El ex titular del Juzgado de Letras de Los Muermos, señaló a El Mostrador.cl que nunca recibió presiones durante la etapa de investigaciones que tuvo a su cargo y que los falsificadores de las guías de libre transito están plenamente identificados y procesados. Señala que el problema, para la jueza (s) Rosa Muñoz, fue traer a la vista un caso radicado en Puerto Varas.
El ex Juez titular del Juzgado de Letras de Los Muermos, Juan Jorge Solis, salió a tiempo del ojo del huracán. Hace seis meses que su traslado fue aceptado a la localidad de Freirina, en la Tercera Región. Pero señala que no se fue por "presiones", sino simplemente por que el itinerario de la carrera judicial "es así". Antes de él, pasaron otros dos jueces por el caso.
En lo que respecta a su gestión, señala que "estábamos verificando las guías de libre tránsito. Existían de dos a tres falsificaciones en las que se adulteraban el número de tejuelas que se autorizaban a transportar desde una localidad, a un sitio donde una empresa se encontraba haciendo unas obras".
Consultado sobre la obra a la que hacía referencia, sólo se limitó a señalar que las tejuelas de alerce estaban destinadas a un lujoso "complejo hotelero en Puerto Varas", que se construía hasta el año pasado en esa ciudad. De hecho, parte del cargamento ilegal fue decomisado en el mismo lugar de la construcción. En total, señala que fueron cerca de 80 mil tejuelas que quedaron a disposición de Conaf.
Respecto de la empresa hotelera, Solis indica que ésta las compró aparentemente bien. «Hasta el minuto que nosotros hicimos las investigaciones, ellos no tenían la responsabilidad, dado que fue el proveedor, quién les facturó con guías adulteradas". No obstante, el magistrado dijo desconocer si la jueza Muñoz, logró establecer posteriormente responsabilidades en el ílicito, de parte de las empresa turística.
Este medio consultó a los tres complejos que realizaron ampliaciones o construcciones el año pasado, en Puerto Varas, y ninguno de ellos reconoció alguna vinculación con el caso Conaf, pero si una evidente incomodidad por el tema. Por lo que dos de los tres complejos hoteleros: hotel Petrohue y Cabañas del Lago, a través de sus administraciones aprovecharon la oportunidad que señalar que actualmente en sus techos utilizaban «teja asfáltica». En tanto, hotel Cabañas Los Alerces, que en dimensiones en mucho menor, a los otros dos complejos, indicó que la única modificación que se hizo a su complejo el año pasado fue un salón de eventos.
Según recuerda Solis, el caso que instruía en ese momento por las guías de libre transito, estaba prácticamente aclarado, sin embargo, la jueza (s) Rosa Muñoz estimo que habían conexiones con el caso que estaba en el Juzgado de Puerto Varas, por "tala y extracción ilegal de alerce". Según su parecer, fue éste el que le trajo "los dolores de cabeza" a su colega.
Dice el magistrado que en la etapa en que realizó diversas gestiones, recibió toda la colaboración de los funcionarios de Conaf, desde su director nacional, hasta los fiscalizadores que hoy están renuentes a presentarse ante el tribunal.
En cuanto a la adulteración de las cifras en las guías, explica que por lo menos hasta el año pasado estaban claramente establecidas las personas que realizaron el ilícito y que en ningún momento estaban involucrados funcionarios de la corporación.
Se identificó a cuatro empresarios madereros de Puerto Montt, los cuales ya están procesados. "En definitiva, investigando, se estableció que el alerce que ellos decían que era muerto y que podían vender no era tal, sino que era alerce vivo", señaló.
Respecto de la decisión de la magistrada de detener al director de la Conaf, dijo que "ella decidió adoptar decisiones que tienen asidero en el merito de la misma causa".
Jueza Muñoz deja el caso
Ayer la Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la magistrada (S) de Los Muermos, Rosa Muñoz, quien aseguró ser víctima de amenazas relacionadas con la investigación sobre la tala ilegal de alerce en la Décima Región.
El tribunal de alzada determinó que como en la zona opera la reforma procesal penal, la acción judicial debió ser presentada ante un Tribunal de Garantía, según explicó el abogado de la magistrado, Jorge Vásquez.
La jueza Muñoz declinó seguir conociendo el caso, a raíz de las presuntas amenazas de muerte que habría recibido ella y su familia.
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