Máximo tribunal aseguró que la actuación de la Justicia durante ese período se vio restringida por las medidas de excepción dictadas por la autoridad militar, no se contó con su colaboración o, sencillamente, se le ocultaron antecedentes.
En un tibio discurso, pues se esperaba que hiciera un mea culpa por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, desestimó gran parte de las apreciaciones del Informe sobre Prisión Política y Tortura, que documentó los casos de 28 mil chilenos que sufrieron tormentos durante ese período.
En un documento de ocho puntos, el máximo tribunal reconoce en sus primeros dos incisos las "dolorosas secuelas" y «la consternación» que le provocan las situaciones descritas en el informe. Sin embargo, a renglón seguido los ministros comienzan a disentir de los "graves cargos" que le formuló la Comisión Valech, respecto a la responsabilidad que les cupo en el ejercicio de su labor jurisdiccional durante el régimen militar.
A juicio de los supremos, no hubo una "connivencia con quienes cometieron los excesos y violaciones que se han conocido".
"Esto importa un grave cargo, que carece de sustento objetivo en el propio informe y que no es posible aceptar, ya que no existen antecedentes fidedignos ni es verosímil sostener que distinguidos magistrados se hayan podido concertar con terceros para permitir detenciones ilegitimas, torturas, secuestros y muertes", dijo Libedinsky.
En el siguiente punto destacan la histórica labor del Poder Judicial como pilar de la institucionalidad y del Estado de Derecho, y asegura que esa labor no pudo ser cumplida, ya que la institucionalidad del país estuvo suspendida desde el 11 de septiembre de 1973 y que los jueces, por tanto, se vieron "impedidos de cumplir a cabalidad con esa función".
"Como lo reconoce el propio Informe y lo señalara también en su oportunidad el emitido en 1990 por la Comisión "Verdad y Reconciliación", la esfera de acción normal de los tribunales se vio entrabada y restringida por la aplicación de los estados de excepción que se decretaron en el país. Se ha dicho antes y lo reiteramos una vez más, que frente a las repetidas denuncias de detenciones ilegales, desapariciones de personas, etc., los juzgados y las Cortes no contaron con la cooperación efectiva de los organismos o autoridades correspondientes y en la generalidad de los casos se ocultó información o no se proporcionaron los antecedentes fidedignos que se requerían para el debido ejercicio de la función jurisdiccional, lo que al correr de los años, ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la constitución de la llamada "Mesa de Diálogo", que dio cuenta de lo que habría acontecido realmente con numerosas víctimas cuyos restos se habrían diseminado o lanzado al mar", enfatizó el alto magistrado.
El presidente de la Suprema, quien no aceptó preguntas tras leer el texto, reconoció que "en una perspectiva histórica distinta", el Poder Judicial pudo haber llevado a cabo una acción mayor en la protección de los derechos humanos, pero también asegura que debido a las condiciones del régimen militar, no habría tenido resultados "significativos". Esto lo fundó la experiencia de otros países en los que se han registrado situaciones similares.
Asimismo, reafirmó la "disposición y voluntad de sus integrantes de seguir cumpliendo en la mejor forma posible todas sus funciones jurisdiccionales y conservadoras de los derechos fundamentales de los individuos y hace explícito el compromiso permanente de continuar aplicando sus mejores esfuerzos al servicio de la comunidad, en el marco de sus atribuciones".
Por último, el magistrado cerró la declaración con una frase que retrata la tibieza de la declaración: "sin Libertad, no hay Derecho, ni Justicia ni Paz".
VEA ADEMÁS:
Declaración completa de la Corte Suprema
La »constancia» del ministro José Benquis
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