Pleno del máximo tribunal desestimó aplicar medidas disciplinarias contra 29 magistrados que respaldaron a sus pares sancionados por criticar el plazo para cerrar las causas por violaciones a los derechos humanos.
El Pleno de la Corte Suprema desestimó aplicar alguna medida disciplinaria a los 29 magistrados que firmaron una carta de respaldo a sus pares, quienes fueron sancionados por criticar la disposición que los obliga a cerrar los sumarios en un plazo de derechos humanos.
Fuentes judiciales señalaron a El Mostrador.cl que el argumento que pesó para adoptar esta decisión fue que el respaldo que un juez pueda a darle a un colega que enfrenta una situación compleja, es diferente a criticar abiertamente las resoluciones del máximo tribunal.
En ese sentido, estimaron los altos magistrados, no correspondería abrir una investigación administrativa ni traspasar los antecedentes a la Comisión de Ética, como habían sugerido algunos supremos durante la jornada de ayer, martes.
Respecto a la situación del magistrado de la Cuarta Región, quien en una tesis académica consideró que el Poder Judicial debió haber reconocido su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, se informó que este caso no fue tratado por el máximo tribunal.
Aunque el cerrar el tema era la medida más lógica frente a este nuevo síntoma de insubordinación, fuentes judiciales estimaban que ésta sería impracticable debido a la presión que podrían ejercer los miembros más duros del alto tribunal -Hernán Álvarez y Ricardo Gálvez.
Movimientos poco habituales
Durante la mañana de ayer, diversos movimientos poco habituales se registraron en los pasillos del segundo piso de tribunales. A primera hora, se comunicó por la Secretaria (s) Marcela Urrutia la realización de un pleno extraordinaria para mañana miércoles, el cual impedirá que se vean causas judiciales en Sala, por lo cual todas las vistas de procesos quedaron suspendidas.
Cerca de las 12.30 hrs., tuvo lugar una poco habitual reunión de los integrantes de la Comisión de Ética, encabezada por Marcos Libedinsky e integrada por los ministros Urbano Marín, Hernán Álvarez, Jorge Rodríguez Ariztía y Alberto Chaigneau. Consultados por el motivo de este encuentro, ninguno de los consultados quiso dar ninguna declaración.
Junto a estos hechos, también ayer fue citado el presidente (s) de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, quien concurrió al despacho de Libedinsky en horas de la tarde y tampoco quiso referirse a los temas abordados con el máximo representante del Poder Judicial.
Una salida para evitar nuevas polémicas
Fuentes judiciales explicaron que todos estos acontecimientos se explican en razón de una propuesta de pasar a los magistrados rebeldes a la comisión de Ética, la que fue considerada más adecuada que iniciar investigaciones administrativas.
Uno de los cálculos es que ésta levantaría menos "polvo" que la antes citada, ya que -en general- los procesos que sustancia la mencionada instancia siempre tienen una resolución a largo plazo. En ese sentido, señalaron que el tiempo es el mejor aliado para que este eventual enfrentamiento entre los jueces capitalinos y la Suprema no se vuelva un incendio incontrolable.
Medida para una mejor administración de justicia
En tanto, consultado por la serie de críticas que ha recibido la Suprema por el plazo de seis meses que fijó para cerrar los sumarios de los casos de derechos humanos, el ministro Hernán Álvarez, defendió la medida asegurando que su objetivo es mejorar la administración de justicia.
"Esto ha sido malinterpretado y, yo diría, que los jueces han acatado cuál es la finalidad de esa resolución, en orden a que en lo posible se ponga término a las investigaciones en un plazo de seis meses", sostuvo al considerar que ello no significa un punto final para cerrar estas casos.
Junto a ello, criticó que los jueces hayan hecho llegar sus observaciones a esta resolución de forma pública, aclarando que las decisiones de los tribunales "no se critican por la prensa, ni tampoco es aceptable que se haga en forma descomedida. La Corte Suprema es el tribunal superior del Poder Judicial (…) esta -actitud- es una abierta desobediencia que no se ha aceptado, por eso nosotros tomamos las medidas que tomamos ".
En ese sentido, consideró que los dichos del ministro Juan Guzmán sobre la materia "incurren en la misma desobediencia, en el sentido que debe abstenerse de formular críticas a las resoluciones de sus superiores", aclarando que "no anticipo sanción».
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