Pese a que ayer todos los sectores condenaron las torturas practicadas entre 1973 y 1990, y dadas a conocer por el informe Valech, el debate ahora se centra en las reparaciones, cuyo monto algunos cuestionaron, y en las recriminaciones hacia los jueces por su inacción y a los civiles que apoyaron a Pinochet.
Aunque el debate de los últimos días ha estado puesto en el horror de las torturas, después de conocerse la propuesta de reparación realizada por el Presidente Lagos, los cabos sueltos de la discusión se centran en los siguientes aspectos: en lo justa o exigua de la reparación, en el rol de los tribunales, en los gestos que realizarán las Fuerzas Armadas y en la exigencia a los civiles a que pidan perdón.
Todo esto en un debate que -cómo no- algunos acusan de político, mientras otros aseguran que es de carácter moral.
Pese a que ayer todos los sectores políticos condenaron las torturas practicadas entre 1973 y 1990, el debate real se centró en el tema de las reparaciones y en las recriminaciones mutuas.
Reparaciones
Ayer el gobierno aseguró que las reparaciones, que podrían parecer austeras, costarán al Estado 70 millones de dólares anuales. Algo así como una carretera entre Santiago y Puerto Montt, dijo el Presidente Lagos.
Sin embargo, los beneficiarios y algunos parlamentarios del Partido Socialista aseguraron que una pensión de 112 mil pesos mensuales es poco y que el Estado debe hacer un "esfuerzo mayor". En el PC fueron más duro y calificaron la propuesta como "indigna".
En las agrupaciones de Derechos Humanos, las quejas más allá del monto de la reparación se refieren a los beneficios anunciados por el Presidente Lagos: en el ámbito de la salud aseguran que en cualquier momento el gobierno de turno puede suprimir el Programa de Atención Integral en Salud (Prais), y que por lo tanto la propuesta no ofrece garantías.
En el ámbito educacional, aseguran que como la mayoría de los afectados actualmente tienen entre 50 y 60 años, lo más probable es que no se utilice, mientras que desconfiaron de la "atención preferencial en vivienda", pues, a su juicio, eso sólo significa poder ir al ministerio del ramo a hacer consultas.
En todo caso, todos los sectores aseguraron que aprobarán sin mayores inconvenientes la propuesta de Lagos en el Congreso, aunque algunos diputados aseguraron que podrían "intervenir" ampliando los beneficios a familiares de las víctimas o intentando convencer al gobierno de ampliar los beneficios.
Otros, como el senador socialista, Carlos Ominami, aseguraron que insistirán en un bono por una sola vez (además de la pensión vitalicia) para aquellas personas que fueron objetos de tormentos y que hoy pertenecen a la tercera edad.
Fuerzas Armadas
Si hay algo que queda claro en el informe es que existió una política institucional para torturar y que prácticamente no existió instalación de las Fuerzas Armadas en las que no se torturara.
Es por esto que los ojos ahora están puestos en las instituciones militares, pues hasta ahora sólo el Ejército ha reconocido esta práctica, lo que por cierto ha sido criticado por el resto de las ramas castrenses.
De hecho, ha sido la Armada una de las instituciones que más se ha opuesto a reconocer la tortura como una práctica institucional, pese a que en el informe se detalla que la marina no fue la excepción al momento de aplicar tortura. Ni el buque Esmeralda se salvó.
Ayer en la FACH aseguraron que se tomarían un tiempo para analizar el informe de la Comisión Valech y que luego de eso realizarían un comunicado oficial.
Todo esto a solo días de que el Ejército realice, el 7 de diciembre, un gran seminario -por la cantidad de convocados- sobre Derechos Humanos.
La discusión por el perdón
Tras liberarse el informe y que el país conociera los detalles, todos los partidos políticos, sin excepción, valoraron el que se haya realizado, aunque con matices. Esto porque en el oficialismo los dardos siguen apuntando a los civiles que trabajaron en el régimen militar y exigen que pidan perdón, mientras en la derecha aseguran que esos son gestos individuales y que nadie puede hacer ese tipo de acusaciones a dichos personeros, los que por cierto, hasta el día de hoy, aseguran su total ignorancia sobre el tema.
En la Democracia Cristiana, señalaron que ningún contexto histórico puede utilizarse como excusa para este tipo de actos y que por lo tanto esperan de la derecha que "asuma la responsabilidad que tuvieron durante el gobierno militar los civiles que hoy día forman parte, fundamentalmente de Renovación Nacional y de la UDI".
Incluso, a modo de ejemplo, el presidente de la DC, Adolfo Zaldívar, lamentó no haber podido hacer más por las víctimas durante el régimen y señaló que «para mí fue muy fuerte lo ocurrido en esos años y espero que este informe ayude a conocer la verdad», dijo el senador quien además aludió directamente a las palabras del presidente de la UDI, Jovino Novoa, quien sostuvo que los civiles del gobierno de Augusto Pinochet no tiene nada de qué avergonzarse.
