Con el fin de homenajear la actitud que tuvieron algunos jueces durante los 17 años del gobierno de facto, El Mostrador.cl realizó una encuesta entre abogados de derechos humanos y miembros del propio Poder Judicial a fin de rescatar a los pocos magistrados que se la jugaron por los DDHH y la integridad de los opositores a Pinochet.
Sin duda, los casos de los jueces que trataron de cumplir con su deber durante los casi 17 años en que los militares gobernaron el país no son abundantes. Sin embargo, aunque pocos, estos magistrados que intentaron proteger los derechos de los opositores a Augusto Pinochet y defender los DDHH aún a costa de sus propias carreras funcionarias e, incluso, su integridad física, existen en la justicia chilena.
A fin de rescatar la actitud de estos funcionarios encargados de la administración de justicia, El Mostrador.cl conversó con jueces y abogados de derechos humanos para elaborar un sucinto listado de nombres que quedaron en la retina de la historia nacional, en tiempos que cumplir con el deber -para muchos- era una opción de extrema valentía.
Sólo 17 nombres
Para la abogada Pamela Pereira, los primeros rostros del Poder Judicial que aparecieron en defensa de los derechos humanos se resumen en sólo tres: Tomás Dahm (el primero que se constituyó en un recinto de detención clandestina de la DINA), Adolfo Bañados (quien, en 1979, abrió la investigación del caso Lonquén y llegó a dictar procesamientos contra miembros de Carabineros) y Marcos Libedinsky (actual presidente de la Corte Suprema que estuvo por acoger varios amparos por exiliados que lucharon por su derecho de vivir en Chile).
"Esos fueron los primeros; después, en la década de 1980, se sumaron nuevos jueces a la defensa de la integridad de los opositores a Pinochet", sostuvo.
Entre los propios miembros del Poder Judicial, los nombres que saltaron a la palestra fueron el de José Benquis Camhi (actual integrante de la Suprema, que tuvo una actitud de justicia que se reflejó de distintos modos), Alberto Chaigneau (también supremo en la actualidad, que tuvo a su cargo la investigación por el asesinato del militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez), Germán Hermosilla (quien investigó las inhumaciones ilegales en Paine), Aquiles Rojas (fallecido ministro de la ex Corte de Pedro Aguirre Cerda que investigó el asesinato del periodista José Carrasco Tapia).
Otros de los mencionados por los juristas dedicados a perseguir los delitos de lesa humanidad fueron: Rubén Galecio Robles (ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago que estuvo por abrir investigaciones relacionadas con la operación Colombo), Milton Juica (quien instruyó el caso Operación Albania en sus inicios), Haroldo Brito (quien también intentó apersonarse en un recinto de detención clandestina en la V Región).
Los casos emblemáticos
Mención aparte merecen los magistrados que a continuación se mencionan, quienes -según el informe Rettig- fueron los únicos en proteger los derechos humanos de los opositores al gobierno militar.
Carlos Cerda Fernández
En marzo de 1986, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago citó a declarar al ex jefe de la DINA Manuel Contreras por el secuestro y desaparición de 10 dirigentes del Partido Comunista entre 1975 y 1976. Contreras respondió querellándose en contra del juez y el general Fernando Matthei, de Fuerza Aérea de Chile (FACH) se quejó de las interrogaciones efectuadas a un teniente. Haciendo caso omiso a las molestias causadas a autoridades militares, el 14 de agosto de 1986, el ministro ordenó el procesamiento de 40 miembros de Carabineros, Investigaciones y de la Fuerza Aérea, entre otros el ex comandante en jefe Gustavo Leigh. Cuando la Corte Suprema confirmó una contienda de competencia desde la justicia militar, Cerda ignoró la resolución. Los ministros de la alta corte resolvieron la suspensión de Cerda.
José Cánovas Robles
En agosto de 1985 Cánovas concluía su investigación meticulosa del triple secuestro y degollamiento cometido el 28 de marzo de 1985 a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. El juez inculpó a la inteligencia policial, la Dicomcar de Carabineros, de asociación ilícita y ordenó la detención de altos mandos de esa entidad policial. Fue la primera vez que un miembro del Poder Judicial acusara a las fuerzas de seguridad de la dictadura de haber cometido un crimen. La Corte Suprema reaccionó ordenando la libertad inmediata de Luis Fontaine y Julio Omar Michea. Posteriormente, el régimen emitió los Decretos Leyes 18.431 y 18.472, conocidos, respectivamente como la «ley Fontaine» y la «ley Mendoza» que prohibieron procesar o citar a declarar a los altos mandos policiales.
René García Villegas
Otro juez que ejerció su independencia y fue dos veces sancionado por la Corte Suprema fue el juez del Juzgado del Crimen de Santiago, René García Villegas. En el caso del juez García, la suspensión en octubre 1988 y la posterior remoción del magistrado en enero de 1990 se atribuyen a sus fuertes expresiones críticas al poder judicial y a su declaración de que «en Chile se tortura» que formó parte de la franja de campaña del «No.» Cuando los ministros Hernán Correa de la Cerda, Luis Correa Bulo y José Benquis, miembros de la Asociación Nacional de Magistrados, denunciaron el castigo, la Corte Suprema también los sancionó a ellos por haber expresado su apoyo.
Por último, para no ser injustos en este compilado, se deben mencionar a los jueces Mario Garrido Montt, Enrique Paillas Peña, Gloria Ponce, Dobra Lusic y Alberto Chaigneau.
Los 57 jueces exonerados del Poder Judicial
Por otra parte, a fines de abril del 1974, 57 jueces, ministros de cortes, y relatores — casi el 10% del cuerpo judicial – fueron removidos por calificación del grado 4. Uno de los magistrados que fue despedido por ser considerado políticamente incompatible con la visión hegemónica del régimen militar fue el juez del Segundo Juzgado de Santiago, René Farías, hoy Presidente de la Asociación Americana de Juristas en Chile.
