Catastro gubernamental revela que los establecimientos educacionales son los más incumplidores. Desde los colegios Cumbres, Grange y La Maisonette en el sector oriente, hasta liceos anónimos en comunas populares carecen de infraestructura que evite la discriminación. Directora de Fonadis denuncia que "no estamos educando para todos".
Un lapidario informe sobre los edificios de uso público que violan las normativas de acceso a las personas con discapacidad realizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El catastro nacional, que efectúa cada dos meses la división de desarrollo urbano de esa secretaría, reveló que en su gran mayoría los colegios y liceos del país no cuentan con una infraestructura que evite la discriminación.
De acuerdo a este registro -al que tuvo acceso El Mostrador.cl-, sólo 162 de los 341 municipios del país han entregado información sobre los establecimientos que cumplen o no con las exigencias de los decretos 201 y 32, siendo la principal novedad del último tiempo la incorporación de una nueva comuna de la Octava Región a un catastro que, según reconocen las autoridades, avanza "muy lento".
Ahora bien, aunque sólo un 47,5 por ciento de los municipios han entregado información, el informe sostiene que entre las que sí lo han hecho se encuentran las comunas más habitadas del país, por lo que el catastro cubre cerca de un 74 por ciento de la población chilena.
Respecto del cumplimiento de las disposiciones legales, el registro muestra que de los 9.273 inmuebles catastrados, solamente 2,655 satisfacen todos los requerimientos, de lo que se concluye que, a lo largo del país, un 71,4 por ciento de los edificios contabilizados no respetas las normas.
Los principales infractores
Los colegios municipalizados y particulares de distintas partes del país se encuentran entre los principales edificios de uso público que incumplen la normativa sobre discapacidad. Sólo en Santiago hay casos emblemáticos de ello, ampliamente consignados en el catastro del Minvu.
En comunas como Las Condes, donde un 87 por ciento de los 54 edificios catastrados sí cumple la norma, seis de los siete que no lo hace corresponde a establecimientos educacionales. Según el catastro, los colegios Cumbres, British High School, Dunalastair, Francisco de Asís, The Southern Cross, además del Juanita de los Andes y Padre Hurtado -que fueron incluidos en un mismo registro- incumplen la normativa.
En Lo Barnechea, donde un 65 por ciento de 46 edificios registrados satisface los requerimientos legales, 14 de los 16 infractores son colegios. Vitacura, en tanto, también registra establecimientos educacionales infractores, como La Maisonette y el Jardín Infantil Los Castaños.
En La Reina hay 96 edificios de uso público y dos de uso colectivo sujetos a la normativa del Minvu. De estos, un 94,1 por ciento incumple las disposiciones gubernamentales y entre ellos están la Universidad Central, los colegios La Salle, Grange School, Andree English School y Saint John´s Villa Academy.
Pero no sólo en el sector oriente hay incumplimientos. En comunas como Cerro Navia, donde hay 87 edificios de uso públicos inscritos, un 73,6 por ciento no tiene la infraestructura que establece la ley. Y de los 64 infractores, 50 son establecimientos educacionales.
Conchalí, por otra parte, sólo registra tres edificios de uso públicos, de los cuales uno no cumple con la normativa: un jardín infantil. En Calera de Tango, donde hay nueve edificios de estas características catastrados, los cinco que transgreden la norma son liceos locales.
De acuerdo al catastro del Minvu, Santiago Centro registra uno de los índices de incumplimiento más altos de toda la región. En esta comuna hay 2277 edificios de uso público y tres de uso colectivo catastrados, de los cuales ninguno cumple con la normativa. De esto se desprende que colegios históricos como el Instituto Nacional y el Instituto Barros Arana dificultarían la integración de los discapacitados.
No obstante, ésta es la única comuna de las 52 de la Región Metropolitana donde los edificios no están identificados por su nombre, lo que impidió el hallazgo de las fichas de esos establecimientos. Cabe destacar, además, que el catastro del Minvu se elabora a partir de la información que las propias municipalidades hacen llegar al ministerio.
Más que rampas para sillas de rueda
La encargada de discapacidad de la división de desarrollo urbano del Minvu, Cecilia Leiva, explicó que "el catastro forma parte de un trabajo que estamos haciendo en el ministerio en el tema de discriminación de personas por discapacidad desde el año 98, cuando creamos el Decreto 201 que especificaba que las construcciones existentes tenían que tener acceso para estas personas (…) Y que luego se modificó por el Decreto 32, que fijó como plazo el 31 de diciembre del 2003 para que todas los edificios de uso público tuvieran modificados sus accesos a esa fecha".
En concreto, el catastro registra si los edificios destinados a prestar servicios a la comunidad y con una carga de ocupación superior a las cien personas, cuentan con condiciones de infraestructura que eviten la discriminación a los discapacitados, independientemente de si sus propietarios son privados o públicos.
Estas exigencias incluyen rampas para sillas de ruedas, descansos entre la rampa y las puertas de acceso a los edificios, puertas con una franja de protección para las sillas y ascensores especiales para este medio de transporte en el caso de los inmuebles de más de seis pisos, entre otras medidas.
Si bien Cecilia Leiva admitió que estas acciones "se han ido implementando muy lentamente", por lo que los municipios deben ejercer su rol fiscalizador y denunciar esta situación a los juzgados de policía Local, para que éstos cursen las multas de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) estipuladas en la norma, aún así está optimista.
Tanto así que recalcó que este catastro es un indicador del cumplimiento de la normativa, pero, sobre todo, "una herramienta que estamos entregando a la municipalidad para que puedan ir haciendo seguimientos a todos sus edificios de uso público y que después puede servir para elaborar planes específicos" que eviten la discriminación en otros ámbitos, hasta conseguir lo que ella califica de "cambio cultural".
Fonadis: no estamos educando para todos
Tajante fue la respuesta de la directora del Fondo Nacional para la discapacidad (Fonadis), Andrea Zondek, a la luz del informe del Minvu. "Unesco y Chile están trabajando en la educación para todos, pero sin duda que al no tener adaptados los establecimientos educacionales, no podemos decir que estamos en el camino de la educación para todos", aseguró.
Junto con esto recalcó que "todas las escuelas y liceos y colegios que están entrando a la Jornada Escolar Completa, deben estar adaptados según la norma que lo exige". Por esta razón llamó a los directores de los establecimientos que no conozcan la normativa, a informarse para cumplir a la brevedad con esta disposición para no discriminar a los minusválidos y educar efectivamente para todos los niños.
Cuando faltan pocos días para el inicio del mes de la discapacidad, la directora del Fonadis dijo también que "la experiencia que yo he tenido es que hay avances significativos en las ciudades que yo he recorrido. Eso no significa que estemos contentos, pero creo que la normativa ha influido en que se avance en este sentido".
Respecto de la fiscalización que efectúan los municipios en las comunas dijo que "la ventaja de esto es que se tienen que hacer parte los gobiernos comunales, que son los que están más cerca de las personas y eso siempre es bueno. Pero lo malo es que cuando los municipios no están adaptados, malamente pueden fiscalizar si ellos no tienen las condiciones dadas para que la gente pueda acceder a los municipios".
Por ello dijo que "sería mucho mejor" si el Fonadis pudiera fiscalizar, aunque admitió que la ley no los faculta para ello. A la vez, recalcó si alguien identifica algún edificio que no cumpla con las disposiciones legales sobre discapacidad, puede denunciarlo al Juzgado de Policía o bien acudir a la secretaría regional ministerial (seremi) de Vivienda.
___________
Lea además:
Sepa cuáles son los municipios y colegios que incumplen la norma del Minvu
