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Juez Solís condena a dos ex uniformados por el secuestro de 17 personas

El magistrado con dedicación exclusiva para casos de derechos humanos dictó sentencias de 15 y 10 años de presidio contra ex militares involucrados en la desaparición de personas en la X Región, entre los cuales se cuenta un menor de edad, absolviendo a otros tres uniformados implicados. Esta sentencia puede ser apelada por las partes involucradas.


El ministro de fuero Alejandro Solís condenó a dos ex miembros del Ejército por el secuestro calificado de 16 trabajadores de la localidad de Chihuío y un menor de edad, que fueron detenidos por personal de la institución el 9 de octubre de 1973, los cuales fueron acusados por su patrón de ser opositores al régimen militar.



Se trata del capitán (r) del Regimiento Cazadores Luis Osorio Gardasanich, condenado a 15 años de presidio como autor de los delitos de secuestro calificado cometidos en contra de 16 personas, y a otros tres años de reclusión por el delito de sustracción de menores perpetrado en la persona de Fernando Adrián Mora Gutiérrez.



En tanto, el otro uniformado es el sargento (r) Luis Eduardo Chavarría, quien fue sancionado como autor de los delitos de secuestro calificado perpetrados en contra de cuatro personas a sufrir la pena de diez años de presidio.



Junto a ello, el magistrado optó por absolver a los ex uniformados Bruno Esteban Obando Cárdenas, inculpado en calidad de cómplice en el delito de secuestro, al ex comandante de la IV División del Ejército, Héctor Bravo Muñoz, y al ex comandante del Regimiento Maturana, Jerónimo Luzberto Pantoja Henríquez.



Los hechos acreditados



Según pudo establecer el ministro Solís, durante el golpe militar en el caserío Chabranco estaba la sede del Sindicato "Esperanza del Obrero", al que pertenecían los trabajadores del Complejo del mismo nombre. Desde esa localidad, internándose unos 16 kms. en medio de bosques en dirección hacia la cordillera se encuentra Chihuío, lugar en el que en esa época sólo existía la casa patronal del fundo, perteneciente a la familia González Torres.



En todo este sector, el 7 de octubre de ese año funcionarios de Carabineros inician nuevas detenciones de campesinos de la zona. En esta oportunidad son aprehendidos 17 trabajadores de las localidades de Chihuío, Futrono, Llifén y Curriñe. Todos ellos tras ser sometidos a un consejo de guerra fueron asesinados en la primera localidad, lugar donde después se les inhumó ilegalmente.



En este caso, también declaró el senador DC Gabriel Valdés Subercaseaux, quien recordó que, en 1990, se descubrió un cementerio que había sido vaciado tiempo atrás, dejando restos humanos, ropas y huesos.



"La versión que le han dado los familiares es la siguiente: En Chihuío existía actividad maderera, a cargo de un señor González; antes del golpe militar sus trabajadores habían formado un sindicato y después del golpe González mandó a un hijo a Valdivia acusando a los miembros del sindicato de ser "agitadores"; desde Valdivia partió un destacamento del Regimiento de Caballería que fue tomando presos a los campesinos que estaban en sus casas", recordó.



"(Los campesinos) fueron subidos a camiones y llevados a un determinado lugar (…) se dice que fueron asesinados con corvos por los soldados. Añade que un senador designado (Sinclair) fue comandante del Regimiento Cazadores de Valdivia y le preguntó por el cementerio de Chihuio y aquel le contó que estando de comandante de la Cuarta División del Ejercito recibió una instrucción telefónica de Santiago para enviar camiones a Lanco para una "operación reservada" y que no supo en que consistió", consigna la declaración del parlamentario.



Una cruel ejecución



En tanto, un testigo de oídas señaló ante el magistrado que "los prisioneros fueron amarrados con alambres. Al día siguiente unos 10 militares los fusilaron. También mi hermano me contó que en 1978 llegaron 2 civiles preguntando donde estaban los cadáveres y tuvo que indicarles el lugar".



Orlando Héctor Gárnica Hurtado, el único de los prisioneros que salvó con vida dijo que "esa noche lo mantuvieron en la terraza, detenido, y al día siguiente lo dejaron libre pero le prohibieron volver a su trabajo en Chabranco. Días después pasó por Chihuio y a unos 600 metros de las Termas, debajo de unas piedras y palos, encontró un grupo de muertos, desnudos, acostados, boca abajo y boca arriba, comprobó que eran 18 cadáveres que correspondían, exactamente, a las personas detenidas que había visto desde la terraza de la casa patronal".



"Le impresionó dos grandes charcos de sangre al lado sur de los cadáveres y de las ropas; se apreciaba que las personas no habían sido muertas a bala sino que degolladas y cortadas con cuchillos", añadió el testigo.



Las víctimas



Según se estableció en esta investigación judicial, las víctimas de esta operación militar fueron: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto,
José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez, quien era menor de edad al momento del crimen.




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