La garantía será liberada cada vez que no haya equilibrio entre ingresos y costos. Durante los primeros meses de operación del plan funcionará, de hecho, como una subvención a la operación del plan pues, según reconocen en el Gobierno, el Estado deberá solventar pérdidas durante al menos medio año.
Evitar el fracaso de la reforma al transporte por falta de oferentes. Éste fue el primer objetivo del Gobierno al aprobar más de US$600 millones anuales en garantías para los inversionistas de Transantiago, que también serán utilizadas, al menos temporalmente, como una subvención para el nuevo plan.
Tras meses de discusión entre los ministerios Transportes y Hacienda, el presidente Ricardo Lagos autorizó, finalmente, disponer de un monto promedio mensual de US$ 50 millones para que, en caso de desequilibrio entre los ingresos y los costos del sistema, o bien en caso de un aumento relevante de los costos de los factores de producción, los inversionistas no experimenten pérdidas considerables, gracias a estos fondos fiscales.
Según reconocieron fuentes de Gobierno, la idea de esta medida extraordinaria es disipar los temores y dar confianza a los inversionistas a la hora de definir su participación en la licitación de las vías de Transantiago, de manera de no dejar desierto ninguno de los seis troncales y diez alimentadores que serán concesionados este año.
El segundo objetivo del Ejecutivo es generar competencia en cada unidad de negocio a concesionar, evitando así lo ocurrido en la licitación de las estaciones de intercambio intermodal de Quinta Normal y La Cisterna, donde sólo hubo una oferta.
A la presentación de ofertas técnicas para estas estaciones (donde convergerán tanto los servicios de Metro como los buses de Transantiago y los taxis colectivos que funcionarán con la reforma) sólo acudió el consorcio español Estaciones Metropolitanas, constituido por la empresa de transporte Alsa y la constructora Acsa Agbar, el 31 de diciembre pasado. Esto significa que si esta compañía pasa los requerimientos técnicos considerados en las bases, su precio por ofrecer el servicio será el que tendrá que pagar el sistema.
El motivo de los esfuerzos gubernamentales por fomentar la competencia es que en la licitación de Transantiago una mayor oferta derivará en un pasaje más barato para la población. En caso contrario, todos los santiaguinos deberán pagar un pasaje más alto cada vez que tomen una micro.
Entre la garantía y el subsidio
Lo que oficialmente ha sido definido como una garantía de emergencia se convertirá, de hecho, en un subsidio a la operación durante por lo menos seis meses.
Fuentes de Gobierno afirmaron que una vez que comience a operar el sistema, éste tardará varios meses en alcanzar un equilibrio, por lo que el Estado deberá solventar las pérdidas durante un período que podría superar el medio año.
Más aún, el ajuste mensual que tendrán las tarifas de Transantiago, de acuerdo a un polinomio que considera entre sus variables los factores de producción del servicio, abre la puerta para que, apoyándose justamente en el elevado precio de los factores de producción del servicio, la garantía funcione intermitentemente pero durante gran parte del año, de manera de transformarse, finalmente, en un subsidio más estable para el sistema.
De cumplirse este escenario, se estaría frente a un subsidio no reconocido por el Gobierno, una subvención oculta a Transantiago, que se opondría a lo expresado por el propio ministro Etcheberry, quien ha sostenido que no habría auxilios para este nuevo plan, que comenzará a operar el 28 de mayo de 2005.
Los fondos para esta millonaria garantía (o subvención, al menos temporal) provendrán, principalmente, del presupuesto asignado por Hacienda a Transantiago y aunque tienen como objeto todo el sistema, serán repartidos fundamentalmente entre los operadores del sistema, cada vez que sea necesario.
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