Senadores cuestionan vigencia del Estado de Derecho en la Araucanía

Cuatro a uno fue la votación que selló, en la sala de la comisión de Constitución del Senado, el informe de más de 80 hojas que cuestiona el orden público y el Estado de Derecho en la zona del conflicto mapuche.



El documento, al que El Mostrador.cl tuvo acceso exclusivo es extremadamente duro y claro: «la comisión pone de manifiesto su profunda preocupación por encontrarse gravemente afectada la vigencia del principio de la seguridad jurídica, en las regiones del Bío-Bío y La Araucanía, como elemento esencial para la protección de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución Política, que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen étnico o lugar de su residencia».



El texto está redactado con el voto de mayoría de los senadores Andrés Chadwick (UDI), Alberto Espina (RN), los designados Enrique Silva Cimma (PRSD) y Marcos Aburto. Sólo resta agregarle el voto de minoría del senador DC Rafael Moreno -quien lo entregará el próximo martes- o alguna modificación que algún miembro de la instacia desee hacer.



Un dato interesante es que se utiliza la expresión «principio de la seguridad jurídica» -que no existe en el orden jurídico- entelequia de menor impacto político por el que se optó para no decir, directamente, que no hay certeza de que el Estado de Derecho se aplique en la zona del conflicto.



Pero eso no es todo. El documento destina varios párrafos a analizar la ley sobre protección, fomento y desarrollo indígenas y a la creación de la Conadi, y luego a afirmar que desde el ’90 se han buscado fórmulas destinadas a reconocer en la Constitución el aporte de las etnias en la formación de Chile.



También sostiene que este grupo tiene su lugar en nuestro Estado de Derecho, pero sin embargo, el informe considera «imperiosa» la intervención de las policías en la zona, «para garantizar el imperio del Derecho», debido a las infracciones a «la legalidad penal, de la seguridad pública y del orden público que redundan en incendios, destrucción de inmuebles».



A renglón seguido los senadores manifiestan que «el Estado y su administración renuentes o débiles en la guarda de la legalidad penal, de la seguridad pública y del orden público, permiten, con tal renuencia o debilidad, una infracción al principio de imperio del Derecho que pone cuestión el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, genera las responsabilidades políticas, constitucionales, administrativas y civiles o patrimoniales que la legislación prevé».



Crítica a las policías



De esta forma, los legisladores cuestionan el accionar de las policías y sostienen que algunos de los actos cometidos se suscitan por la ausencia de fuerza pública o bien porque ésta actúa a destiempo o, por último, en muchas ocasiones ante la flagrancia de los delitos, no actúa y procede a la detención transitoria.



«Es una falta imputable, no imputable a las Fuerzas de Orden, sino en cuanto instituciones dependientes de la autoridad de Defensa y Gobierno Interior, que resulta en rigor, imputable a los ministerios sectoriales«.



Luego, agregan: «Es posible sostener que la infracción de principios constitucionales y legales de la función pública administrativa importa la comisión de delitos administrativos disciplinarios, que pueden ser objeto de denuncia a la Contraloría General de la República, para instar a un procedimiento disciplinario o para obtener del organismo un dictamen acerca de las misiones de los ministerios sectoriales y Fuerzas de Orden, todo ello en relación a la infracción del principio del Derecho».



Ahora bien, según fuentes de la comisión, no es posible que a partir de este informe se pueda acusar constitucionalmente al ministro del Interior por notable abandono de deberes, pues «no se le puede imputar a un Secretario de Estado que sea culpable de todo eso».



En todo caso, el gobierno, más específicamente el ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, ya tienen en sus manos el borrador del polémico documento.



El penúltimo párrafo del voto de mayoría, manifiesta la preocupación de los legisladores por la eficacia de las políticas públicas sobre protección y desarrollo de los mapuches, así plantea la necesidad de introducirles correciones para asegurar su eficacia.

Moreno: No tenemos facultades para investigar



Tan duro como es el voto de mayoría lo es el de minoría respecto del accionar de la instancia legislativa en esta materia. De hecho, el senador Rafael Moreno comienza su argumentación de cuatro puntos señalando la comisión de Constitución del Senado no puede arrogarse facultades que la Constitución no le otorga, pues esta Corporación no tiene facultades investigadoras como sí las tiene la Cámara de Diputados.



Moreno sostiene que el problema de mapuche se debe a que un pequeño grupo que, producto de la pobreza, desarrollan un caldo de cultivo para plantear por la vía violenta demandas de la comunidad.



