Tras estudiar los expedientes del antiguo y nuevo proceso judicial que han intentado esclarecer el oscuro asesinato de este niño de seis años en junio de 1979, fuentes cercanas a la magistrada explicaron que en la investigación que se sustancia -hasta ahora- no hay nada descartado. La ministra solicitó archivos de prensa, fijó nuevos interrogatorios y careos.
Tras un análisis de los expedientes en que han quedado registradas las investigaciones policiales y judiciales sobre el asesinato del menor Rodrigo Anfruns Papi, a fines de la semana pasada la ministra en visita a cargo del proceso, Dobra Lusic, decretó una veintena de diligencias tendientes a acotar las hipótesis mediante las cuales se ha abordado el caso.
La investigación de la jueza ha debido soslayar la gran falencia de no contar con el expediente completo que se tramitó en la época, ya que éste desapareció desde las dependencias del 6° Juzgado del Crimen de la capital. Si bien se logró reconstruir en parte, quedaron muchos cabos sueltos que ahora impiden rearmar la historia judicial de este proceso.
En esa línea, una de las medidas apuntan a determinar la veracidad del testimonio del ex carabinero Jorge Rodríguez Márquez, quien participó en las labores de búsqueda mientras el menor estuvo desaparecido y cuyo testimonio, a mediados del año pasado, permitió la reapertura del proceso. El ex uniformado ha sostenido que vio cómo dos funcionarios de la Policía Investigaciones depositaron el cuerpo del niño la madrugada del 14 de junio de 1979, cuando fue encontrado el menor tras once días de búsqueda.
Anfruns Papi desapareció el 3 de junio de 1979 en las cercanías de la casa de su abuela paterna, ubicada en calle Juan Agustín Barriga, Providencia. Sólo fue encontrado la mañana del 14 de junio en un sitio eriazo ubicado en las cercanías del domicilio. La versión oficial de la época, los restos de la víctima fueron hallados tras la confesión del único autor material del homicidio, un joven de 16 años, identificado como P.P.V., a quien se le vio jugando con Rodrigo, por lo menos, desde dos días antes de su desaparición.
Según el psicólogo Hernán Tuane, el adolescente habría matado al niño para satisfacer sus instintos homosexuales por medio de la violencia, debido a que era incapaz de controlar sus impulsos por padecer de una esquizofrenia desorganizada (hebefrénica). P.P.V. reconoció su autoría ante el especialista y describió detalles el lugar de los hechos y cómo había dejado el cadáver tras sofocarlo con ambas manos para evitar que gritara. Por ello, fue condenado como único responsable por el entonces ministro en visita y actual integrante de la Corte Suprema, Ricardo Gálvez, aunque posteriormente sería declarado sin discernimiento.
Según cercanos a la jueza Lusic, el testimonio de Rodríguez Márquez aún no ha podido ser verificado para adquirir total credibilidad, además de pesar en su contra las razones por las cuales fue alejado de Carabineros, es decir, supuestos problemas psicológicos que no permitían que siguiera en funciones.
Por otra parte, los otros testigos que también dicen haber visto un automóvil de la policía civil a esa misma hora tampoco tienen la seguridad que no se tratara del vehículo donde fue trasladado P.P.V. para reconocer el lugar del crimen.
Por ello, una de las principales diligencias decretadas por la jueza se refieren a tomarle nuevas declaraciones al ex carabinero, quien -hasta ahora- es el único miembro de la policía uniformada que asegura que los hechos ocurrieron de ese modo. Uno de sus compañeros de labores de esa noche lo ha negado tajantemente, mientras que el segundo está fallecido.
También le volverá a tomar declaración a P.P.V. y es posible que decrete un careo entre él y Rodríguez Márquez.
La magistrada también acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que solicitó acceso al sumario para determinar si se hace parte del proceso o no.
Rol de Investigaciones y Carabineros
Otra de las inquietudes que ronda este caso es el rol que jugó la Policía de Investigaciones ante la posibilidad de que el niño hubiese permanecido secuestrado y después asesinado por parte de miembros de la ex Central Nacional de Informaciones (CNI).
Cabe recordar que fue la policía civil la que llevó las indagaciones sobre el crimen y que fueron sus funcionarios los que detuvieron a P.P.V. y lo llevaron a confesar.
La ministra dudaría respecto a que la policía participara en el encubrimiento de este crimen y Carabineros haya dado la anuencia para una eventual operación de amedrentamiento contra el tío político del menor, el ahora general retirado Luis Iracabal Lobo, que trabajó en la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la generación de fondos para este organismo.
Según el testimonio de Rodríguez Márquez, él procedió a detener a los sujetos que se identificaron como de Investigaciones, trasladándolos hasta el cuartel más cercano de Carabineros, con el cuerpo del niño en el portamaletas, pero que fue obligado a abortar el procedimiento por una orden de un superior jerárquico.
Sin embargo, la magistrada sería escéptica respecto a que ésta pudiese tratarse de una operación conjunta entre miembros de la CNI, Investigaciones y Carabineros, ya que esa combinación nunca ha sido establecida en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
Por otra parte, para Lusic habría una suerte de empate en el número de peritajes de autopsias que se han realizado acerca de la muerte de Rodrigo, ya que la mitad de ellas sostiene que falleció el mismo día de su desaparición, mientras que las restantes apuntan a una muerte posterior, entre 3 a 4 días antes que su cuerpo fuese encontrado.
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