Preocupación causó en la comunidad de inteligencia la aparición de la identidad de Carlos Narea González, quien fuera el agente residente del Servicio Secreto Exterior del Ejército, en Buenos Aires, el que nunca ha sido citado a declarar, pese a que realizó labores de apoyo en la llamada Operación Silencio, destinada a evitar la acción de la justicia en causas de DDHH.
El abogado de la familia del fallecido ex presidente Eduardo Frei, Alvaro Varela, solicitó al ministro en visita Alejandro Madrid Crohare -que sustancia el proceso por la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos-, que oficie al Ejército para que entregue todos los antecedentes que posea sobre Carlos Narea González y sus labores como agente residente del Servicio Secreto Exterior (SSE), en Buenos Aires.
Así lo confirmó el profesional a El Mostrador.cl, luego de la publicación exclusiva de este diario, donde se daba cuenta de las operaciones en las que había participado Narea, ayudando a la inteligencia chilena, principalmente a principios de los ’90, en la llamada Operación Silencio que buscaba evitar la acción de la justicia en causas de DDHH.
La revelación de la identidad de este ex funcionario de la Marina -que trabajaba para el entonces coronel Maximiliano Ferrer Lima, cuando éste dirigía el SSE, recién entrada la década de los 90-, es un paso de vital importancia no sólo para la causa de Berríos, sino también para el proceso que instruye el ministro Alejandro Solís, por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats.
La razón que también funda la petición de Varela son las constantes negativas del Ejército a sus presentaciones, en el proceso por la muerte del ex mandatario, donde la institución castrense ha rechazado en varios oficios secretos que Eugenio Berríos hubiese laborado en el Complejo Químico del Ejército, de Talagante, pese a que en el expediente existen varias evidencias de ello. Al mismo tiempo, la presentación de Varela busca encontrar algún vínculo entre las actuaciones del agente secreto y la extraña muerte del ex mandatario, en la Clínica Santa María, a comienzos de 1982.
Si se analiza con un criterio jurídico, es posible que el Ejército haga dos cosas: la primera, que rechace la existencia de Narea como miembro de la institución o aduzca que carece de antecedentes, ya que pasados cinco años toda la documentación es destruida.
Una segunda opción es que recurra al artículo 144 del Código de Justicia Militar, que protege los contenidos vinculados a la seguridad nacional, aspecto, éste último, que también fue considerado por Madrid para no citar a Narea González a su despacho.
En tanto, el ministro Alejandro Solís, que también investiga a Narea, debido a sus vínculos en Buenos Aires, que podrían eventualmente echar luces en el caso Prats, ya lo incluyó en una orden de investigar para que declare.
La aparición de Carlos Narea comenzó cuando el Ejército decidió iniciar lo que se ha dado a llamar la Operación Silencio, destinada a evitar la acción de la justicia en los casos de derechos humanos, a principios de 1991. En abril del mismo año, el Servicio Secreto Exterior (SSE), dirigido entonces por Ferrer Lima, sacó al ex agente de la CNI, Arturo Sanhueza Ross, y para realizar una buena "cobertura", lo encuadró en el SSE.
Narea González, entonces, fue su agente de control en Buenos Aires, mientras era derivado a otro lugar con su familia. Pero no fueron sus únicas ayudas a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). También lo eran en la consecución de documentación falsa e informaciones de carácter estratégico y táctico para el país.
Hasta ahora no está acreditado que Narea González hubiese participado en operaciones o hechos de sangre por violaciones a los derechos humanos, pero sin duda conoce una cantidad de información que ayudaría a desentramar zonas grises de la Operación Silencio y los hombres que ayudaron a ejecutarla.
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile por la Unidades Especial de la DINE, en octubre de 1991. Fue asesinado dos años más tarde, y sus restos terminaron enterrados en las dunas de la playa El Pinar, los que aparecieron recién en abril de 1995.
Por estos hechos están procesados, por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados, también, el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial activo Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia, procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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