Javier Couso: “El país tiene derecho a saber qué pasó al interior del Ministerio de Justicia”
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El constitucionalista pidió una comisión investigadora antes de avanzar con una acusación contra Rabat, aunque advirtió que un eventual plan para liberar a violadores de DD.HH. justificaría esa medida. También cuestionó a Luis Silva: “Yo no había visto algo igual en 36 años”.
El abogado constitucionalista Javier Couso advirtió que la crisis por las rebajas de condenas concedidas por el Ministerio de Justicia requiere una investigación exhaustiva antes de avanzar con una acusación constitucional contra Fernando Rabat. Sin embargo, sostuvo que si se comprueba que existió un plan para favorecer la liberación de condenados por violaciones de derechos humanos, habría fundamentos para impulsar esa medida.
En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales cuestionó la falta de transparencia sobre las decisiones adoptadas al interior de la cartera y pidió constituir con urgencia una comisión especial investigadora.
“El país tiene derecho a saber hasta el último detalle qué pasó al interior del Ministerio de Justicia”, afirmó.
Sus declaraciones se producen mientras el Gobierno mantiene su respaldo a Rabat, pese a los cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas a agresores sexuales de menores y a otros sentenciados, incluidos condenados por homicidio y violaciones de derechos humanos.
Según publicó La Segunda, en mayo el ministro se reunió con su equipo jurídico para evaluar cómo proceder después de que el Ministerio rechazara solicitudes de rebaja y recibiera fallos judiciales adversos. Aunque los profesionales le habrían advertido sobre las dificultades de modificar el criterio, Rabat decidió avanzar con el cambio.
Para Couso, esos antecedentes hacen indispensable esclarecer cómo se adoptaron las decisiones y cuáles fueron sus fundamentos.
“A mí, Mirna, me convence de que es un muy mal camino, en general es algo que siempre he creído, acusar antes de saber hasta el fondo todos los antecedentes antes de hacer una acusación constitucional”, señaló.
El constitucionalista sostuvo que una comisión investigadora permitiría citar tanto al ministro como al subsecretario Luis Silva y reconstruir lo ocurrido. También recordó que la comparecencia de Rabat ante la Cámara esta semana se realizó en una sesión especial y no en una comisión investigadora.
No obstante, planteó un escenario que, a su juicio, modificaría sustancialmente la evaluación de las responsabilidades políticas.
“Si ha habido un intento, pongámonos el peor de los casos, que aquí hubo un plan para intentar, por la vía de cambiar la reacción del Ministerio de Justicia ante estas peticiones de rebaja condena, lo que estaban realmente buscando era liberar a los presos de pasadas violaciones de derechos humanos. Si eso se comprueba, eso efectivamente amerita la acusación constitucional contra el ministro”, afirmó.
Couso también abordó el video difundido por el subsecretario Luis Silva, quien explicó que firmó algunos decretos como subrogante siguiendo el criterio establecido por Rabat.
El abogado consideró especialmente grave que una autoridad del propio Ministerio intentara deslindar públicamente su responsabilidad mientras el Presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo al titular de Justicia.
“Yo no había visto algo igual en 36 años”, sostuvo.
A su juicio, la intervención de Silva profundizó la crisis política y comprometió su propia continuidad en el cargo.
“Que el subsecretario aparezca públicamente, no respondiendo a una consulta periodística, sino que deslindando su responsabilidad personal, yo creo que esto hace muy difícil que el gobierno mantenga en su cargo al subsecretario”, afirmó.
Couso interpretó la declaración como una señal de fractura dentro del Ministerio y cuestionó la lealtad institucional del subsecretario.
“Que un subsecretario aparezca dando la imagen de una especie de sálvese quien pueda, de barco en naufragio, creo que le hace un daño inconmensurable al gobierno, demuestra una deslealtad hacia el presidente, ¿para qué hablar al ministro?”, señaló.
En esa línea, sostuvo que si un subsecretario está en desacuerdo con una decisión de su ministro, corresponde que renuncie, en lugar de intentar distanciarse públicamente de ella.
El constitucionalista concluyó que la situación representa una crisis de especial gravedad por el enfrentamiento que, a su juicio, se ha producido entre autoridades de una misma cartera.
“Creo que esto es la crisis política más seria que ha experimentado no solo este gobierno, sino que desde el punto de vista de una lucha fratricida al interior de un ministerio, yo esto no lo recuerdo en 36 años”, cerró.
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