Aunque en lo referido a la modernización de las empresas públicas dicen estar disponibles para legislar sobre el proyecto que reponga el gobierno, en materias como el fideicomiso ciego o el uso de información privilegiada existen mayores reticencias. Más aún, consideran que la discusión sobre este tipo de regulaciones ha sido sesgado, producto del caso Piñera.
En la Alianza se han mostrado dispuestos a hacer más trasparente esta relación entre la política y el dinero, aunque aún no existe claridad respecto a si aprobarán todos los proyectos que apuntan a ese objetivo. Si bien están disponibles para dar un impulso a iniciativas como la de gobiernos corporativos, que buscan transparentar el funcionamiento de las empresas públicas, cuando se habla del mundo privado comienzan los «peros».
«Estamos trabajando en los distintas leyes que están en la mesa, pero hay que ir viendo proyecto por proyecto. Es importante que tengamos ese espacio para realizar nuestras correcciones», enfatiza el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, al ser consultado sobre cómo abordará esta disyuntiva el bloque.
Fue la gran polémica con la que partió esta semana, luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) decidiera formular cargos contra el empresario Sebastián Piñera (RN), por la compra de acciones de LAN, y una arremetida desde la Concertación contra la figura del otrora abanderado presidencial del sector.
Si bien parlamentarios oficialistas intentaron «llevar al pizarrón» a la Alianza, al anunciar que presentarían indicaciones al proyecto sobre Mercado de Capitales 2 (MK-II) para regular el uso de información privilegiada, finalmente desistieron de la idea tras una reunión con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el tema quedó postergado para marzo, oportunidad en que el Ejecutivo también repondrá el proyecto sobre gobiernos corporativos.
Acento en gobiernos corporativos
El mencionado proyecto establece una serie de reformas para mejorar la gobernabilidad de los directorios de empresas públicas y privadas, y originalmente contenía normas que forman parte del MK-II, las que fueron separadas tras el fracaso que sufriera en el Senado la iniciativa el año pasado, cuestión de la que en la Alianza culpan a la Concertación.
«Tenemos que estudiarlo, por ahora lo único que tenemos es un anuncio de que se va a enviar al Congreso un proyecto sobre gobiernos corporativos. Hay que legislar con especial acento en gobiernos corporativos de empresas públicas. Así que si llega un proyecto con ese acento, en que por ejemplo se pone término a que los ministros de Estado integren los directorios de empresas públicas, por supuesto que lo vamos a respaldar porque eso fue lo que hicimos en la iniciativa que fracasó en marzo pasado», afirma el senador José García Ruminot (RN), integrante de la comisión de Hacienda.
En opinión del legislador, sin perjuicio de mejorar las normas en materia de directorios de firmas privadas, como lo establece la MK-II, le parece igual de importante que se legisle sobre la administración de las empresas públicas. Actualmente «son verdaderas cajas negras y no sabemos si sus gastos de administración son razonables o no, o si sus utilidades corresponden al nivel de operaciones que tienen», asegura el parlamentario.
Asimismo, destaca que la actual legislación ya contempla algunas restricciones o inhabilidades para que las autoridades no utilicen los cargos en beneficio propio o de carácter político partidista, como la declaración de patrimonio o que no puedan integrar directorios de sociedades anónimas.
El botín de la Concertación
Antes que definir claros lineamientos sobre la forma en que la oposición legislará para evitar este conflicto de intereses entre la acción pública y la privada, en la Alianza se reprocha la falta de voluntad que hay desde la propia Concertación para tramitar la ley de gobiernos corporativos que han impulsado desde el Ejecutivo. De hecho, desde la derecha se recuerda que este proyecto impulsado por el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre fue rechazado en el Congreso por falta de apoyo de la Concertación.
Según Larraín, «el tema de los gobiernos corporativos fue propuesto por nosotros, y quien evitó que se sacar adelante fue la Concertación. Son ellos los que han querido evitar este tema, que para nosotros es crucial». En tanto García alega que «avanzamos mucho porque trabajamos un año en gobiernos corporativos con el ex ministro Eyzaguirre. Desgraciadamente, cuando el proyecto llegó a la Sala la Concertación no dio los votos para que se aprobara».
Sobre este veto del oficialismo, García explica que la votación se produjo en marzo, cuando la Concertación ya había ganado las elecciones en marzo, «y obviamente renunciar a la actual conformación de directorio en las empresas públicas es desistir a un botín que es tremendamente preciado. Una vez que tenían asegurado el poder, para la Concertación era mejor participar de la repartición del botín que darle a las empresas públicas nuevos gobiernos corporativos».
¿Fideicomiso ciego?
Otro tema en discusión para evitar conflictos de intereses es el de fideicomiso ciego, mecanismo que permite a quien acceda a un cargo público conceder la administración de sus bienes a un tercero, y que incluso fue propuesta en el marco de la última elección presidencial.
El timonel gremialista se muestra favorable a legislar al respecto, «para que aquellas personas que tengan una situación económica holgada y una activa participación en el mundo de los negocios, tengan también una manera de seguir en la vida pública».
Sin embargo, García es menos certero, y señala que «también lo habrá que analizarla en su mérito. Fideicomiso ciego es una figura poco conocida en nuestra cultura, y por lo tanto tenemos que ver si es aplicable en Chile. Como el debate técnico no está hecho, no quisiera aventurar una opinión ni a favor ni en contra», dice García.
Si bien esgrime que «lo que si tenemos claro es que quienes ocupen cargos públicos tienen que quedar sometidos al mayor escrutinio público, de manera de que si alguien mete las manos pueda ser sancionado, y la opinión pública tenga la certeza de quienes actúan honestamente, y merecen estar no obstante el conflicto de interés que pueda tener».
Respecto al uso de información privilegiada, hay más reticencias. Esta semana planteó incorporar una indicación en ese sentido en el proyecto MKII, y la oposición se alineó en contra de la iniciativa promovida por legisladores de la Concertación
«Nos pareció razonable que, dado el interés de avanzar en el proyecto de Mercado de Capitales tal cual estaba, no había espacio para nuevas legislaciones, porque eso podía retardar de mercado de capitales», explicó Larraín.
Aunque asegura que «queremos avanzar en esta materia, que el tema de la información privilegiada y sus usos sea debidamente analizado en todos sus planos para evitar abusos», separa el tema de la situación de Piñera, y asegura que «no queremos que se entienda que lo estamos haciendo a partir de un caso particular, lo que sería equívoco».
Asimismo, el senador RN insiste en que «podemos revisar y perfeccionar las distintas leyes», pero acota que «lo que me molesta es la hipocresía.» Asegura que este interés del oficialismo en regular la relación entre la política y los negocios, apunta a desprestigiar a Piñera.
La postura general de la tienda de Antonio Varas ha sido que la discusión sobre el uso de información privilegiada tiene que ver con un objetivo que es debilitar a Piñera, al recordar que en sus ocho años como senador «ninguna de estas discusiones estaban presentes».
«Bastó que él fuera candidato presidencial y disputara la primera magistratura con la candidata de la Concertación para que este tema de la política y el dinero se quiera transformar en una polémica», enfatizan.
Además, García afirma que dentro de la Concertación «también hay gente que tiene mucho dinero, que se dedica al lobby y de eso no se dice nada, entonces creo que está muy sesgada la discusión».
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