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Condena máxima centrará el debate sobre responsabilidad penal juvenil

por 14 noviembre, 2004

Senadores expresaron sus reparos a la norma que establece una pena máxima de cinco años y un día para los jóvenes que cometan delitos, sin considerar ninguna agravante, como los casos en los que haya reincidencia.
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La condena máxima que recibirán los adolescentes que cometan delitos será una de las materias más importantes y, a la vez, controvertidas que deberá definir al Senado, cuando a partir de la próxima semana comience a estudiar las indicaciones presentadas al proyecto de ley que crea un sistema de responsabilidad penal juvenil.



La propuesta original del Gobierno, que después de una larga resistencia de la oposición fue aprobada en su idea de legislar por 34 votos a favor y cuatro en contra, establece que la pena máxima que recibirá un joven será de cinco años y un día de presidio, independiente del delito que se le impute.



El senador Alberto Espina (RN), presidente de la comisión de Constitución, considera que esta norma será una de las que mayor debate generará entre los integrantes de la instancia legislativa, cuando a partir de este lunes comiencen a analizar las indicaciones presentadas al proyecto.



"Hoy, si un joven es declarado con discernimiento se le juzga como adulto, pero este proyecto establece que hasta los 18 años, cualquiera sea la gravedad del delito que cometa, se le aplicará una pena máxima de cinco años de cárcel", explica el legislador.



En ese sentido, agrega que en la práctica esto supone que si, por ejemplo, un joven de 17 años y cinco meses que fuera condenado por un delito de violación con homicidio, la pena máxima que arriesgará será de cinco años de presidio, mientras que para un adulto la sanción iría desde los 15 años en adelante.



"Creo que es un problema que tenemos que discutirlo a fondo, porque es una rebaja de pena gigantesca y tengo muy claro que será muy difícil de aceptar que un joven que ha cometido varias veces delitos, que mata y viola, lo máximo que pueda arriesgar son cinco años de cárcel", sostiene.



Reinserción



En este sentido, junto con el senador Andrés Zaldívar (DC), integrante de la instancia parlamentaria, recordó que los centros de alumnos de las universidades que acudieron a la comisión, manifestaron su acuerdo a la rebaja de la responsabilidad penal de 16 a 14 años, pero expresaron la necesidad de que la iniciativa potencie la reinserción de los menores.



Espina explica que los estudiantes tienen una visión muy optimista respecto a que quienes cometan un delito por primera vez, tienen oportunidades reinsertarse en la sociedad, por lo que plantearon la inconveniencia de que una legislación que encarcele a los jóvenes, termine por convertirlos en un delincuentes profesionales.



Al respecto, Zaldívar recuerda que los centros de alumnos argumentaron que si un joven delinque a temprana edad es necesario que cuente con medidas que potencie su rápida reinserción, pues de esta manera tendrá mejores oportunidades de convertirse en una persona mucho más útil socialmente.



Encasillamiento



Asimismo, Zaldívar plantea la necesidad de que este proyecto no sea visto exclusivamente en base a la norma que reduce la edad mínima para fijar el discernimiento, sino que se trata de un proyecto integral para enfrentar esta materia.



"Se establece todo un sistema procesal y de tratamiento del delito que realiza un menor, que es diferente al sistema contemplado para los adultos que delinquen. Este procedimiento protege mucho más a los menores y además, tiene por objetivo central reinsertar y educar al joven", sostiene.



En ese sentido, asimismo señala que la iniciativa también busca cumplir con los tratados internacionales que obligan a Chile a tener una legislación de menores que comenten delitos, que debe ser diferente a la de los adultos.



El proyecto crea todo un sistema penal para los jóvenes que delinquen que incluirá a jueces y fiscales especializados y a abogados de la Defensoría Penal Pública encargados únicamente de este tipo de situaciones. De hecho, se crea en el Ministerio Público una unidad especial para estos casos.



Además, se establece un listado de delitos y faltas que podrán cometer los jóvenes, las que tendrán una penalidad diferente en el caso que sean cometidas por adultos. De esta forma, se consideran sanciones especiales tales como la privación de libertad -que incluye la posibilidad de otorgar la prisión nocturna-, un sistema de compensación económica a las víctimas y trabajos al servicio de la comunidad.





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