Publicidad
Percepción y confianza en las Fuerzas Armadas

Percepción y confianza en las Fuerzas Armadas

Publicidad
José Miguel Piuzzi
Por : José Miguel Piuzzi Doctor en Sociología, académico de la ANEPE.
Ver Más

La experiencia comparada sugiere que la confianza hacia las instituciones armadas es un activo frágil. Se construye lentamente, mediante profesionalismo, relaciones civiles militares en el marco institucional, y coherencia entre el discurso y la práctica.


La percepción ciudadana es una variable importante de la Política de Defensa. Sin que encauce de manera vinculante la toma de decisiones, no se puede desconocer que ella influye en la posibilidad de sostener los objetivos y prioridades que determinan políticas públicas en el tiempo. Es más, una institución armada que no cuenta con confianza social enfrenta dificultades para reclutar, preservar presupuestos, operar en el territorio, cooperar con las comunidades y recibir respaldo político cuando sus misiones imponen exigencias mayores. A la inversa, una confianza elevada puede convertirse en un capital reputacional valioso que aporta a la valorización de la defensa, pero también, en una carga si se traduce en expectativas que exceden las misiones constitucionales de las instituciones. La percepción, en este sentido, complementa la evaluación técnica de capacidades, doctrina y presupuesto, por cuanto determina el margen social y político dentro del cual una Política de Defensa, como política de Estado, puede desplegarse, sostenerse y corregirse.

Chile ofrece un caso particularmente interesante para examinar esta relación. El país conserva una base democrática relativamente sólida y una institucionalidad de defensa con tradición de subordinación al poder político, profesionalismo y continuidad. Al mismo tiempo, enfrenta una demanda ciudadana muy intensa de seguridad, una percepción manifiesta de vulnerabilidad frente al delito, y un debate político en el que la respuesta estatal a la criminalidad ocupa un lugar central. En ese contexto, la confianza en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no puede leerse como un dato aislado, debe situarse en la intersección entre legitimidad democrática, capacidad estatal percibida, seguridad ciudadana y límites institucionales.

A partir de estas ideas los últimos estudios sobre percepción ciudadana adquieren particular interés. Estos provienen de tres fuentes de trayectoria y reconocimiento internacional. El primero, es el informe 2026 de Latinobarómetro que aplicó 19.207 entrevistas presenciales en 17 países de América Latina, con una serie histórica que se remonta a 1995. El segundo es el Americas Barometer 2026 (LAPOP Lab de la Universidad de Vanderbilt y CDG), que reunió 25.282 entrevistas en 21 países; este permite hacer comparaciones válidas, entre estos y en el tiempo, mediante un cuestionario común y procedimientos estandarizados. El tercero es la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe, publicada en noviembre de 2025, que cubre diez países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros). Este último interesa porque examina no solo los niveles de confianza, sino los factores que los explican, por ejemplo, la integridad, la capacidad de respuesta, el trato justo y la percepción de voz ciudadana. Estas tres fuentes no son intercambiables. Sus coberturas, períodos, escalas y formulaciones difieren. Precisamente por ello, su uso conjunto permite triangular hallazgos y evitar conclusiones prematuras.

A nivel regional, el punto de partida es una recuperación moderada del apoyo democrático. Latinobarómetro registra que la preferencia por la democracia alcanzó 52% en 2026, cifra que se mantiene respecto de 2024 y supera el 48% de 2023. El Americas Barometer 2026 confirma una tendencia similar, al documentar un aumento del apoyo democrático en casi todos los países encuestados, asociado a mejoras en las condiciones económicas, alimentarias y de seguridad percibida. Esta recuperación no equivale a una consolidación plena, convive con una elevada disposición a aceptar gobiernos no democráticos si resuelven los problemas, y con una demanda persistente de respuestas efectivas frente a la inseguridad. La democracia latinoamericana, en este sentido, no enfrenta principalmente una crisis de rechazo ideológico, afronta una prueba de desempeño.

Chile se ubica en la parte alta de ese espectro. Latinobarómetro registra 63% de apoyo a la democracia en el país, frente a 61% en 2024, un aumento de dos puntos que debe interpretarse con cautela estadística, pero que confirma una posición de estabilidad más que de transformación. La distancia con países como Brasil, que registra 41%, o Ecuador, con 43%, es considerable. Perú, con 53%, muestra un aumento de nueve puntos respecto de 2024, en un contexto de crisis política prolongada y cambios de gobierno. Esto no significa que Chile sea inmune a la erosión democrática. Muestra que parte desde una base más alta y que su desafío consiste en preservar ese capital, no en recuperarlo desde niveles bajos. Por otra parte, la comparación con Brasil, Perú y Ecuador ilustra la heterogeneidad regional; asimismo, estos contrastes dan cuenta que el apoyo a la democracia no sigue una lógica lineal de desarrollo económico o de alineamiento ideológico, depende de trayectorias nacionales, ciclos políticos y capacidad de los gobiernos para responder a demandas concretas.