Asimismo, lamenta que tanto en la discusión como en la votación de las reformas constitucionales, los mismos senadores que plantean el tema de la «seguridad jurídica», se hayan negado a reconocer, constitucionalmente, la existencia de los pueblos originarios y hayan rechazado la aprobación del convenio 161 de la OIT, que fue firmado previamente por el gobierno chileno, pero que no pasó en el Congreso.



Y si bien el legislador DC reconoce y adhiere a lo que significa la defensa en la que se ven las personas que sufren estos actos, deja constancia que el gobierno ha cumplido su deber, al igual que la policía y el Ministerio Público. Asimismo, afirma que la inmensa mayoría de los hechores están detenidos y que la gran mayoría de los mapuches rechaza la violencia.



Por último, el senador afirma que el pueblo mapuche, anterior a estos actos, ha reivindicado sus demandas por tierras y por la discriminación.



Así señala que no comparte la afirmación de quienes -refiriéndose a los demás miembros de la comisión-, han sostenido que la violencia se ha generado debido a que el Estado no garantiza el Estado de Derecho y el bien público.



La exposición del gobierno y de la Fiscalía



El primer antecedente del informe es la intervención del ministro del Interior, quien aseguró a la comisión que el problema mapuche está focalizado, pues del total de 2.500 comunidades sólo el 2,4 por ciento ha participado en hechos ilícitos. Y que si bien una parte importante de la etnia está contra la violencia, los grupos aislados actúan sobre la base de reivindicaciones de tierras, de pobreza, representación política, etc.



Además, afirmó que las tasas delictuales en la zona son inferiores a las de las otras regiones del país, pero que los titulares de la prensa proyectan una sensación muy diferente. En este sentido, se refirió a una inserción publicada por empresarios de la Araucanía «basada supuestamente en información policial», donde los privados consignan para estos meses (enero del 2000 y octubre del 2001) un número de 61 incidentes, mientras que Carabineros informan la ocurrencia sólo de 28.



Tras refirirse a las diversos programas y grupos de trabajo que el gobierno ha creado para abocarse al sector, dijo que frente a los hechos ilícitos, la línea de La Moneda es la acción policial inmediata para combatir los delitos. Así informó sobre los 40 detenidos en los últimos meses y que en la Octava región los gobernadores de Arauco y de Bío Bío han presentado seis denuncias por incendios, una querella criminal por homicio frustrado y un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Concepción por infracción a la ley Antiterrorista.



En tanto, el Novena Región, el gobernador de Malleco presentó dos querellas criminales por incendio, otras por usurpación e incendio.



Por último, indicó que se han tomado nuevas medidas en el ámbito policial y que el contingente policial aumentó porque el Ministerio Público hace más uso de él, puesto que el conflicto mapuche no ha generado un incremento sustantivo de los delitos en la región de la Araucanía.



Por su parte, la fiscal regional de la región, Esmirna Vidal, señaló que hay una total de 83 denuncias agrupadas en 57 investigaciones, que hay 49 casos vigentes, 8 terminados, 95 personas formalizadas, 16 actualmente en prisión preventiva, 40 que han estado en prisión preventiva, 22 con orden de aprehensión pendiente, 13 condenadas y 11 declaradas rebeldes.



En cuanto al desempeño de las labores de la fiscalía, dijo que progesivamente han ido superando las dificultades generadas por las características geográficas de la zona, la especial naturaleza del conflicto mapuche y la puesta en práctica del nuevo sistema penal.



Sala del Senado deberá conocer el informe



El estudio del conflicto en relación al orden público y la seguridad ciudadana fue un mandato que la sala del Senado le dio a la comisión el 20 de marzo del 2002. Sin embargo, ese mismo día en la mañana, Espina había planteado en la comisión que desde hace un tiempo se venían sucediendo múltiples hechos de violencia en las regiones Octava y Novena, las que responden a una estrategia diseñada, ejecutada, financiada y publicitada por organzaciones que persiguen crear artificialmente y por la vía de la fuerza, una situación que pone en riesgo la unidad nacional, la seguridad pública y la continuidad territorial del país.



En este sentido, dijo que observaba «en las autoridades regionales y nacionales una actitud tolerante, al punto que, afirmó, cabe preguntarse si en la zona existe realmente Estado de Derecho».



Ahora bien, el mandato que la sala le dio a la comisión establece que este texto es previo al debate que se podrá realizar en la sala sobre la materia -que fue recomendado en el informe-, y del cual se puede generar un proyecto de acuerdo. Pero el texto de la comisión no se debería votar.