Aún no se llega a un acuerdo por la venta por parte del Minvu de terrenos pertenecientes a familias de la «Toma». Los dirigentes y Vivienda aseguran que no se buscarán resquicios legales para una posible venta. El estudio de la legalidad del acuerdo podría demorar semanas debido a que se quieren evitar conflictos.
La posible compra de terrenos destinados a pobladores de la «Toma de Peñalolén» por parte de empresas inmobiliarias aún no está sellada. Esa es la explicación que entrega el Ministerio de la Vivienda y los propios pobladores ante lo que algunos medios han publicado sobre un acuerdo «ilegal» entre las partes.
Se ha difundido que unos 900 pobladores de la «Toma» ocuparán ilegalmente los terrenos en busca de una solución económica que los satisfaga, pero la realidad es que aún no hay decisiones de ningún tipo. La oferta de 171 mil Unidades de Fomento para comprar las parcelas 2 y 12, más 20 mil UF para el mejoramiento de la calidad de las viviendas hecha por las empresas que operan en Peñalolén -no tan sólo la inmobiliaria Casagrande- hasta ahora sólo ha sido estudiada por la cartera de Vivienda y los pobladores.
El vocero de la Toma de Peñalolén, Mario Muñoz afirmó que «es estúpido que se piense que si no hay arreglo vayamos a tomar terrenos. Acá solo hay una cantidad comprometida para solucionar el problema de fondo, pero no podemos vender lo que no es nuestro».
Precisó que hasta ahora «probablemente se compren dos terrenos en que caben de 400 a 500 familias de un total de 900». Las otras 400 pueden postular donde quieran, pero no hay decisión sobre qué comunas en particular serán.
«Lo importante es que hay una opción más para salir de la toma», sostuvo.
Fuentes que han integrado las mesas de trabajo con las inmobiliarias aseguran que «sólo se llegará a un acuerdo en caso que sea legal, debido a que ni el ministerio ni las empresas pueden cometer un delito en esta materia». La idea es no retrasar un acuerdo a corto plazo y evitar polémicas.
En un comienzo había trascendido que el precio de venta de los terrenos a las inmobiliarias era de 1,65 UF, pese a que la compra que hizo el Minvu fue por 0,77. Ese es uno de los puntos que más preocupa a Vivienda debido a que pueden ser acusados de «lesión enorme», es decir la venta de terrenos a más del doble del precio en que se adquirió. Quines han estado presentes en las reuniones sostienen que la información sobre cifras se habría sacado de cartas extraoficiales enviadas por ejecutivos de inmobiliarias a los dirigentes, pero que los montos no corresponden a la realidad.
Ante la posible transacción surgieron voces críticas -como la de la diputada María Angélica Cristi ayer- que advirtieron que en caso de concrete el negocio sería «ilegal» porque están involucrados recursos del fisco.
Versión del ministerio
La explicación oficial que ha dado el ministerio de la Vivienda es la entregada el lunes por su titular, Jaime Ravinet, en la que afirmó que la cifra que ofrecida por los terrenos «quizás es un poco mejor de lo que nos costó, de manera que no hubiera ninguna lesión o perjuicio para el Fisco».
La alternativa más clara es la compra de dos terrenos -no aledaños a la Comunidad Ecológica-, al norte en la comuna de Peñalolén.
También se estudia una donación de inmobiliarios a una fundación, de manera que ésta pudiera beneficiar a los pobladores que habitarían las parcelas 2 y 12.
La versión oficial es que sólo puede efectuar la venta el ministerio de la Vivienda, pues ellos son los dueños de los predios. Los pobladores no pueden efectuar transacciones pues no son propietarios hasta cinco años después de al entrega de sus viviendas.
Comunidad tranquila
Quienes están satisfechos en un posible acuerdo son los habitantes de la Comunidad Ecológica, que fueron opositores a la idea de la instalación de parte de la «Toma» en predios colindantes. Pese a ello se estableció una mesa de trabajo en diciembre pasado entre el municipio, la Comunidad, el Gobierno y la «Toma» con el fin de buscar una solución a los pobladores.
El presidente de la agrupación de la comunidad, Valerice Contreras, dijo que durante las sesiones de trabajo realizadas en diciembre «se iban a buscar arreglos para la gente de la Toma como que optaran a viviendas en Departamental o la compra de terrenos fuera de la comunidad a buenos precios para que ellos tuvieran la posibilidad de construir mejor».
Explicó que «durante las conversaciones realizadas en diciembre se dio la posibilidad de dar una cantidad de dinero con el fin de buscar casas de buena calidad en otra parte. Luego se empezó a negociar, pero la gente aún no llega a un consenso».
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