El magistrado español también pidió la confiscación de todo el patrimonio que posee el ex albacea del general (r), el abogado Oscar Aitken Lavanchy. Para concretarse, la solicitud debe ser aprobada por la Corte Suprema. En tanto, el ministro Sergio Muñoz debe resolver hoy la posibilidad de alzar esta medida sobre parte de los capitales del ex uniformado.
Mediante un exhorto remitido desde el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de Madrid, el juez Baltasar Garzón insistió ante a la justicia chilena en que se decrete el embargo de todos los bienes que posee el general (r) Augusto Pinochet, su esposa Lucía Hiriat y de su ex albacea, el abogado Óscar Aitken Lavanchy, con el fin de resguardar el pago de posibles indemnizaciones a las víctimas de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el régimen militar.
Junto a ello, el magistrado español pide que la justicia chilena notifique a las personas antes mencionadas de la ampliación de la querella, que se instruye en ese país, a los delitos de alzamiento y blanqueo de capitales, en razón del ocultamiento del patrimonio de Pinochet que se hizo en 1998, para evitar la confiscación que decretó Garzón durante ese año, luego de procesar al ex jefe de la junta militar y su cónyuge por los cargos de genocidio, terrorismo y torturas.
Hace siete años, el juez hispano hizo noticia cuando ordenó el arresto de Augusto Pinochet mientras se encontraba en Londres. Su decisión obligó al ex uniformado a permanecer más de un año detenido y sólo pudo regresar al país cuando los tribunales británicos estimaron que por razones de salud debía volver al país.
Responsabilidad civil de Pinochet
En diciembre del año pasado, el máximo tribunal de la justicia chilena ya había rechazado una solicitud similar que envió el magistrado español, bajo el argumento de que en el país ya existe un proceso que indaga los bienes del retirado militar, que sustancia el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones Sergio Muñoz.
Sin embargo, en esta nueva tentativa existen dos diferencias fundamentales; la primera es que Garzón pide el embargo de todos los bienes del matrimonio que encabezó el gobierno chileno por 17 años, además de los que posea su ex albacea, y no sólo la confiscación de sus cuentas corrientes en el Riggs.
En segundo término, el magistrado basa su petición en la necesidad de asegurar el pago de indemnizaciones a las víctimas del régimen militar, es decir, se refiere a las responsabilidades de carácter civil que enfrentaría Pinochet por los delitos de lesa humanidad acaecidos durante su administración, y no por las responsabilidades criminales que le pudieran competer.
El juez Garzón, que instruye una querella presentada por 65 víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, ha cuantificado la responsabilidad civil del ex gobernante de facto en más de mil 445 millones de euros.
Alzamiento parcial del embargo
Por otra parte, el ministro Sergio Muñoz debería resolver hoy la petición presentada por la defensa de Pinochet para levantar parte del embargo que dictó el magistrado por un monto cercano a los 2.476 millones de pesos.
La cifra que se pretende dejar a su libre disposición equivale a la totalidad de las deudas de impuestos que se le imputan al ex uniformado, la cual ha sido fijada por el SII en más de 1.500 millones de pesos. El argumento utilizado por su equipo jurídico es posibilitar que Pinochet pueda cancelar esa deuda antes que se traspase a títulos ejecutivos y se dicte un nuevo embargo por parte de ese organismo fiscal.
El próximo lunes vence el plazo de 60 días para que la defensa del ex militar pueda solicitar la reliquidación de la deuda, que corresponde al período contemplado entre 1998 al 2004, por lo cual el magistrado debería pronunciarse este viernes sobre la mencionada petición.
Si bien, el escrito donde se pidió este alzamiento fue presentado hace varias semanas, antes de pronunciarse sobre el mismo, el ministro Muñoz solicitó al SII enviar copias autorizadas donde se consigne la cantidad exacta que adeuda Pinochet a las arcas fiscales por concepto de impuestos impagos.
En caso que el juez acceda a esta pretensión, podría significar -a la larga- que Pinochet pueda ser sobreseído por el delito de presentar declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas y, de esa forma, dejar sin efecto el procesamiento más concreto que pesa en su contra, ya que es el único que está totalmente acreditado por la justicia.
En todo caso, el monto de sus débitos con el SII podría ser aún mayor que los 1.592 millones de pesos que fijó el organismo, ya que podría incrementarse en un 50 a un 300 por ciento, por los intereses y multas que se aplican en los casos que se comprueba una omisión de antecedentes al momento de realizar las declaraciones tributarias.
Oposición del SII
Sin embargo, el SII se opuso a la solicitud del ex uniformado, ya que opina que su defensa no busca el pago, sino más bien consignar el saldo de la deuda, y extender el plazo de 60 días, para realizar el reclamo del delito que se les imputa: «declaraciones maliciosamente incompletas» desde 1998 a 2004.
Según el artículo 124 del Código Tributario, el plazo se podrá extender a un año cuando el contribuyente pague la suma determinada desde la notificación.
Por ello, el organismo postula que la defensa debe pagar de inmediato y no dilatar el proceso, pues el juicio podría durar hasta tres años, tiempo en que el dinero no estaría congelado.
Esto, porque tras el reclamo que puede hacer Pinochet vendría la resolución del juez tributario y, posteriormente, la ratificación en la Corte de Apelaciones y hasta podría llegar de casación a la Suprema.
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