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Silva le pasa la pelota a Rabat por rebajas de condenas: “Aplicando el criterio fijado por ministro” PAÍS Agencia Uno

Silva le pasa la pelota a Rabat por rebajas de condenas: “Aplicando el criterio fijado por ministro”

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El subsecretario de Justicia explicó por qué su firma aparece en los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores. Aseguró que actuó como subrogante siguiendo las directrices del ministro y atribuyó las rebajas a obligaciones legales y fallos judiciales.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Luis Silva defendió su participación en las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores y afirmó que, al firmar como ministro subrogante, aplicó el criterio establecido por Fernando Rabat. Sostuvo que fallos de la Corte Suprema obligaron a revertir rechazos y reconoció que el Estado falló con las víctimas. Anunció la suspensión de nuevas solicitudes, el estudio de posibles reversiones y una reforma legal para impedir casos similares.
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El subsecretario de Justicia, Luis Silva, rompió el silencio por la controversia de las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y explicó por qué su firma aparece en algunos de los decretos cuestionados. En su defensa, apuntó al criterio jurídico establecido por el ministro Fernando Rabat, que aseguró haber aplicado cuando le correspondió subrogarlo.

“Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice”, afirmó el exconvencional mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

Silva es una de las autoridades cuestionadas por la oposición, junto con Rabat, debido a los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores. Ambos enfrentan solicitudes de renuncia en medio de la crisis que atraviesa el Ministerio de Justicia.

En su declaración, el subsecretario comenzó reconociendo la indignación que han provocado los casos conocidos durante los últimos días.

“Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condenas conocidas estos días y entiendo el por qué. Se trata de crímenes horribles que involucran no sólo a las víctimas, sino a sus familias. Y con razón hay miedo, angustia y rabia”, señaló.

Luego aseguró que ni él ni Rabat pretendían favorecer la liberación anticipada de los condenados.

“Ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”, sostuvo.

Según explicó, las solicitudes son revisadas por Gendarmería, una comisión de expertos, la respectiva Seremi de Justicia y el Ministerio, dentro de un procedimiento sujeto a la legislación vigente.

Silva afirmó que, al asumir sus funciones, la cartera rechazó solicitudes de rebaja, pero posteriormente recibió sentencias de la Corte Suprema que obligaron a modificar esas decisiones.

“Cuando llegamos a este ministerio rechazamos las rebajas de condenas. Yo mismo firmé varias. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión”, relató.

El subsecretario sostuvo que, en algunos casos, el máximo tribunal consideró que el Ministerio estaba privando ilegalmente de libertad a personas que cumplían los requisitos para acceder al beneficio.

También afirmó que situaciones similares ocurrieron durante la administración de Gabriel Boric, cuando decisiones judiciales obligaron a sus ministros a revertir rechazos de rebajas de condena.

No obstante, Silva reconoció que los procedimientos dejaron desprotegidas a las víctimas, independientemente de las razones jurídicas invocadas para conceder los beneficios.

“El resultado es exactamente el mismo y no había garantías ni de que eran informadas ni escuchadas. En esto, el Estado falló”, admitió.

Respecto de las medidas adoptadas, anunció que el Ministerio suspendió la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena recibidas hasta ahora.

Además, señaló que la cartera estudia si es jurídicamente posible revertir los efectos de los beneficios ya concedidos y que impulsa una reforma legal en el Congreso para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares.

“Cuando el Estado falla no basta con explicar, hay que hacerse cargo, corregir y lo más importante: poner a las víctimas en primer lugar”, concluyó.

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