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Caso Mirage: Jueza ordena al Departamento Quinto viajar a Bélgica

Esta es la primera diligencia que se dicta luego que el Consejo de Defensa del Estado presentara una denuncia penal, en diciembre pasado, con el fin de buscar en Chile posibles pagos a ex uniformados de la FACH que hubieran afectado el patrimonio fiscal. Anteriormente, lo hizo la abogada del CDE Blanca Alarcón por encargo del organismo.


La jueza (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas, que sustancia el proceso por las comisiones ilegales en la compra de los aviones Mirage-Elkan, ordenó un nuevo viaje a Bélgica del equipo de detectives del Departamento Quinto, con el objeto que obtengan información oficial del proceso que tramita el juez Daniel Fransen en el país europeo. Así lo informó a El Mostrador.cl una alta fuente vinculada a la causa.



Esta es la primera diligencia en el extranjero que la jueza dicta, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una denuncia penal, en diciembre pasado, con el fin de buscar en Chile posibles pagos a ex uniformados de la FACH y con ello que se hubiera afectado el patrimonio fiscal. Anteriormente había concurrido a Bruselas, la abogada del CDE, Blanca Alarcón, por encargo del organismo.



El tercer frente chileno en esta investigación lo constituye el abogado que el Estado chileno contratará en Bruselas, a través de la Cancillería, para que represente los intereses del país ante una eventual presentación de una demanda de perjuicios.



De acuerdo a los datos recopilados por este diario, la diligencia se enmarca en la dentro de la primera orden de investigar que la magistrada dictó en el proceso, cuyos resultados finales serían conocidos cuando el informe se entregue en marzo. Será en esa oportunidad, cuando el CDE pediría una serie de diligencias.



Hasta ahora, el Departamento Quinto ha estado tomando declaraciones a los distintos agentes chilenos que participaron de la operación de compra de los Mirages, quienes, en todo caso, ya habían testimoniado en la tramitación del exhorto que envió Bélgica y que fue sustanciado por la jueza Rojas.



Por ahora, el CDE tiene pendiente el análisis de la investigación interna que realizó la FACH en 1999, cuando el entonces diputado Nelson Avila denunció que podrían existir irregularidades en la operación de la compra de las aeronaves.



En todo caso, el actual mando de FACH ha insistido que cualquier hecho que revista carácter de delito que aparezca a lo largo de esta indagatoria, será duramente sancionado y se exigirán las más altas penas contra quienes los cometieron.



La trama



A principios de 1995 la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país, ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.



Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre, había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.



Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.



El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.



Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.



Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».



El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.





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