Juez Alejandro Madrid creó una estrategia para que esa institución le responda el oficio sobre uno de los recintos más secretos del Ejército: le enviará todas las pruebas acumuladas hasta ahora, entre testimonios y documentos. Si el Ejército no responde, la convicción del juez tendrá una nueva presunción sobre la causa de la muerte del ex mandatario.
El jueves de la semana pasada en una reservada reunión que sostuvo el ministro en visita que investiga la misteriosa muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, Alejandro Madrid, junto al abogado de la familia Frei, Alvaro Varela, y el jefe del equipo investigador, Nelson Jofré, se acordó llevar a cabo la última estrategia para tratar de que el Ejército responda sobre la existencia del laboratorio de guerra bacteriológica otrora ubicado en Carmen 339, lugar donde se habría preparado el veneno que terminó con la vida del ex mandatario.
Contrario a la lógica tradicional de la petición de información sobre determinados proyectos o documentos a distintas instituciones, que sólo enuncian lo solicitado, esta vez Madrid buscará hacerle saber a la institución castrense todo lo que tiene. En otras palabras, para que el Ejército responda sobre la existencia del laboratorio, le enviará en el oficio un amplio detalle de los testigos, declaraciones y pruebas, para que no pueda responder escudándose en la excusa de que no tiene información al respendo y esperando que los mandos no se acojan al artículo 144 del Código de Justicia Militar que protege los secretos de Estado.
Si se produjera este último caso, para Madrid, habría una presunción de que el Ejército tiene los datos, pero no desea entregarlos, lo que le permitiría elevar los antecedentes a la Corte Suprema. Esto último, porque el máximo tribunal es la última instancia que puede decidir cuando la institución castrense se basa en ese artículo específico.
Recordemos que el magistrado envió al Ejército un oficio solicitando, primero, el listado de los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que estuvieron adscritos a ese laboratorio, como también información sobre el mismo. La institución uniformada respondió sobre el primer punto que se trataba de un alto secreto de Estado (artículo 144) y que respecto del segundo no había información.
Sin embargo, Madrid tiene la convicción de que el Ejército no ha entregado todo lo que tiene o sabe sobre el tema. Y funda su sospecha en las declaraciones de una serie de ex funcionarios que trabajaron en Carmen 339, disfrazado como Laboratorio de Diagnóstico del Ejército. De hecho, más bien cree que este tipo de proyectos de carácter tan secreto no se terminan de la noche a la mañana, por lo que se extendieron e incluso se extenderían hasta hoy.
De allí que la declaración del actual profesor de la Universidad de Chile y coronel (R) del escalafón de veterinaria del Ejército y quien participó en este proyecto, Sergio Rosende Ollarzu, a cuyo testimonio tuvo acceso exclusivo El Mostrador.cl, tenga una importancia vital para esta petición.
"En el año 1977, aproximadamente, oportunidad en que estaban malas las relaciones bilaterales con Argentina, recuerdo que me llamó a su oficina mi jefe el Médico Eugenio Tastest Solís (hoy fallecido), donde me presentó al Médico de Sanidad de nuestra Institución militar, el Dr. Eduardo Arraigada Rehren, donde me entero que este último estaba a cargo de un proyecto de crear un antídoto de Ántrax, ya que por información de Inteligencia se sabía que Argentina tenía una Escuela de Guerra bacteriológica y se temía que si existía una eventual guerra con ese país, se presumía que iban a contaminar la población animal o las aguas. Fue así que mi jefe me pidió que trabajara con el Dr. Arriagada para crear un suero anti carbunclo (ántrax). Este proyecto duró hasta el año 1991 aproximadamente, para lo cual me visitaba periódicamente el doctor Arriagada en mi laboratorio. Tomé conocimiento que cuando comencé a trabajar este proyecto, en el año 1977, Arriagada Rehren trabajaba para el Servicio de Inteligencia de la época".
Junto a este oficio enviado al Ejército, el magistrado también ha decretado varias diligencias, cuyo contenido hasta ahora se desconoce, pero que deberían apuntar en la misma línea.
La muerte de Frei
Eduardo Frei Montalva llegó a la clínica Santa María aquejado de una hernia al hiato. Los constantes reflujos que le provocaba esta patología obligaban a Frei a dormir semi sentado.
Tras la primera operación, aparecieron las complicaciones: además de una infección provocada por el hongo Cándida albicans, se le desprendieron las adherencias y se configuró lo que en terminología médica se conoce como plastrón, por lo que debió ser operado nuevamente. Sin embargo, las complicaciones continuaron y debió ser sometido a una tercera intervención quirúrgica.
Mientras el estado de Frei se agravó, la familia recibió una serie de llamados anónimos advirtiendo que el líder democratacristiano había sido envenenado. Poco se pudo hacer. El ex Presidente falleció a las cinco de la tarde del 22 de enero de 1982.
Historia y procesados
El proceso por la muerte del ex mandatario está vinculado al caso del homicidio del químico de la DINA; Eugenio Berríos Sagredo. Este último fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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