Serias diferencias por las atribuciones de cada organismo del Estado se presentan a raíz de que la Contraloría objetara la construcción de un centro educativo de la universidad privada en Lo Barnechea. La casa de estudios adosará los antecedentes a la causa presentada por el plantel. Sus autoridades confían en que el proyecto saldrá adelante este año.
Una señal que contribuiría a dar luz verde a una inversión de 27 millones de dólares de la Universidad Finis Terrae, dieron ayer los servicios públicos que integran la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Corema), pues se opusieron a la orden de la Contraloría General de la República de invalidar permisos ambientales del centro educacional «Campus La Dehesa».
El organismo fiscalizador -luego de un dictamen que data del 28 de noviembre pasado, en que sostiene que la construcción contravenía el plan regulador metropolitano y el sistema de áreas verdes de Santiago-, había instruido a la entidad regional que anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, documento que se otorga a los inversionistas cuando se cumplen los requisitos ambientales para comenzar a funcionar.
El director de la Conama RM y secretario ejecutivo del organismo, Pablo Badenier, explicó a El Mostrador.cl que 17 servicios públicos como Vivienda, Obras Públicas, gobernaciones y Sesma, entre otros -y el rechazo de un consejero regional-, se opusieron a la medida y sostuvieron que la Contraloría se «excedió en sus atribuciones e invadió las de la Corema».
El dictamen de la Contraloría aludió a que el proyecto «no es compatible con el entorno», lo que según el profesional «es parte de la evaluación netamente ambiental que debe hacer la Conama».
Otro de los problemas planteados por el organismo fiscalizador fue que este proyecto tenía un fin educacional, y no científico, tipo de edificación que se prohíbe instalar en las áreas verdes. Se determinó que la iniciativa era de alto impacto por la construcción de 11 edificios, cuatro destinados a aulas y siete a infotecas, post grados, talleres, auditorio, capilla, servicios estudiantiles, casino y laboratorios.
Badenier, sobre este punto, afirmó que sólo la secretaría regional ministerial de Vivienda de la Región tiene la determinación sobre qué tipo de edificación es, y sobre la base a esos informes se calificó el proyecto». Por ello, dijo, «prima» la decisión de este servicio.
Reconsideración y tribunales
Ahora los servicios de Gobierno solicitaron una reconsideración del dictamen a la Contraloría sobre su medida y a la vez Badenier anunció que los antecedentes se adosarán a la causa presentada, a fines de diciembre pasado, por el abogado Pablo Rodríguez Grez -en representación de la universidad- contra la resolución.
Con esto se genera una pugna entre ambos estamentos del Estado. En general, los tribunales se atienen a lo impuesto por la Contraloría, debido a que es el organismo que por excelencia es la que debe velar por la legalidad de los actos administrativos. En todo caso, si los argumentos de la Corema son de peso, el organismo podría llegar a reconsiderar su dictamen.
La decisión del organismo colegiado es cuestionada por los grupos ambientalistas Defendamos la Ciudad y la Coordinadora de Acción Ecológica, debido a que, afirman, el Gobierno apoya a los privados en los tribunales. Estas organizaciones presentaron sus objeciones ante la entidad que encabeza Gustavo Sciolla y que, finalmente, fueron acogidos.
Confianza en el proyecto
La idea es atender a una comunidad estudiantil de unos 4 mil 200 usuarios de pre grado y 400 de post grado en el centro educacional, una de las viejas aspiraciones de la casa de estudios controlada por los Legionarios de Cristo. En 1999, el vicepresidente del consejo directivo de la universidad, Eliodoro Matte, donó los terrenos del sector de La Dehesa. Desde ese entonces, sus autoridades comenzaron a acuñar la idea de ampliar el giro comercial hacia el lugar, para trasladar algunas facultades y para crear nuevas carreras orientadas a actividades de investigación académica.
Según el miembro del Consejo Superior de la casa de estudios, Alvaro Bardón, si se ratifica la construcción «tendremos una institución consolidada». Una de las aspiraciones de las autoridades es extender las actividades y ampliar las sedes -tiene cuatro en Avenida Pedro de Valdivia-, tal como lo han hecho las universidades Diego Portales, Mayor y Andrés Bello, las top de las privadas.
Aseguró que con la nueva edificación, el plantel podría ampliarse a carreras como ingeniería civil, que no la tiene actualmente, o a extender las actividades de la salud, que hasta ahora son incipientes.
Agregó que la oposición de grupos ambientalistas a la edificación de este centro «son hechos más viscerales que racionales, debido a que el negarse a la educación no tiene fundamento para nosotros».
El ex ministro dijo que «los grupos ambientalistas siempre se han opuesto a la inversión. Hay casos emblemáticos como Ralco o la explotación de la lenga en el sur de Chile. Vemos que con el caso Ralco finalmente no tuvieron éxito, por lo que buscan otros frentes que tienen mucha popularidad, pero que afectan la inversión».
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