A pesar de las protestas realizadas por los distintos gremios del sector, la Cámara Alta despachó el proyecto de ley que reforma el Ministerio de Salud, instaura los hospitales autogestionados y complementa, o busca complementar, los servicios privados y públicos.
Pese a las monedas que caían desde las graderías de la sala del Senado y a los gritos de los gremios que denunciaban la privatización del sistema de Salud -durante la mañana de ayer- la Cámara Alta aprobó, en horas de la tarde, uno de los ejes de la reforma al sector: la autoridad sanitaria.
Con 22 votos a favor y 18 en contra, la Cámara Alta dejó a un paso de ser ley el proyecto que modifica el decreto ley número 2.763, de 1979. De este modo, a la iniciativa que reestructura el Ministerio de Salud, enfatiza la complementariedad de los servicios privados y públicos y potencia la autogestión de los hospitales, sólo le resta el visto bueno de la Cámara de Diputados (que debiera producirse hoy o, en último caso, mañana) para terminar su paso por el Parlamento.
La discusión, que comenzó a las 10:30 horas, estuvo marcada por las protestas de los gremios de la salud, que concurrieron a la sala para denunciar lo que consideraban un paso más hacia la privatización de los hospitales públicos del país. Los disturbios protagonizados por más de un centenar de trabajadores del sector alcanzaron uno de sus puntos más altos cuando una lluvia de monedas alcanzó al ministro de Salud, Pedro García, que en esos momentos se encontraba en la sala. "Nunca me habían caído tantas", diría después.
Estas manifestaciones determinaron que el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, suspendiera la sesión, que sólo se reanudó después de almuerzo. Durante la tarde, la discusión se reanudó a puertas cerradas, y la disputa se centró en las diferencias de opinión de los senadores de las comisiones de Salud, Evelyn Matthei (UDI) y Mariano Ruiz-Esquide (DC), sobre la norma que prohíbe a los afiliados a las Isapres utilizar las camas de las salas comunes de los hospitales, uno de los puntos más polémicos del proyecto, que finalmente fue aprobado.
Mientras Ruiz-Esquide se manifestó conforme con que el Gobierno haya echado pie atrás en la materia (a través de una indicación aprobada en la comisión de Hacienda del Senado), la senadora Matthei expresó su disconformidad con el cambio de parecer del Ejecutivo, provocado por las presiones de los parlamentarios de la Concertación.
La discusión sobre las camas es sólo una arista de una discusión mayor sobre la complementariedad de los servicios públicos y privados de salud. Al respecto, Matthei afirmó que "éste es un proyecto que va a mejorar la estructura del sector público y que va a permitir dar mejor atención a los beneficiarios de Fonasa", al establecerse una nueva institucionalidad para ella, que pasa por una reestructuración del ministerio. En tanto, el ministro García sostuvo que esta ley "facilitará la integración pública y privada, al establecerse límites adecuados" para cada uno de los sistemas.
Acerca de la autogestión de los hospitales, otro de los puntos de la iniciativa, García sostuvo que la autoridad sanitaria "establece incentivos para el personal, de manera que se genere una mejor gestión", que no existe en este sistema. Sobre este tema, Matthei precisó que "la autogestión se aprobó en los hospitales (…) en la medida que cumplan ciertos requisitos que van a estar en un reglamento. Y en la medida que cumplan con ese reglamento podrán aspirar a ser autogestionados, hecho que significa que el director del hospital va a ser electo por concurso público, se van a tener muchas más facultades de administración de lo que tienen actualmente los directores de hospitales, que hoy no tienen facultades. Pero, de ninguna manera, habrá privatización", como sostienen los gremios, aseguró.
El origen de la nueva autoridad
Los cambios que llegarán con la reforma de salud sólo se explican al considerar el negativo diagnóstico del funcionamiento del sistema actual, que realizan los distintos actores sociales involucrados en la materia.
Las críticas, que en términos generales son compartidas tanto por el Gobierno como por la oposición y hasta por los gremios, apuntan a que el sistema vigente es inadecuado para los cambios epidemiológicos, demográficos y culturales experimentados por la población chilena, desde fines de los setenta.
Todos estos sectores coinciden en que el estado actual de la salud ha derivado en una insatisfacción tanto de los usuarios como del personal de los centros de atención médica, por la falta, entre otras cosas, de mecanismos adecuados de control. Estos mecanismos inconvenientes de control son los que busca solucionar la reforma, a través de la ley de autoridad sanitaria.
Para ello han sido definidos objetivos nacionales de la autoridad sanitaria, tales como disminuir las desigualdad en salud, enfrentar el envejecimiento de la población, proveer de servicios acordes con las expectativas de la población y aumentar los logros sanitarios.
Las soluciones contempladas por la autoridad sanitaria para lograr estos objetivos pasan por la implementación de un Ministerio de Salud rector, es decir, con autoridad para regular y fiscalizar los problemas de salud existentes, particularmente los derivados de la implementación del plan Auge. De acuerdo a la nueva legislación, en esta nueva función también participarán la subsecretaría de Salud Pública (que hasta hoy no existía), el Instituto de Salud Pública y los directores regionales de salud.
Con la nueva estructura, el Ministerio se desligará de las funciones de gestión del sistema público (que hoy en día ocupan buena parte de su quehacer), las que serán repartidas entre la subsecretaría de Redes Asistenciales (que tampoco existía hasta hoy), los servicios de salud, los establecimientos autogestionados en red, los establecimientos municipales de atención primaria, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Con esta nueva estructura el Ministerio de Salud quedará conformado por dos subsecretarías: la de Salud Pública y la de Redes Asistenciales, mientras que la actual subsecretaría dejará de existir.
La verdadera utilidad de este nuevo sistema sólo será puesto a prueba una vez que el plan Auge comience a operar a cabalidad, lo que ocurriría durante el transcurso del año 2005.
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