Senadores detectan siete irregularidades al interior de Chiledeportes

Un total de siete irregularidades, que podrían constituir un fraude a la ley vigente, al interior de Chiledeportes denunciaron hoy los senadores Alberto Espina (RN) y José García Ruminot (RN), quienes además acusaron una «omisión inexcusable en la entrega de la información requerida» por parte de organismo.

Los legisladores aseguraron que en marzo pasado solicitaron a la subsecretaria del Deporte, Macarena Carvallo, la información sobre todos los proyectos financiados con el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) y los que fueron incorporados al registro respectivo para ser susceptibles de donaciones por la empresa privada, durante los años 2002, 2003 y 2004.

Sin embargo, lamentaron que las autoridades del organismo sólo entregara la información hace dos días y que omitera los datos específicos solicitados, como los montos de cada proyecto, las instituciones beneficiadas, sus integrantes, si se hicieron mediante concurso o asignación directa, los fundamentos para su aprobación técnica y económica.

«Toda esta información es pública y por lo tanto no existe justificación alguna para que las autoridades de Chiledeportes, después de trascurridos un mes y medio se niegue a entregarla, lo que constituye una omisión inexcusable que impide derechamente conocer que ha ocurrido con los fondos públicos que se han entregado al deporte y los deportistas», reclamaron.

Espina y García Ruminot declararon haber recibido antecedentes de parte de funcionario del organismo, que no obstante no pudieron cotejar con la información oficial, sobre las presuntas irregularidades que responderían a «presiones e influencias indebidas de algunas autoridades superiores de Chiledeportes y de otras instituciones públicas y privadas».

Irregularidades

Los parlamentarios recordaron las formas de financiamiento que contempla la ley para el desarrollo del deporte son el Fondeporte, los recursos provenientes de donaciones que efectúa la empresa privada, y los subsidios de Chiledeportes a las organizaciones deportivas.

En ese sentido, aseguraron que la primera irregularidad se refiere a que la asignación directa de recursos que era de carácter excepcional lo transformaron en la regla general, en abierto perjuicio a las organizaciones deportivas que concursaban.

Los parlamentarios aseguraron que desde sus inicios, Chiledeportes se estableció administrativamente que el 70% de los recursos del Fondeporte se entregarían por concurso público y el 30% restante por asignación directa, pero que pese a esa disposición -considerada «arbitraria»- el 40% de los proyectos fueron financiados vía concurso y el 60% por asignación directa.

«De los 6.009 millones de pesos que originalmente correspondían a fondos concursables, sólo se otorgaron por esta vía, 3.454 millones de pesos y de los 2.575 millones de pesos originalmente destinados a asignación directa, se aumentaron a 5.130 millones de pesos», afirmaron.

Evaluaciones técnica

Los parlamentarios también aseguraron que «la evaluación técnica y económica de proyectos financiados mediante asignación directa contendría graves errores, habrían sido modificados o lisa y llanamente no se habrían ejecutado, permitiéndose que se aprobaran y realizaran ilegalmente».

Según los parlamentarios, hay casos en que las evaluaciones se habrían aprobado después de la ejecución del proyecto, situación que «hace presumir concomitancia entre empresas gestoras, las organizaciones deportivas que presentaron el proyecto y autoridades de Chiledeportes, con el propósito de burlar la ley».

Espina y García también denunciaron que la supervisión y fiscalización de la ejecución efectiva de los proyectos financiados mediante asignación directa, sería absolutamente insuficiente e incluso, en algunos casos, lisa y llanamente se habrían cambiado los informes.

En ese sentido, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por los propios funcionarios del organismo, en algunos proyectos aprobados el informe del supervisor fue negativo, es decir, definitivamente no se realizó o se hizo en condiciones distintas a las autorizadas.

También habría proyectos que se ejecutaron antes que Chiledeportes otorgara los recursos, lo que hizo imposible su supervisión, y sólo ocho funcionarios estaban destinados a supervisar en terreno los 469 proyectos que se desarrollaron durante 2004 en la Región Metropolitana.

