En las negociaciones de hoy, los abogados de las comunidades indígenas cuentan con un arma de presión que no podrá ser soslayada por las autoridades ni por Endesa: la anulación del Estudio de Impacto Ambiental -dictaminado por los tribunales- que dejó abiertas las puertas para la presentación de una medida precautoria de paralización de las faenas. Además, de llegar a un acuerdo, exigirán que sea rubricado ante la CIDH.
Este mediodía, nuevamente, el gobierno sostendrá un reunión con los representantes de las familias pehuenches que se oponen a la construcción de la represa Ralco, en la Octava Región. El encuentro, definido como crucial, tiene el propósito de concordar una salida definitiva a una controversia que se ha prolongado por años.
Sin embargo, las negociaciones se ven difíciles para el gobierno ya que los pehuenches cuentan con un arma de presión que no podrá ser soslayada por las autoridades ni por los representantes de Endesa: la anulación del Estudio de Impacto Ambiental -dictaminado por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, el 15 de mayo pasado-, que dejó abiertas las puertas para la presentación de una medida precautoria de paralización de las faenas, en el caso de que la empresa no acepte los montos exigidos como reparaciones.
Entre los puntos álgidos de la discusión está el concordar en el número de familias indígenas que deberán ser "indemnizadas" con 200 millones de pesos y predios de 77 hectáreas de extensión. Según Endesa los grupos familiares que todavía no han recibido los beneficios son solo cuatro, número que, para los pehuenches alcanza a 14.
Otro de los puntos que se deberá abordar en la cita hoy es el referido a la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para que se "congelaran" las tasaciones que venía realizando la "Comisión de Hombres Buenos" en terreno. Presentación que fue acogida, en diciembre de 2002, por el organismo internacional. Según el abogado de las familias, Roberto Celedón, la demanda será analizada "punto por punto" y solo sería retirada si se llega a un acuerdo en las compensaciones económicas.
Celedón aseguró que en la cita los abogados de las familias negociarán sobre la base de estos dos planos. "La impugnación del Estudio de Impacto Ambiental y la demanda ante la CIDH están estrechamente ligadas, porque uno de los fundamentos de ésta incluye que, de ser acogida, la demanda para anular el estudio ambiental de todas maneras debía seguir su curso judicial".
El abogado agregó que en el caso de que se arribe a una solución con Endesa, ésta debería ser rubricar ante la CIDH, organismo que les entrega las garantías necesarias para confiar que los eventuales acuerdos económicos, políticos y sociales, serán satisfechos por la empresa eléctrica.
Solución rápida
Para el gobierno, el arribo a una solución satisfactoria para las partes es un asunto urgente. Un acuerdo rápido no sólo bajaría la presión al conflicto indígena, sino que permitiría continuar la construcción de una central hidroeléctrica diseñada para cubrir parte del aumento en la demanda energética que experimentará el país en los próximos años.
Los otros acuerdos
Alex Quevedo, el abogado que presentó la demanda de impugnación del Estudio de Impacto Ambiental, afirmó que a sus representados no les basta con las reparaciones económicas, sino que aspiran a que también se satisfagan "todas" las demandas de la comunidad y las referidas a la preservación del medio ambiente.
Entre las aspiraciones de las comunidades pehuenches, destaca el que se les permita desarrollar proyectos de ecoturismo en la futura laguna Ralco, para lo que solicitan que la fluctuación de la cota del lago artificial llegue solo a cinco metros y no a 33 como plantea Endesa en el Estudio de Impacto Ambiental.
Otro punto en suspenso se refiere a la reparación a la comunidad, para lo que solicitaron que Endesa la entrega del 2 por ciento de las ventas futuras, lo que fue rechazada por la empresa, proponiendo, en cambio, el pago a la Fundación Pehuén de solo 9 mil Unidades de Fomento anuales hasta el 2010 y seis mil a partir de ese año.
Oferta que fue considerada un "engaño" por los representantes de las familias, quienes afirman que dichas cifras estaban estipuladas en la memoria anual de 2001 de la Fundación Pehuén -creada por Endesa- y que eran conocidas, incluso, por las corporaciones financieras internacionales ligadas al proyecto.
También, las familias solicitan el traslado de las oficinas comerciales de las centrales Ralco y Pangue hasta Santa Bárbara y, luego, a la futura comuna de Ralco, para que el pago de las patente comerciales -que ascendería a unas 8 mil Unidades Tributarias Mensuales- beneficien a dichas comunidades, lo que también fue rechazado por Endesa.
Dado el complicado panorama, los más optimistas esperan que en la reunión de hoy se avance, al menos, en aquellos puntos que permitan mantener abierta las puertas de las negociaciones y que la cita tripartita no concluya con un nuevo portazo.
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