El rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, reiteró que el Estado debe comprometerse económicamente con la universidad para que el plantel pueda continuar adelante con sus proyectos de desarrollo, en momentos en que arrecian los cuestionamientos a la venta de servicios universitarios.
No sólo se habló del rol de los medios de comunicación en la ceremonia conmemorativa de los 50 años de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En la ocasión, el rector Riveros abordó el difícil momento que está viviendo el plantel, en medio de procesos judiciales que involucran a autoridades y académicos en eventuales contratos irregulares suscritos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En esa línea, la autoridad aprovechó el aniversario del medio siglo que cumplió la primera escuela formadora de periodistas profesionales del país, para hacer notar la falta de apoyo que le brinda, actualmente, el gobierno.
Según Riveros, el Estado debería hacerse responsable por la conducción de la educación superior del país y no escudarse en la fórmula: «vea usted como puede financiarlo para salir adelante».
"El Estado chileno fue, históricamente, distinto. Enfrentó los retos de manera distinta y nosotros reclamamos por eso hoy: que el Estado tenga respuestas distintas, proactivas, para seguir desarrollando la tarea que ha cumplido para el país a los largo de su historia", remarcó.
El duro mensaje de la máxima autoridad universitaria se dada en los momentos en que la Casa de Bello enfrenta serios cuestionamientos por la metodología que ha empleado en los últimos años para paliar el «abandono presupuestario» del fisco: la venta de servicios.
En este contexto, la justicia está investigando las eventuales irregularidades que contendría una serie de contratos firmados por organismos de la universidad -entre ellos el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade)- con MOP, que son objeto de sendas investigaciones judiciales encabezadas por la ministra en visita del caso Gate, Gloria Ana Chevesich, y el titular del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera.
Uno de los argumentos que se ha esgrimido para fundamentar el fuerte vínculo de la universidad con empresas públicas y privadas ha sido, precisamente, la falta de recursos del plantel para financiar planes y programas. Actualmente, el Estado solo financia el 23 por ciento del presupuesto total de la principal universidad pública del país que supera los 130 mil millones de pesos.
Para tratar estos temas creó, la semana pasada, una comisión encargada de evaluar la eficiencia con que se utilizan los recursos públicos, las funciones en el ámbito de la docencia y la investigación, y los incentivos para que las universidades públicas trabajen en la dirección de las prioridades estratégicas del país.
Los acuerdos que emanen de este grupo de trabajo -en que participarían parlamentarios, representantes de la Universidad de Chile y del Ministerio de Educación (Mineduc)- podrían traducirse en la modificación legal de los estatutos de esa casa de estudios. Solicitud que, paradojalmente, se ha formulado en más de una ocasión desde que se recuperó la democracia.
Preocupación versus críticas
Las palabras de Riveros tuvieron eco en el Mineduc. La jefa de la división de Educación del Ministerio de Educación, Pilar Armanet planteó que "nuestra preocupación como ministerio y el Consejo de Rectores, es constante por todas las universidades y en especial por la Universidad de Chile".
A los alumnos de la Casa de Bello también les preocupa la actual situación por la que atraviesa su alma mater. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Julio Lira, planteó que "los problemas de autofinanciamiento han llevado al plantel a endeudarse y a buscar mecanismos para generar ingresos que pueden llevar a ilícitos".
Añadió que tanto el presidente Lagos, como el ministro de Educación, Sergio Bitar "no se pronuncian claramente para solucionar esta situación que tienen a gran parte de las universidades en una crisis casi irreversible".
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