La causa por irregularidades en compra de aviones caza de la FACh, quedó en manos del miembro del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola, especialista en derecho penal, mientras que el magistrado titular, Pedro Suárez fue nombrado recientemente juez de garantía y debiera dejar su cargo antes de fin de año.
La investigación que realiza el Primer Juzgado del Crimen de Santiago por las millonarias comisiones que se pagaron por los Mirage Elkan que posee la FACh, enfrenta su primer gran problema para continuar su tramitación. Y es que Inglaterra prohibió el ingreso de los detectives del Departamento Quinto de la policía civil que habían cruzado desde Panamá, donde buscaban empresas ligadas al pago de estos dineros ilegales, hasta las Islas Vírgenes británicas, que están bajo el imperio de la ley de ese país.
Así lo confirmaron a El Mostrador.cl fuentes allegadas a la investigación, que detallaron que en las Islas Vírgenes podrían estar precisamente los nexos que podrían iluminar el camino hacia los dineros ilegales, ya que los verdaderos dueños de la empresa Berthier Investment (con una sede inexistente en Panamá ), a saber la Sociedad Alemán, Cordero, Galindo and Lee Trust tienen su origen legal en ese paraíso fiscal, ubicado al lado de Puerto Rico.
Hasta ahora, y pese a este bache en el camino, la secretaria del tribunal, Sandra Rojas, quien como jueza interina impulsó esta indagatoria hasta su actual estado y tramitó al mismo tiempo un exhorto enviado desde Bélgica por estos hechos, ya interrogó a una serie de generales, tanto en retiro, como activos de la FACh, por el tema de la compra de los aviones.
En tanto, ha habido hasta ahora varios cambios en los abogados que tramitan la causa, debido a que el profesional del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Marcelo Oyarcabal, viajó a España a estudiar, por lo que el proceso quedó en manos del consejero y penalista, Sergio Urrejola.
Hasta ahora no se sabe si el cambio será positivo o negativo para el curso del proceso, debido a que los cambios también en el Poder Judicial han dejado nuevamente descabezado al Primer Juzgado del Crimen de Santiago. Esto, porque la jueza (S) Sandra Rojas quedó nuevamente como secretaria cuando fue nombrado juez titular, Pedro Suárez. Sin embargo, éste último fue nombrado juez de garantía y deberá dejar su cargo antes de fin de año.
En todo caso, aún quedan una serie de diligencias pedidas por el CDE en este caso, como por ejemplo los peritajes a las cuentas de los nexos que hubo en la compra y venta de los aviones de Chile hacia el extranjero que fueron reveladas por el exhorto belga que llegó el año pasado. Uno de sus detalles más importantes fue que entregó el nombre del gestor clave en la operación comercial: Bernardus Van Meer, el yerno del actual senador vitalicio Ramón Vega y al momento de la compra, comandante en jefe de la FACh.
Los hechos
A principios de 1995, la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta, por parte de la Fuerza Aérea de ese país, ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.
Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.
Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.
Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.
Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».
El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente a la redacción de esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.
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