A juicio de la orden, el profesional faltó al «deber de honradez y buena fe que debe guiar el obrar de todo abogado», y estableció como «un hecho comprobado» que usó en su beneficio y de sus clientes la información que recibió como asesor del Gobierno para identificar a los herederos del diario Clarín.
El Colegio de Abogados, por 13 votos a favor y una abstención, suspendió por cuatro meses los derechos de asociado de Enrique Testa Aruesta, por haber obtenido beneficios personales por 1.600 millones de pesos durante la indemnización que el Estado pagó a los herederos de la Sociedad Periodística y Publicitaria de Chile, propietaria del diario Clarín que fue incautado durante el régimen militar.
A juicio de la orden, el profesional faltó al «deber de honradez y buena fe que debe guiar el obrar de todo abogado», y estableció como «un hecho comprobado» que usó en su beneficio y de sus clientes la información que recibió como asesor del Gobierno para identificar a los herederos del diario Clarín.
Según publica El Mercurio, los cuestionamientos al interior del Colegio fueron presentados por el diputado DC Gabriel Ascensio, quien objetó la participación de Testa en el juicio, porque había sido contratado por el gobierno en 1998 para elaborar un informe sobre los herederos.
«Fuera de recibir los honorarios que correspondían, utilizó la referida información para colaborar en la organización de un grupo de personas interesadas en ejercer derechos económicos en contra del mismo Estado chileno que le había encargado precedentemente el estudio», señala el fallo.
Según el Colegio de Abogados, cuatro meses después de entregar el informe al gobierno el yerno de Testa, Isidoro Gorodisher Rapaport, y Ronald Boulton crearon la sociedad Aninsa, que representó a los herederos González Celis en el cobro de la herencia.
Cinco días después uno de los herederos entregó un 40 por ciento de sus derechos a la sociedad y, según consigna el fallo, Testa no oficializó su ingreso a Asinsa hasta el 3 de mayo de 2002, dos meses antes de que la Contraloría determinara los pagos.
Por este caso, el Estado chileno enfrenta una demanda internacional interpuesta por Víctor Pey y la Fundación Salvador Allende, patrocinada por Joan Garcés, por 515 millones 193 mil 400 dólares por la confiscación de los bienes de la editora del diario Clarín.
Pey ha impugnado la cancelación a los herederos chilenos, y afirma que el antiguo dueño de Clarín, Darío Saint-Marie (Volpone) le habría vendido todas las acciones de la empresa.
Agencia La Plaza Digital