En el PPD, también valoraron el informe y sostuvieron que apoyarían la propuesta de reparación. El jefe de bancada de la colectividad, Eugenio Tuma, sostuvo que "aquí hay sectores del país que tienen que incorporarse a este acto heroico de reconocimiento si realmente quieren que este país avance en diversas materias", sumándose así a la insistencia para que los civiles pidan perdón.
En el progresismo además señalaron que serán ahora los tribunales los que deban analizar los hechos "que tienen carácter de delito y podrán actuar de manera que quienes tengan responsabilidad en los hechos respondan por ello".
Martner versus Fernández
En el Partido Socialista los dardos apuntaron a la derecha, señalando que "ellos sabíanÂ… cuando el señor Sergio Fernández, Ministro del Interior, firmaba los decretos que ponían a disposición de la CNI a los prisioneros, ¿no sabía el señor Fernández que en la CNI torturaban? ¿no sabía el conjunto de personas de la UDI y también algunos de Renovación Nacional que en Chile se torturaba? Lo sabían".
Gonzalo Martner agregó que "hoy día es muy fácil decir "no, condenamos", pero ¿qué hicieron cuando estos hechos ocurrieron? ¿Qué hacía el señor Lavín para evitar las desapariciones, las muertes, las torturas, las violaciones? Ellos apoyaron, validaron, fueron parte de ese régimen que torturaba y violentaba"
Sin embargo, la respuesta en la derecha no se hizo esperar. El presidente de la UDI, Jovino Novoa, sostuvo que "quiero rechazar en forma categórica la utilización política que se pretende hacer de este informe. Si quieren ventilar las causas y las responsabilidades de la grave crisis institucional que vivió Chile, tenemos que remontarnos a antes de 1973, tendríamos que analizar la relación entre la violencia, el terrorismo y el odio entre chilenos y las prácticas políticas y declaraciones de partidos de izquierda".
"La situación vivida en Chile, de una crisis institucional muy profunda, exigió que muchos civiles participaran, para tratar de reconstruir el país, y además ha quedado claro, tanto en el informe de la comisión Rettig, como en este mismo informe, que la participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos. Por lo tanto, creo que las miles de personas que participaron, de muy buena fe, en el gobierno militar, no tienen por qué avergonzarse ni arrepentirse", insistió Novoa.
Novoa añadió que "ya señalamos en nuestro informe de La Paz Ahora que nosotros pensamos que todos pudimos haber hecho más".
La visión de RN
En Renovación Nacional condenaron "en forma clara y categórica los graves, reiterados y atroces atropellos a los derechos Humanos ocurridos en Chile durante el Gobierno Militar, cometidos por agentes del Estado, los cuales no se justifican bajo ningún contexto político ni circunstancia".
Explicaron además que "el apoyo que Renovación Nacional dio al gobierno Militar, se originó por las circunstancias que llevaron al quiebre de la democracia y basados en su proyecto de recuperación y modernización institucional, lo que es totalmente ajeno a las violaciones a los Derechos Humanos, las cuales siempre fueron condenadas clara y categóricamente por nuestro partido desde su fundación. Es así como ya en el año 90 sostuvimos que los altos mandos de las Fuerzas Armadas no podían justificar su omisión de impedir y sancionar los graves atentados a los Derechos Humanos cometidos durante el Gobierno Militar. Asimismo, sostuvimos que los partidarios de ese gobierno no podían desconocer su incapacidad para protestar con la energía y fuerza suficiente ante hechos de esa naturaleza".
Los análisis de la cuestionada Justicia
Ayer los ministros de la Corte Suprema tuvieron su tradicional Pleno una vez que terminó el juramento de abogados. Los ministros, dijeron a la salida de esta reunión, no analizaron en profundidad el llamado Informe Valech.
"Se hizo algún comentario de la situación, pero no fue analizado a fondo, ya que no hemos leído con detención qué dice sobre los tribunales de justicia", dijo un magistrado.
En todo caso, ya el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky en intervenciones anteriores había declarado la intención del máximo tribunalo para analizar el informe de la Comisión Valech que es para nada benigno con la actuación de los tribunales de justicia durante la dictadura militar.
De acuerdo al informe, "la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones".
Sostiene que las acciones judiciales acarrearon "funestas consecuencias en lo concerniente al respeto de los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley".
"Cedió el terreno para la acción discrecional de las nuevas autoridades y sus agentes. Además, hizo caso omiso de los abusos cometidos contra personas dejadas en total indefensión frente a aquellas arbitrariedades", agrega.
En todo caso hay que recordar que la semana pasada cuando los ministros fueron consultados sobre el informe, algunos de ellos dijeron que durante el régimen militar cada vez que hicieron preguntas a las instituciones, éstas contestaban mal, lo que dificultó su labor jurisdiccional.
Se espera que los ministros analicen el capítulo Tercero referido al contexto, donde hay 17 páginas dedicadas íntegramente a la labor del Poder Judicial.
Fuentes de la Suprema indicaron que es probable que el informe no sea analizado en el tradicional pleno de los viernes. Indicaron mas bien que el máximo tribunal dejará pasar unas semanas antes de pronunciarse sobre el fondo.
