo plano. Ambas perspectivas permiten observar que la disputa tecnológica no consiste únicamente en quién desarrolla mejores sistemas, sino también en quién controla las condiciones de su producción, quién se beneficia de su expansión y quién asume sus consecuencias.

Esta dimensión resulta fundamental para comprender la paradoja de Nvidia. Estados Unidos dispone de sofisticados mecanismos para vigilar transferencias tecnológicas, investigar posibles operaciones extranjeras y restringir el acceso a determinadas capacidades industriales. Sin embargo, una parte decisiva de aquello que considera necesario proteger se encuentra concentrada en manos de empresas cuyos intereses comerciales pueden entrar en tensión con las prioridades de su política exterior. La seguridad nacional constituye una preocupación legítima, pero no equivale automáticamente al interés público, del mismo modo que los objetivos de una empresa estadounidense no representan necesariamente las necesidades del conjunto de la sociedad. Invocarla puede justificar restricciones e inversiones, aunque deja abierta una pregunta anterior: quién define qué debe protegerse, con qué recursos y en beneficio de quién.

De hecho, los intereses comerciales de Nvidia en China preceden a las sospechas sobre Alice Huang. Jensen Huang ya defendía la apertura de ese mercado y advertía que excluir a las empresas estadounidenses favorecería el desarrollo de alternativas chinas. No hacía falta una presunta espía para reconocer sus ventajas económicas. Esto no invalida las investigaciones de inteligencia, pero obliga a distinguir entre una posible operación de espionaje y los intereses empresariales que ya condicionaban el debate sobre la política tecnológica estadounidense. Confundir ambas cosas puede convertir a una mujer sospechosa de espionaje en una explicación demasiado cómoda para contradicciones económicas y políticas que existían mucho antes de que su nombre apareciera en la prensa.

La investigación sobre el FBI y Katrina Leung hace 20 años expuso advertencias desatendidas y controles que dejaban de aplicarse cuando estaban implicados agentes considerados indispensables. El caso Nvidia es distinto y continúa bajo investigación, pero plantea una inquietud similar: la dificultad de las instituciones para controlar relaciones de poder que ellas mismas han contribuido a construir. En ambos episodios, aunque de naturaleza y consecuencias diferentes, aparece una pregunta que trasciende las responsabilidades individuales: qué sucede cuando la confianza, la posición privilegiada o la dependencia institucional terminan condicionando la aplicación de las reglas.

Quizá el problema no sea, al final, que el deseo o las infidelidades vuelvan vulnerables a los hombres poderosos. Esa explicación concede demasiado protagonismo a sus intimidades y demasiado poco a las estructuras que sostienen su poder. Las instituciones no funcionan al margen de las relaciones sociales que las atraviesan; distribuyen autoridad, producen jerarquías y establecen dependencias que pueden reforzar o limitar su capacidad de actuación. Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad institucional no es necesariamente una anomalía que aparece cuando alguien incumple las reglas, sino que puede encontrarse inscrita en la propia organización del poder, especialmente cuando determinados actores adquieren una posición de la que resulta difícil prescindir.

Parece ser que el capitalismo tecnológico contemporáneo se sostiene en una al menos una contradicción, la autonomía del Estado no depende solamente de su capacidad para protegerse de amenazas externas, sino también de las condiciones sociales y económicas bajo las cuales ejerce su autoridad. Una historia que comienza con una presunta espía de la china comunista, termina interrogando las relaciones entre concentración económica, poder político y control democrático. Porque la cuestión sociológica de fondo no es quién consigue acercarse a los hombres poderosos, sino cómo determinadas relaciones de dependencia permiten que las decisiones sobre el futuro de sociedades enteras se concentren en tan pocas manos.

Y quizá esa sea la paradoja más difícil de resolver: mientras los Estados perfeccionan sus instrumentos para vigilar las amenazas que vienen de fuera, buena parte del poder que condiciona sus propias decisiones permanece perfectamente a la vista.