El subsecretario de Justicia y el defensor nacional aseguran que no tuvieron incidencia en la selección de las empresas que se adjudicaron las defensas públicas de la RM, entre las que se encuentra la sociedad integrada por la universidad que preside el esposo de la abanderada presidencial DC.
Ninguna explicación ni aclaración dada hasta ahora por las autoridades del Ministerio de Justicia y de la Defensoría Penal Pública, ha logrado cerrar la polémica que se generó por la licitación de los servicios profesionales que otorgarán empresas privadas con financiamiento fiscal, en el marco de la reforma procesal penal en Santiago.
Incluso, antes que los dos comités de adjudicaciones, que se crearon para la zona sur y norte de la Región Metropolitana, dieran a conocer los resultados de las postulaciones que presentaron una gran cantidad de abogados, ya circulaban los rumores de que "todo estaba arreglado" y que era seguro que la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo presidente es Gutenberg Martínez, ganaría la mayoría de las causas que estaban en concurso.
Quizás todo sea obra de la casualidad, pero esta simple coincidencia puede transformarse en un dolor de cabeza para la esposa del "Gute" y abanderada presidencial de la DC, Soledad Alvear, quien ha tenido que salir públicamente a enfrentar el debate, sobre todo por sus indesmentibles vinculaciones con dos importantes personeros que tienen relación con este proceso: el subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, y el defensor nacional, Rodrigo Quintana.
Arellano: "Hasta el momento, no he intervenido"
Consultado por esta conflictiva situación, el subsecretario Arellano aseguró a El Mostrador.cl que -hasta la fecha- no ha tenido ninguna participación en el proceso de licitación y adjudicación de las defensorías penales.
En ese sentido, aclaró que, en su calidad de segundo a bordo en la secretaría de Justicia, le corresponde integrar el Consejo Nacional de Licitaciones, organismo que, entre otras cosas, se encarga de fijar los requisitos para postular a este proceso y de conocer los posibles reclamos que se puedan presentar, por parte de quienes estén disconformes con los resultados.
– Su renuncia al Consejo Nacional de Licitaciones, ¿puede ser interpretada como una aceptación implícita de que existe un conflicto de intereses por su parte?
– No. Lo que va a ocurrir es que me voy a inhabilitar en el conocimiento de reclamaciones en las zonas donde se haya presentado uno de los proponentes que fue cuestionado públicamente (U. Miguel de Cervantes). Habría ocurrido igual, simplemente yo me adelanto porque, como hay una relación pública que se sabía, que está en mi currículo, en esos casos yo me inhabilito y no conozco de esa reclamación, que es lo que corresponde legalmente.
-¿Por qué, entonces, no se inhabilitó antes, cuando se resolvió este proceso de licitación?
– Porque me tengo que inhabilitar en el momento que le llegue al Consejo de Licitaciones el conocimiento de reclamaciones, antes de eso no hemos intervenido. Son los Comités de Adjudicación Regional los que resuelven. Si nos llega una reclamación a la Comisión Nacional de Licitaciones, que es la segunda instancia, en ese momento yo procedo a inhabilitarme.
Quintana: "Es un exceso plantear un conflicto ético"
En tanto, el máximo representante de la Defensoría Penal Pública, Rodrigo Quintana, reiteró que no tuvo participación en la licitación que se llevó a cabo en Santiago y consideró que -a su juicio- plantear un conflicto ético por razones de "amistad" le parece un "exceso".
–En su opinión, ¿estas denuncias de la UDI pueden tener más bien fines políticos que de fiscalización propiamente tal?
– No quiero calificar los fines que se persiguen. Quiero decir, nada más, que yo entiendo que los parlamentarios tienen facultades para fiscalizar, pero la forma de hacerlo es a través de las vías regulares. Por eso que tenemos toda nuestra predisposición a ir a la Cámara de diputados, o el lugar que se estime conveniente, a entregar toda la información.
–-Pero, se cuestionan sus vinculaciones con Soledad Alvear…
– Me parece que eso ya lo hemos aclarado suficientemente. Evidentemente, yo trabajé con Soledad Alvear, en dos ocasiones. Pero, primero, no intervengo -como dije- en las decisiones y, en segundo lugar, yo quiero plantear que por el sólo hecho que uno conoce a una persona, que ha tenido una relación laboral o de amistad con ella, se encuentre inhabilitado y existe un conflicto ético, me parece un exceso, sobre todo porque ella – y eso es muy importante decirlo- no tiene nada que ver con este proceso, ni tiene ninguna vinculación.
–¿Cree que esta polémica puede perjudicar la opción presidencial de Alvear?
– No me voy a pronunciar sobre eso. Sí quiero decir que lamento mucho esta polémica, que desafortunadamente ha generado un manto de duda y sospecha respecto del trabajo de la Defensoría Penal Pública y, muy concretamente, de las personas que han integrado estos comités, que son honorables y no tienen nada que ver con estas acusaciones.
Repercusiones políticas
Junto a las acusaciones formuladas por parlamentarios de la UDI respecto a la "sospechosa" licitación realizada por la Defensoría Penal, ayer, lunes, el timonel de la DC, Adolfo Zaldivar, no dudó en calificar que la situación que afecta a Gutemberg Martínez "delicado» y «sensible», aunque deslindó responsabilidades pidiendo que la propia Universidad Miguel de Cervantes entregue su versión.
"Para nosotros es un asunto delicado por la forma y sensible. He escuchado los antecedentes que me ha entregado Gutenberg Martínez y lo propio es que la universidad los difunda y los entregue, a fin de que se terminen con estos comentarios y sobre todo que no haya un aprovechamiento político", afirmó el timonel falangista tras reunirse con el propio Martínez.
En tanto, para hoy martes a las 15:00 horas, una comitiva encabezada por el ministro de Justicia, Luis Bates, e integrada por Arellano y Quintana, se reunirá con la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, con el fin de informar todas las circunstancias en que se realizó la cuestionada licitación.
Por otra parte, hasta el momento, se han presentado ocho reclamaciones formales sobre este proceso, por parte de algunos oferentes que se sintieron perjudicados por el proceso. El plazo para presentar dichos reparos vence el viernes de esta semana.
Sin embargo, según se informó en la Defensoría Penal Pública, las entidades que han presentado reconsideraciones fueron eliminadas en la fase de evaluación técnica de las ofertas, dado que no habrían presentado toda la documentación requerida para la postulación.
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