La Contraloría General de la República rechazó las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano aprobada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, que permitía el uso urbano de zonas rurales destinadas, previamente, a actividades agrícolas.
Un fuerte revés recibieron la Intendencia Metropolitana y el Ministerio de la Vivienda, principales impulsores de los cambios al Plan Regulador de Santiago. La Contraloría consideró que la medida se "aparta del sistema legal vigente en materia de regulación y desarrollo de las áreas rurales".
El Consejo Regional de Medio Ambiente había aprobado en diciembre del año pasado el nuevo Plan Regulador Metropolitano, donde se establecía una modificación que contrariaba lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que impide la construcción en las áreas rurales circundantes a áreas urbanas. De esta manera, queda sin efecto la iniciativa del gobierno que permitía aumentar el territorio urbano en 90 mil hectáreas de las zonas silvoagropecuarias de las comunas de Quilicura, Pudahuel, Maipú, Calera de Tango, San Bernardo, La Pintana, Pirque, Lampa, Colina y Tiltil.
Ante el rechazo de la Contraloría, el consejero regional Pedro Saitz, dijo "estar tranquilo y contento porque se ha hecho justicia", agregando que "estábamos confiados en que la Contraloría rechazaría la modificaciones, pues violaba la ley Medioambiental y General de Urbanismo y Construcción".
Saitz también dijo que espera que próximas modificaciones al Plan Regulador o iniciativas sobre la expansión de la ciudad, sean desarrolladas en concordancias con los municipios pues los afectan directamente.
El coordinador del Movimiento «Acción Ecológica», abogado Luis Mariano Rendón, calificó de "triunfo" el rechazo de la Contraloría General de la República, y expresó que "es una gran noticia para los cinco millones de habitantes de la Región Metropolitana, los que no verán incrementados los impactos que genera toda expansión urbana".
Rendón agregó que "Acción Ecológica" estudia acciones legales contra el Intendente Marcelo Trivelli, ya que la ley sanciona "a las autoridades que dictan resoluciones ilegales a sabiendas, y que este era precisamente el caso, pues tanto a él como a Ravinet les habían advertido de la ilegalidad que conllevaba su propuesta de expansión urbana".
De paso, también pone coto a la polémica que enfrentó al Ministro de Vivienda y Urbanismo Jaime Ravinet, y el Intendente, Marcelo Trivelli, con agrupaciones ecológicas que se oponían a las modificaciones del plan. En esta disputa, Adriana Hoffmann renunció a la dirección de la Conama, en protesta con las modificaciones que se introdujeron al Plan Regulador.
La modificación impulsada pretendía legalizar la construcción de proyectos fuera del límite urbano en áreas rurales, que superaran la superficie de 300 hectáreas, con una densidad promedio de 85 habitantes por hectárea. Según la Contraloría, esta disposición infringe el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde se establece que pasado el límite urbano del Plan Regulador "no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones", salvo aquellas relacionadas con la explotación agrícola o para viviendas del propietario del inmueble. O bien, para conjuntos habitacionales de viviendas sociales o hasta de un valor de UF 1.000 que cuenten los requisitos para obtener el subsidio del Estado.
Además, el nuevo Plan Regulador Metropolitano violaría, según las ONG ecológicas, la medida Miotr 9 del Plan de Prevención y Descontaminación de Santiago, que señala que la Secretaría Regional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá cautelar que se cumpla exactamente la ley que impide las modificaciones, el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.
La resolución -que fue comunicada a través del dictamen N° 17.018, del 28 de abril recién pasado- pone fin a una polémica que se extendió por casi tres años y que enfrentó a organizaciones ecologistas con reparticiones públicas, como el Minvu y la Intendente Metropolitana.
El conflicto también ha llegado a los tribunales de Justicia, a través de querellas interpuestas por ex autoridades de gobierno en contra de dirigentes ecologistas que los han acusado de estar involucradas en negocios inmobiliarios, como es el caso del ex-ministro de Vivienda Sergio Henríquez.
Según los impugnadores, de aprobarse la expansión de Santiago también se provocaría un aumento de la contaminación atmosférica al crecer los viajes motorizados en una ciudad más extendida.
Asimismo, según Rendón, el fallo de Contraloría es "una buena noticia para la agricultura chilena, que no verá peligrar 90.000 hectáreas de las mejores tierras de cultivo del país". Pero, ironizó, esta es también una pésima noticia para los "especuladores inmobiliarios, los que gracias a Ravinet y Trivelli, pensaban que ya tenían en el bolsillo grandes ganancias, obtenidas con la multiplicación del valor de los terrenos que adquirieron previamente a precios muy bajos".
Patricio Herman de la Agrupación «Defendamos la Ciudad», sostuvo que «a la luz de lo que estamos observando, esperamos que el Presidente de la República revise la conveniencia de mantener en su cargo a Trivelli, por su liviano comportamiento como intendente, ya que no es la primera vez
que comete ilegalidades, teniéndose en cuenta que la resolución ‘errónea’ -usando el lenguaje del gobierno- fue firmada por él, a sabiendas que violaba la ley de vivienda y urbanismo".