Los parlamentarios también acusaron que fiscalización de las rendiciones de cuenta de los proyectos financiados mediante asignación directa, en muchos casos, violaría flagrantemente la ley, pues los gastos de varios de ellos no estarían debidamente detallados.

«Se llegó al extremo que simplemente se cargaban a un ítem denominado «Gastos Generales» o bien acompañando facturas por montos globales de empresas promotoras o de publicidad o incluso de otras que tenían giros absolutamente ajenos a la actividad deportiva que se desarrollaba», aseguraron.

$832 millones a organismos públicos

Los parlamentarios también acusaron que durante el año pasado ministerios y organismos públicos habrían obtenido mediante asignación directa, sin concurso público, recursos de Chiledeportes por 832 millones de pesos que debieron destinarse a organizaciones deportivas.

«Esta es una gravísima irregularidad, ya que es contrario al espíritu de la ley que jamás busco financiar actividades de entidades de gobierno, sino por el contrario, ayudar a cientos de clubes deportivos y miles de deportistas», aseguraron, precisando que esta cifra no incluye lo asignado directamente infraestructura.

Los parlamentarios consideraron «inaceptable» que se asignen estos dineros a Ministerios o Entidades de Gobierno, en perjuicio de los cientos de clubes deportivos que presentan proyectos que tienen un gran impacto social, y que existan partidas por gastos generales cuando la administración pública por básica regla de probidad los rechaza de plano.

Una sexta irregularidad, según los parlamentarios de oposición, se encuentran en que «muchos de los proyectos aprobados para ser objeto de donaciones por parte de la empresa privada, no serían evaluados técnica ni económicamente, ni tampoco serían objeto de supervisión en su ejecución ni fiscalización en la rendición de las platas».

Los legisladores aseguraron que funcionarios del organismo les señalaron que los proyectos presentados para ser ingresados al Registro Nacional de Proyectos susceptibles de donación con fines deportivos, no se les realizaría la evaluación técnica y económica.

«Lo anterior, explica claramente la razón por la que se aceptaron proyectos para ser financiados por medio de donaciones que no cumplen con los objetivos de la Ley del Deporte», agregaron, precisando que en esta área se financiaron programas radiales, de televisión, publicación de revistas, y gastos operativos de organizaciones deportivas.

Empresas gestoras

Finalmente, los legisladores señalaron que muchas empresas gestoras -intermediarias entre los postulantes y Chiledeportes- violarían en al menos cinco aspectos la ley del Deporte con sus procedimientos.

Según los parlamentarios, las irregularidades serían:

· Se constituyen en organizaciones deportivas para justificar la recepción de los dineros, en circunstancias que en la realidad no lo son, ya que su verdadero propósito es actuar como gestoras, esto es, intermediarias ante la autoridad de Chiledeportes.
· Estas «organizaciones deportivas» tienen un evidente fin de lucro, lo que está expresamente prohibido por el artículo 12 del Reglamento de las Organizaciones Deportivas que textualmente señala «Las organizaciones deportivas no podrán tener fines de lucro» y que sus ingresos y excedentes «deberán ser empleados exclusivamente en el cumplimiento de sus finalidades y objetivos estatutarios».
· La comisión que cobrarían ascendería a un 10% del valor del proyecto, dinero que se recarga al mismo proyecto, esto es, aumentando artificialmente su valor. Es decir, los dineros públicos o el beneficio tributario termina financiando la comisión de estas entidades gestoras.
· Para burlar la ley estas entidades gestoras han creado verdaderas redes entre algunas de ellas, disfrazadas como organizaciones deportivas, al punto que en distintos proyectos asignados a distintas entidades figura el mismo encargado y responsable del proyecto.
· Cuando se puso en marcha la Ley del Deporte, las autoridades de la época expresaron en forma pública y reiterada que las organizaciones deportivas podían presentar directamente sus proyectos a Chiledeportes, en todo el país, sin necesidad de entidades gestoras, para lo cual se les darían todas las facilidades, asesorías y orientaciones legales del caso.

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ADEMÁS:

Los $832 millones entregados por Chiledeportes a organismos públicos

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