Convenio alcanzado entre CDE y familias de las víctimas de la Matanza de Corpus Christi podría sentar un precedente para futuras reparaciones por los abusos registrados durante la dictadura militar. Reparación por los doce frentistas asesinados en 1987 será pagada en dos cuotas de $ 150 millones por cada víctima.
El acuerdo entre las partes se está transformado en la vía para solucionar el tema del pago de indemnizaciones para familiares de víctimas de la represión en la dictadura militar, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de los 12 frentistas acribillados en la Operación Albania arribaran a una exitosa conciliación.
El acuerdo, ratificado ante el abogado integrante Domingo Hernández Emparanza, concederá un pago $ 300 millones a cada una de las familias de las víctimas de la también llamada Matanza de Corpus Christi, los que se dividirán en dos pagos de 150 millones, el primero en el año 2007 y el segundo el 2008.
Pese a que dentro del grupo de demandantes se encuentran padres, madres, hijos, hermanos o cónyuges de los fallecidos, el monto se pagará por cada víctima, es decir, los $ 300 millones deberán ser divididos en cada uno de los integrantes del grupo familiar.
El monto y modo de pago deberá ser aprobado en la sesión plenaria del CDE que se realizará la tarde de este martes, para lo cual se debe conseguir el respaldo de 3/4 de los consejeros, es decir, 9 de 12 integrantes de la repartición.
De todas maneras, se espera que la entidad apruebe el acuerdo, ya que las negociaciones fueron encabezadas por el propio presidente del Consejo, Carlos Mackenney, y la procuradora fiscal de Santiago, María Teresa Muñoz.
Además de Mackenney, componen el CDE los abogados Eduardo Urrejola, Clara Szczaranski, Álvaro Quintanilla, María Eugenia Manaud, René Moreno, Paulina Veloso, María Inés Horvitz, Rodrigo Quintana, Ana María Hubner, Luis Winter y Jaime Varela.
Pero más allá del acuerdo entre los abogados de las víctimas, se asegura que con la vía de la conciliación se abrió la posibilidad de que la Corte Suprema autorice los pagos de indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
El abogado Nelson Caucoto Pereira comentó que con este acuerdo se inicia el camino para lograr la reparación de las víctimas de la represión y que concilia los intereses de resguardar los dineros del Estado y que son parte del presupuesto nacional.
Agregó que esta puede ser una alternativa a la constante negativa del máximo tribunal del país, especialmente de la Sala Constitucional, de cancelar reparaciones a las víctimas.
En las próximas semanas, la Sala Penal deberá analizar una nueva condena penal que establece, además, el pago de una indemnización de $ 75 millones por el caso de Luis Abraham González Plaza y otros $ 200 millones a los familiares de cuatro jóvenes fusilados por la policía el 12 de octubre de 1973 en el Puente Bulnes.
En enero pasado, el CDE aprobó un acuerdo para indemnizar con un pago de 21,80 Unidades de Fomento mensuales de por vida para Patricia Pérez Vargas, hermana de un grupo de detenidos desaparecidos y que también fue victima de la represión militar.
El acuerdo puso fin a un proceso civil impulsado por la madre de la mujer, Otilia Vargas Vargas, quien tiene más de 80 años y que sólo buscaba asegurar el futuro de la única hija que sobrevivió a la represión de la dictadura, que quedó con grave secuelas.
