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Gobierno prepara estrategia de contención ante duro informe sobre tortura

Ejecutivo monta escenario de crisis para enfrentar »momentos difíciles» a partir de la divulgación de trabajo realizado por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura. Patrones y »rutas» comunes de prisioneros complican a instituciones armadas.


Aunque el gobierno ha insistido en los últimos días que la tortura no fue una "doctrina" ni una política sistemática del Ejército, lo cierto es que en el Ejecutivo ya se preparan para enfrentar "momentos difíciles" una vez que el Presidente Lagos dé a conocer al país el informe que a fines de este mes le entregará la Comisión Nacional sobre Política y Tortura.



Esto porque si bien, hasta ahora, no se establece con certeza que la tortura fuera un plan instruido por el Ejército a nivel institucional, los testimonios demuestran patrones de torturas similares y "rutas" comunes entre quienes sufrieron los apremios. Es por eso que se comenzará a hablar de "responsabilidad de mandos" específicos, es decir, que no fue la institución como tal la responsable, pero sí que en un determinado momento de la historia fueron los "mandos" concretos de las Fuerzas Armadas en ese momento los que ordenaron y coordinaron los apremios.



Si bien, hasta ahora, ninguna de las instituciones armadas han mostrado ante al gobierno sus aprensiones, sí han comenzado a sondear "cómo viene la mano", para que el informe no los pille desprevenidos.



En todo caso, al interior del gobierno ya se confirmó que aunque lo más probable es que Ricardo Lagos reciba el informe antes de las elecciones municipales, éste no se dará a conocer hasta noviembre pues "el Presidente lo leerá con atención y tendrá que ver las medidas de reparación que el mismo informe propondrá. Además, no es bueno contaminar estas elecciones con un tema que sin duda será complejo y que removerá heridas", explicó una alta fuente de gobierno.



Lo que dirá el informe



El informe que en estos instantes prepara la comisión entregará los detalles y propondrá reparaciones para quienes fueron torturados. Pese a informaciones aparecidas en diversos medios, en el organismo aseguran que éste todavía no se redacta, pues aún están viendo cuáles son los casos que califican para las reparaciones, según el mandato del decreto 1040, por lo que mal podría tener ocho tomos como informó un matutino.



La comisión recibió cerca de 36 mil testimonios de torturas, pero algunos de ellos no califican, pues están fuera del mandato de la comisión que establece que el organismo tendrá como "objeto exclusivo" determinar quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, "por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. No será objeto de calificación la situación de las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos".



Otra de las tareas que enfrenta en estos días la comisión es distinguir entre quienes ya han recibido algún tipo de reparación y quienes no, pues aquellos que ya han percibido algún tipo de indemnización no recibirán nuevas reparaciones pecuniarias.



Hasta el momento, los testimonios conocidos por el organismo determinan que existieron más de mil recintos de tortura, lo que significa que en la práctica "no hubo recinto o instalación militar del Ejército en que no hubiera detenidos o no fuera un centro de tortura".



El informe también concluirá que el involucramiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros es masivo.




Otro de los puntos que tocará el informe será que no existió distinción entre menores de edad y mayores. De hecho, un número importante de los testimonios sobre torturas indica que también hubo entre los afectados muchos menores de edad.



Pese a que en algunos sectores ya comienzan a pedir que estos datos sean entregados a la justicia, en el organismo aseguraron que el informe no tendrá nombres de los supuestos torturadores, pues esa no es una tarea que les corresponda a ellos y porque, además, la confidencialidad que les impone la ley no les permite hacerlo.



Patrones de tortura



Una de las principales preocupaciones respecto a las conclusiones del informe es que la tesis de los excesos quedará de lado, pues sólo con los testimonios se demostrará cómo en un principio se actuó con improvisación y cómo a lo largo del tiempo los instrumentos y mecanismos de tortura se fueron sofisticando.



Además existieron "patrones" y "rutas". Por ejemplo, aquellas personas que dicen haber sido torturadas por la DINA fueron apremiadas con el mismo sistema: tortura sicológica y electricidad. Con la CNI, en cambio, el patrón más común fue la incomunicación.



Si los organismos de seguridad tenían patrones, también tenían sus "rutas", según también ha quedado demostrado en los testimonios. Así por ejemplo, una persona que era torturada en Villa Grimaldi, y había sido detenida por la DINA, luego era llevada a Cuatro Álamos, Tres Álamos y después -si aún vivían- eran liberadas.



En el caso de que la detención hubiera sido realizada por la CNI, en los años 80′, entonces el "recorrido" era Borgoño, luego una cárcel y después un procesamiento de la Fiscalía Militar, por cualquier delito.



Otra de las conclusiones que se incluirían en el informe es que no existió ninguna época de la dictadura donde no se torturara, lo que determina el alto número de denunciantes. Otra de las conclusiones es que si bien nunca se deja de torturar -entre 1973 y 1990-, en el año 78 comienza a ser una práctica menos masiva y luego, con las protestas del 83′ hay un nuevo repunte. Lo mismo ocurre con los estados de sitio declarados en 1984 y 1986.



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