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Caso Armas a Croacia:

Juez Solís dicta arraigo contra ex militares involucrados en tráfico

por 18 mayo, 2006

La prohibición de salir del país afecta a cinco uniformados a los que el Consejo de Defensa del Estado había pedido procesar en calidad de coautores del delito de exportación ilegal de material bélico, entre ellos, tres generales retirados, dos del Ejército y uno de la FACH. La decisión del ministro Alejandro Solís también es extensiva a dos empleados civiles de la primera institución armada.
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Una masiva orden de arraigo contra los ex uniformados que han sido involucrados en la venta ilegal de armas a Croacia, registrada en 1999, dictó la noche del miércoles el ministro en visita a cargo de la investigación, Alejandro Solís.



Según fuentes judiciales, el dictamen afectó a todos los ex militares a los que hace dos semanas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había pedido procesar en calidad de coautores del delito de exportación ilegal de material bélico.



Ellos son los generales de Ejército Guillermo Letelier Skinner y Carlos Krumm Rojas, de la FACH Vicente Rodríguez Bustos, el mayor Carlos Sepúlveda Cataldo y el coronel David Fuenzalida González, todos retirados, y el empleado civil de Famae José Sobarzo Poblete.



Sin embargo, el magistrado también hizo extensiva la medida contra Carmen Molina, ex secretaria de Krumm en la Dirección de Logística del Ejército.



La orden de arraigo permite aventurar que el ministro Solís está próximo a adoptar importantes resoluciones en el marco de esta investigación, entre las cuales podrían estar los procesamientos de algunos de los involucrados.



El pedido del CDE presentado el pasado 10 de mayo fue la primera ofensiva del organismo fiscal desde que la Corte Marcial acogiera, en octubre de 2005, su solicitud de anular las sentencias de primera instancia dictadas por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.



Dicha magistratura sólo había condenado como responsables del tráfico de armamento a los capitanes Patricio Pérez Villagrán, de la FACH, y Patricio Araya Hermosilla, del Ejército, además del empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana.



La transacción



En su solicitud, el organismo fiscal había hecho un relato cronológico sobre cómo se gestó la venta ilegal de material bélico por parte de Famae, pese a la prohibición existente de la ONU debido al conflicto bélico que afectaba a la ex Yugoslavia.



Según el CDE, en abril de 1991, Pérez Villagrán concurrió al centro de negocios de Famae manifestando su interés en adquirir, a nombre de un tercero, armamento para Nigeria y Sri Lanka, siendo este antecedente el que daría cuenta que las negociaciones comenzaron en dicha época.



El militar llegó junto a los extranjeros Sydney Edwards e Ives Marziale, quienes dijeron actuar en representación de Günther Leinhauser, dueño de Ivi Finance Management Cosmosa, empresa que habría estado acreditada para vender armas a las dos naciones mencionadas.



La negociación con Marziale incluía un primer embarque a Sri Lanka y sucesivos envíos por un monto de 6 millones de dólares. De acuerdo al pedido del CDE, los compradores presentaron documentos del Ministerio de Defensa de Sri Lanka, que resultaron ser falsos.



En tanto, en noviembre de 1991, Letelier Skinner, entonces director de Famae, solicitó a la Dirección Nacional de Movilización Nacional autorización para exportar material bélico a Sri Lanka. Además, consiguió que el entonces subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, diera el visto bueno al negocio al día siguiente, pese a que la cartera no chequeó la veracidad de la documentación.



También hace mención al encuentro encabezado por el general (R) Augusto Pinochet en el Club Militar de Lo Curro, en el que ordenó poner a disposición de Famae el armamento solicitado.

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