Mientras Relaciones Exteriores resolvió responder a Perú dentro del plazo impuesto por el presidente Alejandro Toledo, que dio 60 días a la cancillería chilena para pronunciarse sobre su solicitud de revisar los límites marítimos, la oposición critica la »vacilante» actitud de la cartera.
Aunque la reacción de la cancillería chilena ante el ultimátum del ministro de Relaciones Exteriores peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, no se hizo esperar, anunciando que responderá a la demanda del gobierno de Alejandro Toledo en relación con el límite marítimo, nada permite augurar que el impasse provocado por el país vecino se defina a corto plazo.
En tanto, a pesar de esta decisión de responder a Perú, en la oposición chilena surgen críticas a la actitud "vacilante" con que se habría manejado la cartera de Relaciones Exteriores en esta materia.
Con todo, fuentes diplomáticas aseguran que el supuesto ultimátum no fue recibido como tal en esta secretaría de Estado y que responderán al plazo fijado unilateralmente por el presidente de Perú, Alejandro Toledo. La misiva más bien pretende ser una respuesta de "buena crianza", en la línea de que el tema sobre delimitación marítima entre ambas naciones ya está cerrado.
No obstante, existe conciencia de que la misiva que tanto espera el gobierno peruano no va al resolver el tema de los límites marítimos, por lo cual Chile pretende intentar buscar una solución al punto muerto por la vía diplomática.
Esto, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere evitar que se genere un conflicto a partir de situaciones como ésta, considerando que en el Cono Sur se está comenzando un proceso de integración "en temas mucho más importantes", como, por ejemplo, en materia comercial. Las divergencias sobre aspectos limítrofes son consideradas -según fuentes de la cancillería- como "temas del pasado". Y, en cambio, el gobierno chileno "está optimista respecto del futuro" en otras áreas en las que se espera haya concordancia.
Respecto de la posibilidad de que Perú, efectivamente, recurra a la Corte Internacional de Justicia, en la cancillería precisan que "está en su derecho de hacerlo". A partir de allí se trabaría un contencioso y "habría que enfrentar el tema sin que se afecten las relaciones bilaterales".
Sólo una amenaza
Sin embargo, en Relaciones Exteriores estiman que Perú no está preparado para hacer la presentación ante la Corte Internacional de Justicia y que los dichos de su canciller sólo constituyen una amenaza o una forma de presión hacia el gobierno chileno. Esto, porque para recurrir a la mencionada instancia, el gobierno de Toledo tendría que adherir a la Convención del Mar, pues eso ayudaría en sus pretensiones.
De hecho, todo indica que tampoco es llegar y hacer una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, sino que para ello se debe cumplir con una serie de trámites y requisitos. Entre otros, que la delimitación marítima no esté resuelta por un tratado internacional, cosa que se le hará difícil de probar a Perú si se considera que este tema fue decidido, justamente, por la Convención del Mar y el Tratado de Delimitación Marítima en la década de los ’50.
Por otra parte, un nuevo aspecto que dificulta la situación de Perú y que podría avalar la visión de que su postura es sólo una amenaza para que Chile responda al gobierno de Toledo, es que no sólo tiene problemas limítrofes marítimos en su frontera sur, sino también en la norte, donde existe una situación similar con su vecino Ecuador. Tema que, por cierto, esta nación analizará en conjunto con Chile y que se abordó en la visita del canciller ecuatoriano a nuestro país.
Una respuesta "complicada"
En tanto, sectores de oposición critican la actuación de la cancillería ante este conflicto, pues estiman que se ha mostrado "vacilante". Más aún, atribuyen esta postura al hecho de que el equipo con el que llegó la ministra Soledad Alvear al ministerio "no necesariamente tenía el background del sistema diplomático".
En esta misma línea, fuentes del sector advierten que el hecho de contestarle a Alejandro Toledo es "complicado", ya que "es como aceptar el ultimátum"; ceder -aclaran- ante una condición impuesta unilateralmente, que es "inaceptable". Por lo demás, añaden, responderán en los términos que ya se conocen, insistiendo en que el asunto ya está resuelto, lo que -estiman- "empujará a Perú a la Corte Internacional de Justicia de la Haya", donde "tendremos que defendernos diciendo que este tema ya está resuelto".
Siguiendo con el análisis, plantean que situaciones como la que está enfrentando la cancillería con el gobierno de Toledo "ocurren cada vez que Perú tiene acercamientos con Bolivia", argumentando que, además, el país vecino tiene una "suerte de veto" a cualquier acuerdo que Chile pudiera alcanzar con Bolivia, en virtud del Tratado del año ’29.
Asimismo, atribuyen a la baja popularidad de Alejandro Toledo y a que a Perú "le conviene" económicamente un conflicto entre Chile y Bolivia el hecho de que Lima insista en revisar el tema limítrofe. Esto último -dicen-, porque ello fue lo que impulsó al presidente boliviano, Carlos Mesa, a sacar su gas por Perú, aún cuando resulta mucho más caro que por Chile.
