En un documento elaborado por la Asociación de jueces de la Región Metropolitana se plantea que la ley que regirá a estas nuevas magistraturas tendría falencias que podrían poner en riesgo toda la operatividad del sistema. La entidad teme, incluso, que se registre un colapso mayor al que sufrieron en sus primeros meses los tribunales de familia.
En un documento elaborado por la mayoría de sus integrantes, la Asociación Metropolitana de Jueces de Tribunales de Trabajo advirtió sobre posibles deficiencias en la ley que dará inicio a la reforma en el procedimiento que utilizarán los juzgados laborales, que pondrá en práctica el principio de oralidad e inmediatez.
Este nuevo sistema para tramitar este tipo de causas entrará en vigencia el 1 de marzo de 2007, aumentando de 20 a 40 el número de jueces que funcionarán a nivel nacional para enfrentar el gran número de problemas laborales que desembocan en la justicia.
Sin embargo, en opinión de los magistrados del área, este número «es absolutamente insuficiente». De hecho, una fuente consultada al respecto opinó que, tal como está concebida esta normativa «fracasará, porque el tema va a estar nuevamente colapsado de una forma peor que en los tribunales de Familia».
Otro punto sobre el que manifestaron reparos fue con el mecanismo para cerrar los actuales juzgados laborales. La ley estipula un plazo único y definitivo para terminarlos a seis meses de vigencia del nuevo sistema, precisando que las causas que aún permanezcan abiertas deberán ser traspasadas a las nuevas magistraturas.
En ese sentido, los jueces proyectaron que ante el ingreso de nuevas demandas laborales hasta el 28 de febrero del próximo año, sumado al retraso que hay en cada uno de ellos, que supone un desfase de tres o cuatro meses para decretar la primera audiencia de conciliación, existirán cerca de 2 mil 700 procesos aún abiertos al momento de hacer el traspaso, con lo que el nuevo sistema colapsaría rápidamente.
Ante las consultas de este medio al Ministerio de Justicia, se informó extraoficialmente que los encargados del tema se encuentran analizando estos antecedentes.
Otra instancia que se encuentra a la expectativa frente a las críticas de los jueces es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que también teme que este nuevo sistema no sea una real solución a los requerimientos de la sociedad chilena.
Más jueces
El informe, al cual tuvo acceso El Mostrador.cl, expone que en los últimos 10 años la fuerza de trabajo, medida en miles de personas, aumentó en más del 50%. «En el trimestre marzo-mayo de 2006 la estimación alcanzó a 6.602,12, registrando un aumento de 4%, con respecto a igual trimestre del año anterior (256.120 personas), y un aumento de 0,5% con respecto al trimestre anterior (30.740 personas)».
En ese sentido, explica que en 1981 se suprimieron la totalidad de los juzgados del Trabajo, mientras que en 1986 se repusieron parcialmente, quedando 20 magistraturas, muchas de jurisdicción común y sin la existencia de una instancia de alzada especializada. Aunque en algunas Cortes del país existan salas que sólo se aboquen a esta materia, ello no supone "algún grado de especialización», consigna el documento.
Por ello, se afirma que el número de jueces previstos en la nueva ley -40 en total- es insuficiente, porque no se condice con la realidad demográfica, ni con la fuerza del trabajo del país y su proyección. Además, advierte que se desconocen factores institucionales, como vacaciones, permisos administrativos, cursos de perfeccionamiento, etc.
También se precisa que cada juez debería realizar en promedio cuatro audiencias diariamente, y que en ese tiempo el magistrado no puede dedicarse a resolver o fallar ninguna causa, por lo que también deberían tener un tiempo dedicado exclusivamente a la redacción de las sentencias.
Por otra parte, se advierte que la demanda aumentará por las mayores expectativas de los usuarios sobre el sistema, la incorporación de nuevas competencias, como las demandas entabladas por el sector pasivo, así también el hecho que muchos asuntos se judicializarán directamente, ya que no existirá el «filtro» de la Dirección del Trabajo.
Otro aspecto que se menciona es la existencia de temas judiciales más complejos a raíz del desarrollo económico, como la subcontratación, el holding, la litis consorcio activa y pasiva, o las figuras de elusión de las obligaciones laborales y provisionales.
Perfeccionamiento
Otra de las posibles falencias detectadas es el mecanismo para cerrar los antiguos tribunales, ante lo cual se inclinan por un término gradual, adoptando una forma similar a los antiguos tribunales del crimen: fusionando los números pares con los impares a los seis meses de iniciada la reforma, o dejando una sola instancia que acumule y resuelva todos los casos.
En temas más especializados, como la procedencia de los recursos de apelación, los jueces proponen restringirlos al máximo, con el objeto de respetar el principio de oralidad e inmediatez del nuevo sistema.
El informe señala que otro aspecto que podría afectar a estos nuevos tribunales es la necesidad de capacitar debidamente a su personal, aludiendo a las experiencias en las reformas al sistema procesal penal y de familia.
En ese marco, se consigna que uno de los elementos vitales para que la primera fuera exitosa y la segunda colapsara rápidamente, fue la entrega de perfeccionamiento a los distintos actores.
