Diputado RN Roberto Sepúlveda, alcalde de la comuna al momento del accidente pirotécnico de 2001, que dejó dos muertos y 67 heridos, pidió al organismo una investigación sobre el pago de indemnizaciones. Actual administración asegura que está haciendo lo posible para recuperar los dineros y dijo que el parlamentario, más que buscar »claridad», debería pedir »perdón» por el episodio.
Una suma cercana a los $ 500 millones en indemnizaciones ha cancelado hasta el momento la municipalidad de Maipú a los afectados por la fatídica celebración con fuegos artificiales del Año Nuevo de 2001, y que dejó un saldo de dos muertos y 67 heridos.
Según un informe de la Contraloría General de la República, la cifra ha generado un fuerte daño a las arcas municipales, considerando que hasta el momento ninguna de las demandas interpuestas contra la organizadora del evento, la empresa Pirotecnia Chilena Ltda., ha sido resuelta por los tribunales.
La investigación sobre el tema fue realizada a petición del diputado Roberto Sepúlveda (RN), quien oficiaba de alcalde a la fecha de la tragedia.
En total, la municipalidad de Maipú -hoy en manos del DC Alberto Undurraga- fue notificada de cinco demandas civiles presentada por víctimas del accidente pirotécnico.
Las causas caratuladas «Suazo con Municipalidad» y «Rojas con Municipalidad» dieron origen al pago de indemnizaciones ascendentes $91.770.992 y $155.243.550, respectivamente.
En tanto, el organismo contralor consigna que en los procesos «Garrido con Municipalidad» y «Alfaro con Municipalidad» la alcaldía, llegó a transacciones extrajudiciales comprometiéndose a pagar $ 222.500.000, y $ 32.000.000, en cada caso.
La única causa pendiente es la caratulada «Silva con Municipalidad», en la que el Sexto Juzgado Civil de Santiago sentenció inicialmente a la Corporación a pagar la suma de $ 200.000.000, aunque el proceso se encuentra ahora en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Acciones contra el Ejército
Sobre la recuperación de los dineros pagados, el director Jurídico de Maipú, Felipe Urrutia, en conversación con El Mostrador.cl, se manifestó confiado en que finalmente los fondos serán restituidos.
Esto, considerando a que ya han demandando a la empresa por cada caso en que han debido indemnizar a los afectados, y de hecho ya obtuvieron una sentencia de primera instancia favorable, en la causa de "Suazo".
Consultado por la factibilidad de interponer nuevas acciones judiciales, señaló que se están estudiando alternativas, a partir de los contenidos que se están entregando en las sentencias respectivas de cada caso.
En ese sentido, éstas se podrían ampliar, por ejemplo, al Ejército de Chile, del que depende la Guarnición Militar de Santiago, entidad que, de acuerdo a los fallos de los tribunales, tendría una cuota de responsabilidad por la falta de fiscalización previa.
Sin embargo, Urrutia precisó que todo dependerá de los nuevos antecedentes que surjan en el juicio que se lleva contra Pirotecnia en el Trigésimo Quinto Juzgado del Crimen de Santiago.
De igual forma, sostuvo que no descartan perseguir la responsabilidad de los funcionarios que estaban a cargo del municipio en 2001, encabezados por el actual diputado Sepúlveda, mediante un recurso de revisión ante la Contraloría, entidad que anteriormente determinó que no hubo responsabilidades administrativas.
Urrutia plantea que uno de los aspectos que ha dificultado este paso es la desaparición del expediente del sumario, el que, según les ha informado el organismo contralor, se quemó en un incendio que afectó a una de las instalaciones de la Contraloría, por lo que único existe hoy es la resolución final.
Requerido por este medio, Sepúlveda señaló que a sus manos todavía no llega el informe, pero que lo pidió para tener absoluta "claridad" de lo que está sucediendo con el caso, ante lo que el abogado de la municipalidad replicó que "más que pedir claridad, el debería pedir perdón, porque jamás se hizo cargo (de las víctimas)".
Irregularidades administrativas
El informe consigna, además, una serie de irregularidades de tipo administrativo en la forma en que se ha llevado el pago de indemnizaciones a los afectados, así como los honorarios para los abogados que en su momento defendieron al municipio, por lo que Contraloría pidió adoptar medidas dispuestas en los reglamentos internos.
Para su defensa, el municipio requirió en 2001 los servicios de dos abogados, contratos que fueron aprobados por decretos N° 1.906 y 2.068 del mismo año, por 850 UF cada uno.
"Del examen practicado a los pagos de estos honorarios, se comprobó que en algunos casos no se adjuntó la documentación que acreditara su desembolso y la retención del impuesto de 10% de segunda categoría", precisa la investigación.
En la revisión de cuentas se comprobó, además, la existencia de pagos realizados sin la autorización previa de la Unidad de Control, ni las firmas del administrador y el secretario municipales, "no dando cumplimiento a la regla de solemnidad de los actos de la Administración", enfatizó la Contraloría.
También se estableció la falta de constancia de quién o quiénes retiraron los cheques de pago y la fecha en que lo hicieron. Finalmente, se determinaron errores de imputación en las cuentas presupuestarias, cargando a «Imprevistos» tanto los gastos por sentencias ejecutoriadas como los pagos de honorarios.
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