Sanciones impuestas a cinco dirigentes del capítulo metropolitano de la orden por críticas a plazos de cierre de causas de DDHH encendieron reivindicaciones que, por años, han venido promoviendo los jueces. Organismo encargó un estudio sobre las alternativas que existen para la creación de una instancia independiente que gobierne el estamento.
Próximo a salir se encuentra un documento elaborado por la junta nacional de presidentes de la Asociación de Magistrados, en el cual impugnan la mayoría de las disposiciones contempladas en los cinco proyectos de ley acordados en la denominada "Mesa Judicial", instancia que agrupó a miembros del ministerio de Justicia, de la Corte Suprema y algunos académicos del área.
Estos acuerdos fueron adoptados el pasado sábado 2 de abril, cuando la instancia gremial se abocó a analizar en profundidad las cinco iniciativas legislativas que pretenden dar una mayor autonomía al Poder Judicial.
Sin embargo, aunque ello acaeció antes que el máximo tribunal del país sancionará a cinco dirigentes de la orden, por criticar el plazo ordenado para cerrar los sumarios de causas de derechos humanos, este hecho encendió la arremetida que el gremio planea realizar en el Parlamento en contra de estas modificaciones legales.
Negociación reservada
Una fuente consultada por El Mostrador.cl explicó que las razones para oponerse a gran parte de los artículos contemplados en estos proyectos radican en que "estas iniciativas no se encaminan hacia el sistema judicial que los jueces vienen promoviendo".
Al respecto, recordó que desde 1990 el tema de la autonomía ha sido una reivindicación "de primer orden" para los judiciales, por lo cual también significó una absoluta falta de respeto el hecho que la asociación que los agrupa haya quedado excluida de la mencionada Mesa Judicial, la cual trabajó en forma absolutamente reservada.
En ese sentido, precisó que una vez que parte de estos proyectos de ley fueron dados a conocer por el ministro de la Suprema Urbano Marín, en el marco de la última convención nacional de la instancia realizada en noviembre pasado, el organismo gremial solicitó ser incluido en tales negociaciones, lo cual fue rechazado por el máximo tribunal por considerar que la petición era extemporánea.
Proyectos cuestionados
Pese a ello, durante enero de este año el gobierno, junto a miembros del alto tribunal, anunció el ingreso de estas propuestas legales al Parlamento, sin siquiera considerar la opinión de los dirigentes gremiales de los jueces.
Estas iniciativas versan sobre materias relacionadas con la regulación del ministerio Público Judicial, régimen disciplinario, recursos de queja, abogados integrantes, modificación al sistema de nombramientos y calificaciones y la flexibilización presupuestaria para los recursos destinados a la administración de justicia.
Todos estos temas fueron abordados por el organismo gremial, el cual tiene presupuestado plantear sus observaciones ante los miembros del Congreso, en el marco de la discusión que debe efectuar dicha instancia sobre las propuestas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En líneas generales, el mayor cuestionamiento que realizan los jueces a estas iniciativas son la preocupante concentración de poder que se le otorgará a la Corte Suprema, que a arte de sus labores jurisdiccionales, seguirá ejerciendo atribuciones disciplinarias, administrativas y económicas.
Estudio sobre alternativas de gobierno
Por otra parte, otro de los acuerdos adoptados por la junta nacional de magistrados se refiere a la misión que se le encomendará al Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), la cual consiste en elaborar un estudio que analice las posibles alternativas para crear un organismo independiente que gobierne el Poder Judicial.
Este análisis incluirá estudios de derecho internacional comparado, referido a la existencia de este tipo de instancias en otros países. En algunas naciones extranjeras están presentes los llamados gobiernos judiciales, mientras que en otras hay estamentos denominados Consejos Nacionales de la Magistratura.
Al respecto, se precisó que lo más lógico es que la Suprema sólo siga ostentando sus atribuciones jurisdiccionales, es decir, conocer y fallar en procesos judiciales, mientras que el resto de las funciones las asuma un organismo como los antes mencionados.
Respaldo masivo
Más allá de esta nueva batalla, los dirigentes que fueron sancionados han recibido un cerrado respaldo a su accionar por parte de sus bases e, incluso, se rumorea la posibilidad que los jueces inicien una "ola de paros" para manifestar su repudio a la medida.
Otra de las probables consecuencias es que se analice la permanencia de los ministros del máximo tribunal en este organismo gremial, dado que la doble militancia de estos -el ser juez y parte involucrada- acarrea un contrasentido para muchos jueces.
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