El Pleno del máximo tribunal, tras analizar el informe elaborado por el fiscal judicial Mario Carroza, desestimó la posible existencia de una »red de protección» a favor de algunos empresarios de la zona. Sin embargo, pidió los antecedentes para revisar procesos con hasta 10 años de duración en los que aún no se dictan condenas.
Gran parte del último Pleno de la Corte Suprema fue destinado a analizar el informe sobre las indagaciones que realizó el fiscal judicial Mario Carroza en la ciudad de Concepción, a raíz de una denuncia interpuesta ante la Comisión de Ética del Poder Judicial sobre una serie de presuntas irregularidades que habrían ocurrido en distintos tribunales de esa jurisdicción.
Aunque durante la jornada de ayer, viernes, sólo asistieron 14 de los 20 integrantes de la alta magistratura, el ampliado de ministros comenzó a revisar cada una de las imputaciones referidas a distintos casos judiciales en los cuales los querellantes se han sentido perjudicados por parte de jueces la capital de la Octava Región.
De manera resumida, la serie de denuncias se pueden agrupar en cuatro hechos: eventual negligencia en la tramitación de querellas por la venta del Mercado Central de esa ciudad; decisiones cuestionadas en el marco de acciones judiciales interpuestas contra el empresario Juan Carlos Quiroga; eventuales irregularidades en la condena contra Patricio Sáez, quien luego fue absuelto por la Suprema; y el nombramiento del Notario y Conservador de Bienes Raíces de la localidad de Santa Bárbara.
En su mayoría, éstos han sido denunciados también por el diputado socialista por la zona, Alejandro Navarro, quien los ha atribuido a la existencia de una eventual «red de protección» conformada por funcionarios judiciales para favorecer a empresarios de la zona, lo que fue desestimado por la Suprema.
Revisión de expedientes
Frente a la investigación del fiscal Carroza, el máximo tribunal ordenó traer a la vista los expedientes concernientes a las querellas que existen por la venta del Mercado Central, los que están siendo sustanciados por el tribunal de la jueza Flora Sepúlveda, quien también tuvo a su cargo el caso por la desaparición del universitario Jorge Matute.
Asimismo, ordenó tener a la vista las 97 acciones judiciales de carácter criminal interpuestas por distintas personas contra el empresario penquista Juan Carlos Quiroga, con el fin de esclarecer las presuntas irregularidades que se denuncian en la tramitación de dichos procesos.
Entre estas querellas figuran dos por el delito de asociación ilícita, en la medida que los posibles perjudicados atribuyen las operaciones de Quiroga como una eventual "Eurolatina" de Concepción. Estas causas fueron instruidas por el ministro Jaime Solís, quien luego que venciera el plazo de su nombramiento en visita, no procesó a ninguna persona y las traspasó al único antiguo tribunal del Crimen que aún funciona en la capital de la Octava Región.
Según trascendió, la principal preocupación de los supremos es el excesivo tiempo que llevan estos procesos judiciales sin sentencia de primera instancia, por lo cual es probable que opten por designar ministros en visita para instruirlos.
Archivo de antecedentes
Respecto a la denuncia interpuesta por Patricio Sáez Ramírez, quien fue condenado por la entonces juez (s) del Primer Juzgado del Crimen de Concepción y actual titular del 26° Juzgado del Crimen de Santiago, Gilda Miranda, por el delito de tráfico de drogas, el máximo tribunal optó por archivar los antecedentes en razón de que esta materia es "cosa juzgada", por lo cual no procede acoger un reclamo que, además, sería extemporáneo.
Sáez Ramírez fue absuelto de los cargos que se le impusieron en primera instancia por la Segunda Sala de la Corte Suprema, tras lo cual presentó una demanda civil en contra del Banco Santander, entidad que al enterarse de su condena procedió a retenerle los fondos de su cuenta corriente.
El sujeto acusa que tras una reunión sostenida entre los abogados de la institución financiera, Fernando Saenger y Waldo Ortega, con la jueza subrogante, ésta habría dictado una condena de cinco años y un día en su contra por el mencionado ilícito.
La sentencia de la demanda civil que interpuso contra el Santander fue favorable para él en primera instancia, ordenándose que se le pagaran 400 millones de pesos como indemnización de los daños morales que habría sufrido. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de esa ciudad, como la Primera Sala de la Corte Suprema rebajaron dicho monto a 40 millones.
Posible archivo
En cuanto a la denuncia que afecta al actual presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Diego Simpértigue, respecto a haber suspendido sus vacaciones con el objeto de integrar un pleno en que se eligió al notario y Conservador de Bienes de la localidad de Santa Bárbara, el máximo tribunal desechó dicha imputación, por lo cual, lo más probable es que opte por archivar dicho reclamo.
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