Abogados de derechos humanos cuestionan el nombramiento del uniformado que fue el segundo (y último) fiscal ad hoc nombrado en la dictadura militar y quien se apersonó en su momento en la Vicaría de la Solidaridad, con el objeto de incautar las fichas clínicas del policlínico que funcionó en la entidad. Objetivo que no logró debido a la oposición de obispo Valech.
El uniformado que recientemente, a fines de diciembre, asumió en el cargo de fiscal general del Ejército, coronel de justicia Sergio Cea Cienfuegos, no es un desconocido para los abogados de derechos humanos que representaron en su momento al ex obispo auxiliar de Santiago y Vicario de la Solidaridad, Sergio Valech Aldunate.
Este funcionario castrense fue uno de los más directos ayudantes del primer fiscal militar ad-hoc nombrado para perseguir a los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante el régimen militar y ex auditor general -la máxima autoridad en materias judiciales del Ejército-, general (r) Fernando Torres Silva.
Pero su participación más recordada durante el gobierno de facto es la de haber sido el segundo y último fiscal ad-hoc encargado de investigar los hechos relacionados con el disuelto grupo insurgente y, dentro de esa tarea, haber continuado con el hostigamiento a la Vicaría de la Solidaridad, en esos años, encabezada por Monseñor Valech.
Según indagó El Mostrador.cl, el nombre de Sergio Cea figura en reiteradas ocasiones en los archivos históricos de la mencionada entidad religiosa, en el marco del proceso judicial que instruyó la Segunda Fiscalía Militar por el asalto de una panaderia y posterior enfrentamiento con carabineros protagonizado por integrantes del FPMR.
Acusaciones contra la Vicaría
En el voluminoso expediente relacionado con este caso, consta que el 24 de abril de 1986, tres sujetos asaltaron dicho local comercial y luego se enfrentaron con la policía uniformada, incidente que tuvo como resultado la muerte del carabinero Miguel Vásquez Tobar y Lenin César Miranda Clavijo, un supuesto integrante del FPMR.
Durante la investigación de este caso, el fiscal Fernando Torres Silva ofició a diversas instituciones a fin de obtener todos los antecedentes contables, financieros y previsionales relacionados con la Vicaría de la Solidaridad. Asimismo, ordenó confiscar todas las fichas médicas que fueron elaboradas por el policlínico que funcionaba en la entidad, creado en 1982.
Dicha decisión se basó en que uno de los integrantes del grupo subversivo -identificado como Hugo Peña Gómez- que quedó herido a bala había recibido asistencia médica en dicho centro asistencial, por lo cual "era imprescindible" para estas indagaciones revisar las cerca de 120 fichas médicas que guardaba la mencionada institución. Sin embargo, monseñor Valech, patrocinado por los abogados Pamela Pereira y Roberto Garretón, emprendió una intensa lucha legal para impedir tal confiscación.
En esa medida, los profesionales interpusieron un recurso de queja contra Torres Silva que fue acogido por la Corte Marcial, por cuatro votos contra uno, a principios de diciembre de 1988.
El fundamento de dicha resolución fue que el funcionario militar había excedido sus atribuciones al decretar esta medida, la cual atentaba contra un organismo de la Iglesia Católica que no figuraba como parte del proceso criminal que instruía.
Después de este fallo, todo el escalafón primario de Justicia fue llamado a retiro, entre lo cuales se incluyó al entonces auditor general del Ejército, Eduardo Avello, y los coroneles Rolando Melo, Alberto Márquez y Joaquín Erlbaum. Este último fue quien procesó al teniente Pedro Fernández Dittus, en el marco del caso de los jóvenes quemados por una patrulla militar en una protesta (Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri).
Pero el ganar esa batalla, no significó vencer en la guerra, dado que a fines de diciembre de 1988, la Corte Suprema revocó esa decisión y facultó a Torres Silva para emprender dichas diligencias. Sin embargo, para ese entonces el mencionado uniformado había sido nombrado en la Auditoría del Ejército, mientras que como su sucesor fue designado Cea Cienfuegos.
