Un contrato, firmado en septiembre de 2002, incluía originalmente pagos por asesorías, probablemente a los seremis. Al final, sólo se ejecutó la idea de entregar capacitación a través de un diplomado impartido por el Ciade, pero algunos sobresueldos se pagaron.
Entregar beneficios monetarios por concepto de asesorías era uno de los objetivos iniciales del convenio suscrito en septiembre de 2002 entre el MOP y la Universidad de Chile y en el cual pusieron su firma el actual ministro Javier Etcheberry y el rector Luis Riveros.
Los dineros, probablemente, iban a ir a parar a manos de los seremis de Obras Públicas, al igual que en la mayoría de los contratos suscritos por el MOP que hoy son cuestionados por la justicia.
Un afortunado retroceso, sin embargo, hizo que la idea original sólo se concretara en una de sus partes, dejándose de lado el pago por «asesorías» y entregándose efectivamente capacitación a estas autoridades regionales de Obras Públicas y a los directores de servicio a través del diplomado Gestión Estratégica Regional en Infraestructura.
Aun cuando se dejó a un lado a los seremis del pago de suples, otros funcionarios del MOP recibieron sobresueldos por esta vía, pero sólo se trataría de dos personas, con lo que el convenio dejó de tener el sentido original.
El contrato, incautado por la ministra en visita Gloria Ana Chevesich, fue supervisado directamente por la subsecretaría de Obras Públicas y sería el más importante documento vinculado al Ciade en manos de la magistrada que posee la firma de Etcheberry.
El convenio tuvo un costo aproximado para el MOP de 300 millones de pesos y benefició a 48 personas, pues el diplomado de seis meses no sólo fue cursado por los secretarios regionales ministeriales sino también por los directores de servicios de Obras Públicas en todo el país.
Riveros dictó cátedra
El curso de capacitación comenzó a ejecutarse en julio de 2002 y terminó en diciembre de ese año, con una graduación en la Casa Central de la Chile.
El propio Rector Riveros -quien no habría recibido honorarios por este concepto- y el ex presidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima, impartieron cátedra en el diplomado, que contemplaba clases presenciales y a distancia, mediante el método E-Learning.
Pero los términos del convenio -que fueron formalizados dos meses después de que comenzaran a ejecutarse materialmente con la dictación de las clases- incluían originalmente capacitación y como contraparte, asesorías que, posiblemente, realizarían los propios seremis que estaban capacitándose.
Por un hecho aún no del todo claro -que podría vincularse a la falta de presupuesto o, bien, a una previsión de Etcheberry de que el tema podría traer problemas- el capítulo de las asesorías no se incluyó finalmente, aun cuando ya había un equipo diseñando cómo organizar el trabajo.
El programa, señalan distintas personas que tuvieron conocimiento del tema, entre ellos un seremi, dejó contentos a todos los participantes, a pesar de que ellos mismos debieron costearse los gastos que implicó viajar desde regiones a Santiago para participar en los talleres presenciales.
Por persona, el costo del programa de seis meses fue de más de seis millones de pesos, estando hasta el último peso acreditado, según señalan en la U.
La explicación para tan alta cifra proviene de otro de los términos originales del convenio, que era la posibilidad de ampliar la prestación de servicios por más de un año, razón por la cual, se dijo, la Casa de Bello contempló una inversión de recursos superior a la que finalmente se habría hecho necesaria si se hubiese sabido que el contrato operaría de la forma como finalmente se ejecutó.
El cambio de planes ha significado para el actual ministro de Obras Públicas y Transportes mantenerse por ahora fuera de la eventualidad de ser cuestionado judicialmente por las triangulaciones efectuadas por el MOP para el pago de beneficios monetarios adicionales a funcionarios de la cartera.
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