El presidente del máximo tribunal, encargado de tramitar esta acción judicial -dirigida contra dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago- como tribunal unipersonal, resolvió exigir tres millones de pesos a cada uno de los firmantes del libelo que acusa de prevaricación a los jueces Alejandro Madrid y Juan González.
Tras admitir a tramitación la querella de capítulos presentada por el general (R) Eduardo Iturriaga Newman, condenado a 15 años por el secuestro calificado del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín Vergara, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, resolvió exigir una fianza de calumnia de tres millones de pesos para cada uno de los que figuran como querellantes solidarios del ex uniformado.
El ex miembro de la DINA, que enfrenta varios procesos por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, interpuso una acción judicial contra los otrora integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificaron las condenas dictadas en este caso por el ministro de fuero Alejandro Solís. Se trata de los integrantes del mismo tribunal de alzada Alejandro Madrid y Juan González.
Pese a que esta presentación tenía muy pocas perspectivas de ser acogida a trámite por los tribunales, debido a que la aplicación de tratados internacionales en casos de delitos de lesa humanidad ha sido confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema -por lo cual es difícil que esta conducta pueda significar el delito de prevaricación que se le imputa a los jueces mencionados-, Libedinsky aceptó la competencia de actuar como tribunal unipersonal, pero redujo las posibilidades de tramitarla como una querella masiva.
Solidaridad
El abogado patrocinante de Iturriaga Newman, Fidel Reyes, explicó a El Mostrador.cl que a raíz de la decisión del presidente del alto tribunal, los 119.999 oficiales y suboficiales, activos y en retiro, que habían firmado como querellantes solidarios de su cliente, tendrían que pagar 3 millones de pesos cada uno, a fin de "responder a las resultas del juicio e indemnizaciones correspondientes".
Al respecto, explicó que sólo el mencionado general (r) está afectado por las posibles faltas o abusos cometidos por los ministros querellados, por lo cual es el único exento de pagar dicho monto.
"Voy a interponer un recurso de reposición para que el juez reevalúe su decisión y, al último, decida rebajar el monto a uno más razonable. Me parece discriminatorio e injusto que oficiales y suboficiales que representó en esta querella no puedan ser solidarios con el general Iturriaga", sostuvo.
Prevaricación
Tras presentarse esta querella por el Cuerpo de Generales en Retiro y la Fundación Chile Mi Patria, a principios de septiembre, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar, la remitió al máximo tribunal para que se pronunciara sobre su admisibilidad y sobre quién debía tramitarla.
De esta forma, el presidente de la Suprema resolvió que él era competente para conocer la de misma, ya que los imputados son ministros del tribunal de alzada de la capital, por lo cual debe ser su superior jerárquico la instancia que conozca de la misma.
Los militares jubilados acusan a los ministros Madrid y González del delito de prevaricación, el cual habría sido cometido al confirmar -en su calidad de miembros de la Tercera Sala de la instancia- las condenas por secuestro permanente del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín Vergara, contra el general (R) Manuel Contreras, los brigadieres (R) Raúl Iturriaga Neuman, Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich.
Fidel Reyes argumentó que los mencionados jueces vulneraron la ley al aplicar tratados internacionales sobre derechos humanos por sobre la ley de Amnistía, dictada por Augusto Pinochet en 1978.
Explicó que luego del golpe en Chile no existía un estado de guerra propiamente tal que avale la aplicación del Convenio de Ginebra sobre crímenes de guerra.
Sólo ello, justificaría la confirmación de las penas de 15 años de presidio 15 para Contreras y 12 años y un día para los restantes miembros de la cúpula de la disuelta DINA.
Reyes sostuvo que los decretos emanados de la Junta Militar tras el quiebre institucional -que establecieron que el país estaba en un estado de guerra y declararon estado de sitio- solo fueron herramientas administrativas para poder aumentar las penas de sus opositores.
jcuevas@elmostrador.cl
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