En el caso chileno, un antecedente relevante es la relación entre legitimidad democrática y percepción de seguridad. Latinobarómetro registra que 68% de los chilenos considera que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico, la proporción más alta de los países medidos. Al mismo tiempo, 73% declara preocuparse todo el tiempo o casi todo el tiempo por llegar a ser víctima de un delito, frente a 60% regional. Estos indicadores no miden directamente la tasa de criminalidad ni la eficacia operativa de las instituciones de seguridad. De hecho,  miden percepción, y esa impresión tiene consecuencias políticas propias.

Un país puede registrar mejoras en ciertos indicadores objetivos y, aun así, mantener altos niveles de temor si la experiencia cotidiana, la cobertura mediática o la presencia de redes criminales alimentan la sensación de vulnerabilidad. En ese escenario de alta vulnerabilidad percibida, las FF. AA. corren el riesgo de ser convocadas como un símbolo de fuerza y capacidad estatal, aun cuando sus misiones constitucionales y su doctrina no estén orientadas primariamente a las tareas de seguridad interior. Pese a ello, a veces el impulso  político es responder con despliegues visibles, retórica de firmeza o ampliación de funciones militares. La pregunta estratégica no es si las FF. AA. pueden o deben colaborar, es en qué condiciones dicha participación es indispensable, bajo qué marco, y cómo afecta sus capacidades de disuasión y de acción como fuerza militar.  También es importante  considerar, en particular cuando se trata tareas que se extienden en el tiempo, si fortalece o puede erosionar la institucionalidad democrática.

En cuanto a la confianza en las instituciones el informe Latinobarómetro muestra que las FF. AA. chilenas están en segundo lugar de mayor confianza en la región con un 59%; El Salvador, en primer lugar, alcanza un 73%. Con respecto al promedio regional el texto señala que “Todas las instituciones medidas, con la excepción de la Iglesia, tienen una confianza inferior al 50%, siendo la radio y las FF. AA. las que se ubican en segundo lugar con el 43%. En último lugar están los partidos políticos con el 15% de confianza”(p. 24).

La encuesta de la OCDE aporta otra clave para este análisis. En los seis países donde se midió la confianza en las FF. AA. el promedio alcanza un 55%, siendo superior a la confianza interpersonal que llega a 50%, y, en la policía, que se ubica en un 44%. Esta encuesta muestra, además, que la confianza se asocia con la percepción de voz y respuesta. Solo el 25% de los encuestados considera que tiene voz en las decisiones públicas, y el 36% cree que el gobierno rinde cuentas ante el Congreso. Si bien estos datos no miden directamente a las FF. AA., pero revelan el entorno institucional en que estas operan. Si la ciudadanía percibe que el Estado no escucha, no responde o no es transparente, la confianza en instituciones dependientes puede verse afectada, incluso cuando su desempeño sea razonable. Para la defensa, esto implica que la comunicación estratégica, la transparencia y la rendición de cuentas no son solo indispensables, son componentes de la legitimidad.

En todo esto lo central es tener en cuenta que la percepción de las FF. AA. debe gestionarse; no basta con medir confianza de manera periódica. Es necesario entender qué la sostiene, qué la erosiona y cómo se relaciona con la demanda de seguridad y con las funciones propias de la defensa. En Chile, la combinación de alta confianza relativa, alta preocupación por el delito y demanda de “mano dura” configura un escenario donde la tentación de recurrir a las FF. AA. como respuesta visible será persistente.

La experiencia comparada sugiere que la confianza hacia las instituciones armadas es un activo frágil. Se construye lentamente, mediante profesionalismo, relaciones civiles militares en el marco institucional, y coherencia entre el discurso y la práctica. Se erosiona rápidamente cuando son utilizadas para fines políticos, cuando surgen conductas impropias de sus integrantes, o cuando se le asignan misiones que exceden sus capacidades o su mandato.

La percepción ciudadana es una variable que permite medir el equilibrio entre desempeño, legitimidad y control democrático. De allí que el desafío no es maximizar la confianza en las FF. AA. sino contribuir a ese equilibrio. Cuando la confianza se sostiene sobre el desempeño, la transparencia y el respeto a los límites institucionales y legales, fortalece la Política de Defensa. Cuando se construye sobre la promesa de soluciones mágicas o sobre la erosión de los contrapesos, se convierte en una vulnerabilidad. Saber distinguir entre ambas dinámicas es tarea de la conducción estratégica.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Publicidad