El abogado Roberto Garretón recordó esa resolución como "una monstruosidad cometida por el máximo tribunal", ya que privilegió el derecho del Estado de combatir el terrorismo por sobre el derecho particular al secreto profesional, ya que dentro de las profesiones que tienen un compromiso ético de la reserva se encuentran los médicos y los abogados. Según el profesional, esta decisión no tomó en cuenta los 25 siglos de Derecho Romano, que aún sigue vigente.
La nueva ofensiva de Cea
Luego de esa resolución, el fiscal Cea volvió a arremeter contra la Vicaría y en enero de 1989 ordenó a la Brigada Investigadora de Asaltos que allanara las dependencias del organismo e incautara todos los registros guardados en el lugar. No obstante, para esa fecha el mismo Torres Silva ya había considerado que esa diligencia era innecesaria, pues los hechos ya se habían confirmado por otros medios probatorios.
Según consigna el nuevo recurso de queja presentado para evitar esa medida, el fiscal Cea decretó la diligencia apenas se hizo cargo del sumario y dispuso el exámen del lugar, lo cual se consideró indigno y excesivo contra un recinto religioso.
A esa fecha, en este proceso habían sido procesados el médico Ramiro Olivares Sanhueza y el abogado Gustavo Villalobos Sepúlveda (actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia), ambos funcionarios de la Vicaría en esa época. A ellos se les acusaba de haber trasladado al herido a la clínica Chiloé, tras lo cual se le trasladó a un lugar específico para que fuera detenido, ya que el mismo Monseñor Valech dio cuenta de su paradero al ministro del Interior de la época.
Aún cumpliéndose todo lo anterior, en febrero de 1989, el fiscal Cea se apersonó en las dependencias del organismo que amparó a los perseguidos por el régimen militar e intentó llevar a cabo la incautación de las fichas médicas. Frente a ello, monseñor Valech dijo tajantemente que esa documentación no se la entregaría porque habían derechos de personas y profesionales involucrados, así como también el deber religioso de respetar el secreto y la confianza depositados en la Vicaría.
Por otra parte, el sacerdote le informó que esos antecedentes ya no estaban en el local y que desconocía su paradero.
Tras ese incidente, el "fiscalito", como lo apodaron los abogados de derechos humanos, desistió en su afán de confiscar todos los documentos de la disuelta Vicaría, creada en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez.
Cuestionamientos al nombramiento
El abogado Roberto Garretón se manifestó sorprendido por el nombramiento del coronel Cea en el cargo de Fiscal General Militar, que es el segundo puesto de mayor importancia en la justicia castrense -el primero, como ya quedó dicho, es el auditor general del Ejército-.
"Lo único que digo es que el señor Cea puede correr la misma suerte que sus antecesores en el cargo, los cuales terminaron enfrentando responsabilidades penales en el marco de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos", sostuvo.
En tanto, el abogado Juan Pavín consideró que "este es un mal precedente desde el punto de vista que el Ejército deposite confianzas en una persona que emprendió acciones contra la Iglesia Católica", añadiendo que esto no le hace bien a esta institución.
"Cea es parte de los nombres que tienen un pasado relacionado con la represión contra la Vicaría y pareciera que su designación se debe a méritos anteriores", concluyó.
Funciones
El fiscal general militar tiene a su cargo "velar por la defensa, ante los Tribunales Militares de tiempo de paz del interés social comprometido en los delitos de jurisdicción de aquéllos y, en especial, del interés de las instituciones de la Defensa Nacional", según lo establece el artículo 70, letra B, del Código de Justicia Militar.
"Será designado por el Presidente de la República de entre los Oficiales de Justicia del grado de Coronel o de Capitán de Navío", estipula dicha normativa.
