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Caso Socogech:

Fiscalía y justicia criminal se declaran incompetentes en arista sobre LAN

por 22 febrero, 2007

El Ministerio Público se declaró incompetente para indagar supuestas irregularidades cometidas en el convenio de Socogech y la empresa, que permitió a la aerolínea obtener más de $ 5 mil millones en devolución de impuestos. Sin embargo, el 18° Juzgado del Crimen adoptó la misma decisión. [actualizada]
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La Fiscalía Centro Norte y el 18° Juzgado del Crimen de Santiago se declararon incompetentes para conocer los antecedentes sobre el eventual delito de cohecho a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que involucra a la aerolínea LAN, al contratar en 2002 la asesoría tributaria de la empresa Socogech.



Tras analizar los antecedentes derivados de la investigación del caso Cohecho-SII, el Ministerio Público determinó que podrían existir posibles ilícitos en el convenio firmado por Socogech con LAN, que permitió a la última recuperar más de $ 5 mil millones en impuestos derivados de la operación renta 2002 y por lo que pagó $ 320 millones a la consultora.



La decisión se adoptó porque los posibles ilícitos se cometieron anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Santiago (junio de 2005).



Los antecedentes sobre la relación entre ambas entidades surgieron desde las primeras imputaciones que se hicieron a Marcos Cañete, dueño de Socogech, e Iván Sánchez, captador de clientes de la empresa, y ya habían llamado la atención de los equipos jurídicos del SII y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para indagar eventuales irregularidades.



Los abogados que asesoran a ambos entes fiscales analizaban seriamente la posibilidad de presentar acciones judiciales por estos hechos, por lo que podrían haber adherido a la presentación que hizo la Fiscalía al 18° Juzgado del Crimen.



Sin embargo, el miércoles la jueza subrogante del mencionado tribunal, Lilian Lizama, también resolvió declararse incompetente, por estimar que los presuntos ilícitos se habrían cometido en una oficina del SII que no se encontraba dentro de su jurisdicción.



De esta manera, los antecedentes volverán a manos de la Fiscalía Centro Norte, que mantiene formalizados por otros hechos a Cañete, Sánchez y el ex funcionario del SII Javier Mancilla



Oficialmente, en la indagatoria que encabeza la fiscal Sonia Rojas la línea aérea no se encuentra investigada, pues fueron los propios abogados de la empresa quienes presentaron la denuncia en noviembre pasado al director del SII, Ricardo Escobar, quien a su vez la remitió al Ministerio Público.



Los representantes de la firma, de la cual Sebastián Piñera es uno de los principales accionistas, habían denunciado ante el organismo fiscalizador que ejecutivos de Socogech les habían ofrecido asesorías para solucionar problemas tributarios, en concomitancia con funcionarios del organismo fiscalizador.



Sin embargo, en el marco de las investigaciones se pudo establecer, a través de documentos obtenidos por la Fiscalía, que en 2002 LAN contrató la asesoría tributaria mencionada y que pagó por las gestiones que hizo la empresa ante el SII.



Convenio



El convenio se hizo luego de que Socogech ofreciera sus servicios a la aerolínea para recuperar impuestos derivados de una serie de malos cálculos en cuanto a las pérdidas de la empresa en el año tributario 2002, y que le significaron una importante merma en su devolución de impuestos.



Las gestiones de la consultora permitieron "recuperar" esos dineros, por lo que se pagó el monto convenido, y no se volvieron a tener contactos hasta que se hizo la denuncia en noviembre pasado.



En aquella época Javier Mancilla Barría trabajaba en la Unidad de Grandes Contribuyentes del SII, por lo que tenía acceso a la información de todas las empresas de la magnitud de LAN, por lo que podría haber proporcionado esos datos a Cañete para que contactara a la aerolínea y luego solucionara el problema.



La investigación de la Fiscalía Centro Norte determinó que Mancilla entregaba listados con contribuyentes que registraban problemas tributarios a Cañete y que éste, a su vez, tomaba contacto con las empresas o entidades, a través de Iván Sánchez, para ofrecer sus servicios.



Una vez contratada la asesoría Cañete, mediante una serie de mecanismos ilegales, como la entrega de domicilios falsos y cambios de residencia, lograba que los problemas fueran resueltos en unidades del SII donde mantenía funcionarios a los que les pagaba por esas gestiones.



Una vez que se obtenían los resultados, Cañete cobraba por la asesoría tributaria y remesaba cierta cantidad de dinero a su captador de clientes y los funcionarios que ayudaban a la organización.



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